El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia dejará de utilizar la metodología de la ONU para monitorear cultivos de coca, argumentando que sus cifras no reflejan la realidad y dañan la imagen del país. La decisión tensiona la cooperación antidrogas con Estados Unidos y redefine la política nacional en drogas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desencadenado una controversia diplomática al anunciar la ruptura de la cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para el monitoreo anual de cultivos de coca en el país, una referencia clave en las evaluaciones internacionales de producción de cocaína.
Durante décadas la UNODC fue el organismo encargado de producir estimaciones sobre hectáreas sembradas y la potencial producción de cocaína en Colombia, cifras que han servido como base para la política antidrogas global y la asignación de recursos de cooperación, especialmente con Estados Unidos.
La disputa se ha intensificado en los últimos meses tras la divulgación de los datos del informe 2023 de la UNODC, que ubicaron a Colombia en un récord histórico de producción potencial de cocaína. Petro cuestiona la fiabilidad de esas cifras y la metodología estadística utilizada por la ONU, la cual se basa en mediciones regionales extrapoladas a nivel nacional.
Según el gobierno colombiano, las cifras de la UNODC no reflejan con precisión la realidad del país. “El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros. Dado el oscuro método estadístico utilizado, el Gobierno no lo volverá a usar”, escribió Petro en su cuenta en la red social X, donde expuso su decisión.
Esta decisión llega en un momento de delicadas relaciones externas. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha mantenido una política firme en materia antidrogas, condicionando parte de la cooperación al cumplimiento de estándares medidos históricamente por la UNODC. Las cifras cuestionadas han alimentado narrativas de crítica desde Washington contra el gobierno colombiano, que han incluido señalamientos duros sobre la gestión de Petro en la lucha contra el narcotráfico.
De hecho, el propio mandatario colombiano ha vinculado las cifras de la ONU con decisiones políticas de Estados Unidos, incluyendo procesos de descertificación y sanciones en materia antidrogas. La disputa metodológica trasciende así lo técnico para convertirse en un elemento de tensión bilateral.
Alternativas y justificaciones del gobierno
Ante la salida del sistema de la ONU, el gobierno de Petro ha propuesto que Colombia asuma el monitoreo directo de sus cultivos de coca mediante el Sistema Integrado de Información y Monitoreo de la Policía Nacional (Siima), una herramienta que utiliza imágenes satelitales y reportes mensuales para estimar la extensión de los cultivos.
Según fuentes oficiales, los datos del sistema policial mostraban, hasta agosto pasado, un total de 262.179 hectáreas sembradas de coca —aproximadamente un 15% menos que las cifras estimadas por la ONU— aunque también han sido objeto de críticas por posibles imprecisiones.
Petro ha defendido públicamente la fiabilidad del Siima, señalando que es una herramienta más representativa de la realidad nacional y puede ser gestionada directamente por Colombia sin depender de metodologías externas.
Impacto político y diplomático
Este choque con la ONU coloca a Colombia en una posición compleja de cara a su cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ha basado históricamente su apoyo en indicadores compartidos por la ONU y ha usado esos datos para evaluar el compromiso de países socios en la materia.
Analistas señalan que esta decisión podría afectar negociaciones clave, como la reunión programada entre Petro y Trump en Washington el próximo 3 de febrero, donde se espera que la política antidrogas y la cooperación bilateral estén en la agenda principal.
En el contexto político interno, la decisión de Petro se enmarca en una estrategia más amplia de redefinición de las políticas de drogas, que ha buscado distanciarse del enfoque tradicional de guerra contra las drogas hacia un modelo con perspectivas de derechos humanos y desarrollo. Esta postura ha sido promovida por el gobierno en foros internacionales y ha generado tanto apoyo como críticas dentro y fuera de Colombia.
