El presidente Gustavo Petro ha impulsado una ofensiva política mediante decretos que reducen salarios de congresistas, elevan el salario mínimo e implementan una reforma tributaria por emergencia económica, provocando confrontaciones con el Congreso, la Justicia y los gremios empresariales en un clima de polarización electoral y tensión institucional en Colombia.
En las últimas semanas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acelerado la emisión de decretos que, según críticos, buscan impulsar su agenda política y sortear a las instituciones que no han aprobado sus iniciativas por la vía legislativa. Esta oleada normativa ocurre en un momento crucial de la vida política colombiana, con elecciones legislativas y presidenciales a la vista y con un Congreso que ha bloqueado varias propuestas clave del Ejecutivo.
Las decisiones más destacadas —y controvertidas— incluyen la declaración de emergencia económica para aplicar una reforma tributaria sin aval del Legislativo, la fijación de un aumento histórico del salario mínimo y la reducción de los sueldos de congresistas, así como la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente en pleno ciclo electoral.
El origen de esta dinámica se remonta a diversos fracasos legislativos recientes del Gobierno, en particular la derrota de la reforma tributaria en el Congreso, que dejó un déficit fiscal de más de 16 billones de pesos para el presupuesto general de 2026. Ante esta situación, el Ejecutivo optó por declarar una emergencia económica en diciembre de 2025, habilitando decretos para aplicar el aumento de tributos sin discusión parlamentaria.
A partir de este marco, Petro ha buscado fortalecer su relación con las bases populares que lo apoyaron en su elección, posicionando estas medidas como reformas sociales necesarias y como parte de su plataforma política para las próximas elecciones.
Medidas emblemáticas y reacciones
Reforma tributaria por decreto
El decreto de emergencia económica permitió implementar sin control legislativo aumentos de impuestos al consumo (como alcohol y tabaco) y gravámenes a patrimonios altos y a sectores corporativos. Esta normativa busca recaudar al menos 11,1 billones de pesos para cerrar el hueco fiscal, pero ha generado fuerte oposición de gobernadores, alcaldes y gremios empresariales que consideran que vulnera la autonomía fiscal de las regiones y podría afectar servicios públicos esenciales.
Las autoridades locales, agrupadas en la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, han anunciado acciones legales argumentando la inconstitucionalidad de estas medidas fiscales.
Salario mínimo y empleo
Otro decreto fijó un aumento del salario mínimo del 23%, muy superior a las recomendaciones de empresarios (alrededor del 7%) y sindicatos (que pedían cerca del 16%). Petro defendió la medida como un impulso al poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que críticos señalan riesgos de inflación, desempleo e incentivos a la informalidad.
Sueldo de congresistas
En una decisión polémica y simbólica, Petro eliminó la prima de servicios de los legisladores, reduciendo sus salarios en aproximadamente 12 a 16 millones de pesos mensuales, medida que entrará en vigor con el nuevo período legislativo a partir de julio de 2026.
La medida fue celebrada por sectores de opinión pública como una acción de justicia social, aunque algunos congresistas denunciaron que se trata de un “castigo político” en represalia por el rechazo a sus proyectos de ley. El presidente defendió la decisión en redes sociales: “He firmado el decreto por medio del cual eliminamos la prima especial a los congresistas de la República”, resaltó Petro en un mensaje público.
Choque con gremios y la Justicia
La estrategia de Petro no solo ha tensionado al Legislativo, sino que también ha desencadenado reacciones de gremios empresariales, que solicitaron a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre la emergencia económica. Ante esto, el presidente ha cuestionado duramente a esos sectores, insinuando, por ejemplo, que buscarían “salvarlos de pagar impuestos de megarricos” y señalando que algunos grupos empresariales buscan proteger privilegios.
Esta retórica de confrontación se extiende al plano judicial, ya que la Corte Constitucional ahora evaluará la legalidad de los impuestos implementados por decreto, mientras que otros fallos previos frenaron intentos de Petro de introducir reformas complejas, como la sanitaria, mediante decretos en años anteriores.
La táctica de gobernar a punta de decretos genera un debate profundo sobre los límites del poder presidencial y la separación de poderes en Colombia, especialmente en un contexto preelectoral. Para algunos analistas, el uso intensivo de decretos sin consenso puede propiciar polarización política y debilitamiento institucional, mientras que partidarios argumentan que responde a necesidades urgentes de política pública que el Congreso no supo atender.
