Dos decisiones judiciales adversas sacudieron esta semana a la administración de Barbosa. El alcalde Marco Alirio Cortés Torres fue sancionado por desacatar una acción popular y, además, un juzgado anuló el Plan de Desarrollo 2024–2027, dejando en vilo proyectos clave del municipio.
La administración municipal de Barbosa atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el inicio del actual periodo de gobierno. En cuestión de días, el alcalde Marco Alirio Cortés Torres recibió dos fallos judiciales que no solo comprometen su gestión política, sino que también generan incertidumbre institucional y financiera para el municipio.
Por un lado, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó una sanción económica contra el mandatario y contra el director de Tránsito, Juan José Manrique Acero, por el incumplimiento de una acción popular que ordenaba la adecuación de semáforos para personas con discapacidad visual. Por otro, el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil declaró la nulidad del Plan de Desarrollo 2024–2027, documento que sirve de hoja de ruta para toda la gestión municipal.
El primer revés judicial tiene su origen en una acción popular interpuesta por ciudadanos de Barbosa, quienes reclamaron la falta de condiciones de accesibilidad en los semáforos del municipio para personas con limitaciones visuales. En junio de 2023, un juez falló a favor de la comunidad y ordenó a la administración implementar dispositivos auditivos y otras adecuaciones en varias intersecciones. Ese fallo fue modificado en febrero de 2024, pero mantuvo el núcleo de la orden: garantizar el paso seguro de personas con discapacidad visual.
Ante el incumplimiento de estas disposiciones, el 15 de diciembre de 2025 se profirió un auto de desacato contra el alcalde y el director de Tránsito. Dicho auto fue confirmado el pasado 19 de enero por el Tribunal Administrativo de Santander, que además reiteró la obligación de ejecutar las obras ordenadas por la justicia.
El alcalde Cortés Torres reconoció públicamente la complejidad del proceso y explicó que existen dificultades contractuales que han retrasado la ejecución de las adecuaciones. “Entendemos plenamente la necesidad de cumplir con el fallo judicial. No estamos evadiendo nuestra responsabilidad, pero este es un proceso complejo porque los semáforos están incluidos dentro de un contrato de concesión a 20 años del alumbrado público”, afirmó el mandatario.
Según explicó, dicho contrato fue firmado hace varios años y no contemplaba la instalación de sistemas auditivos ni sensores especiales para personas con discapacidad visual. “Estamos adelantando los ajustes contractuales necesarios para que la empresa concesionaria pueda asumir estas mejoras, porque en los términos iniciales no estaban previstas”, agregó Cortés Torres.
De acuerdo con el expediente judicial, la junta directiva de la Dirección de Tránsito de Barbosa facultó al director Juan José Manrique Acero para adelantar los trámites correspondientes. Entre las obligaciones impuestas por el fallo se encuentra la realización de un análisis del flujo poblacional en sectores específicos del municipio, como la carrera 10 con calle 9 y la calle 9 con carrera 9, con el fin de determinar cuántas personas con discapacidad visual transitan por esas zonas y cuáles son sus rutas habituales.
A partir de ese estudio, las autoridades deben valorar distintas hipótesis para proteger a esta población y definir un cronograma de trabajo con acciones “reales y concretas” para instalar los dispositivos auditivos. El término fijado por la justicia para cumplir con estas medidas es de seis meses.
Anulan el Plan de Desarrollo 2024–2027
El segundo golpe para la administración ocurrió el 19 de diciembre, un día antes del inicio de la vacancia judicial, cuando el Juzgado Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil declaró la nulidad del Plan de Desarrollo 2024–2027 del municipio de Barbosa.
Este proceso judicial ya había tenido un antecedente importante en marzo de 2025, cuando se ordenó la suspensión provisional del documento mientras se resolvía la demanda. Finalmente, el juzgado concluyó que el procedimiento mediante el cual se aprobó el plan estaba viciado.
Según el fallo en primera instancia, existieron dos irregularidades principales: la falta de quórum en una de las discusiones del Concejo Municipal y errores en el trámite de las adendas o adiciones que se hicieron al proyecto original del plan de desarrollo.
Juan Pablo Hernández, concejal de Barbosa y demandante en el proceso, explicó que la nulidad recae específicamente sobre el proyecto de Acuerdo 002, con el que se aprobó el Plan de Desarrollo el 31 de mayo de 2024. “Eso significa que todos los proyectos, convenios y actuaciones que ha venido realizando la administración municipal desde ese momento quedan sin piso jurídico”, señaló.
El cabildante advirtió que las consecuencias pueden ser profundas para el municipio. “Se hicieron aprobaciones de proyectos y procesos como el alza en temas tributarios, avisos y tableros, alumbrado público e impuestos. Ahora yo creería que se tendría que hacer un ajuste formal del plan de desarrollo”, afirmó Hernández.
Incertidumbre institucional y retos políticos
La coincidencia temporal de ambos fallos ha generado preocupación entre sectores políticos, sociales y económicos de Barbosa. Mientras la sanción por desacato cuestiona la capacidad administrativa para cumplir órdenes judiciales, la anulación del plan de desarrollo pone en entredicho la legalidad de buena parte de las decisiones adoptadas en los últimos meses.
Para el alcalde Cortés Torres, el panorama es especialmente delicado. Además del impacto reputacional, deberá enfrentar las consecuencias económicas de la sanción y liderar un proceso político y técnico para construir y aprobar un nuevo plan de desarrollo que supere los vicios señalados por la justicia.
En declaraciones recientes, el mandatario insistió en que su administración actuará dentro del marco legal para superar la crisis. “Vamos a acatar las decisiones judiciales y a trabajar con el Concejo y la comunidad para corregir los errores que se hayan cometido. Nuestro interés es que Barbosa no se detenga”, sostuvo.
Por ahora, el municipio queda en una especie de limbo administrativo: con un fallo que obliga a invertir recursos en accesibilidad vial y sin un plan de desarrollo vigente que respalde jurídicamente los proyectos estratégicos. La manera en que la administración maneje esta doble crisis será determinante para el rumbo político y social de Barbosa en lo que resta del periodo de gobierno.
