El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0063 de 2026 que reglamenta la Ley 2364 de 2024, garantizando derechos y protecciones para las mujeres que han dedicado su vida a buscar a sus seres queridos desaparecidos en Colombia, tras años de espera y presión social.
El pasado 26 de enero de 2026, el gobierno colombiano promulgó el Decreto 0063 de 2026 que reglamenta la Ley 2364 de 2024, una normativa emblemática que reconoce y protege integralmente los derechos de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en el país. Esta reglamentación constituye un paso decisivo para traducir en acciones concretas derechos largamente reclamados por organizaciones de víctimas y por las mismas mujeres que, durante décadas, han liderado la búsqueda de sus familiares desaparecidos en contextos de conflicto armado y violencia social.
La Ley 2364 de 2024 fue aprobada por el Congreso de Colombia en junio de 2024 con el propósito de reconocer a las mujeres buscadoras como sujetos de especial protección constitucional y constructoras de paz, estableciendo deberes claros para el Estado colombiano respecto a su protección, participación y reparación integral.
Sin embargo, pese a su aprobación, la implementación de la ley se vio demorada porque el decreto reglamentario —clave para su ejecución— no había sido firmado oportunamente por el Ejecutivo. La demora generó tensiones entre la sociedad civil y el gobierno, provocando pronunciamientos públicos de colectivos y organizaciones que exigían la pronta puesta en marcha de la normativa.
Desde hace años, miles de mujeres en Colombia —madres, hermanas, hijas, esposas— han asumido la dolorosa tarea de buscar a sus familiares desaparecidos. Muchas de estas mujeres lo han hecho sin apoyo institucional, enfrentando estigmatización, discriminación y falta de reconocimiento formal por parte del Estado. Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que más del 90% de quienes realizan esta labor son mujeres, una cifra que refleja la carga social y emocional que recae sobre ellas en un país profundamente marcado por la desaparición forzada.
La promulgación del decreto reglamentario no solo instrumenta los mecanismos ya previstos en la ley, sino que también da claridad sobre la forma en que las entidades del Estado deberán actuar para garantizar los derechos de estas mujeres. En palabras de uno de los documentos oficiales: el Gobierno debe asegurar que las buscadoras tengan vida digna, acceso a vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial.
Una pieza clave del decreto es la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras, que estará administrado por la Unidad de Víctimas. Este registro permitirá acreditar a las mujeres que han ejercido la labor de búsqueda, facilitándoles el acceso a las garantías y beneficios que la ley contempla. La reglamentación estipula que este mecanismo debe estar diseñado y operativo en un plazo máximo de seis meses.
Además, el decreto ordena a las entidades estatales suministrar a las mujeres buscadoras información oportuna y efectiva sobre los avances, obstáculos y resultados de los procesos de búsqueda, con el fin de facilitar su labor y respetar su derecho a la verdad.
La espera por la reglamentación no estuvo exenta de reclamos y movilizaciones. En diciembre de 2025, colectivos de mujeres buscadoras emitieron un comunicado dirigido al presidente Petro en el que expresaban su frustración por la demora y exigían la firma del decreto. “Hemos enfrentado la discriminación, la estigmatización y la persecución por una razón sencilla, pero inmensa: buscar a nuestros seres queridos desaparecidos”, señalaba la carta firmada por 23 asociaciones y organizaciones sociales.
Al oficializar la firma del decreto, el presidente Gustavo Petro declaró que “no se trata de un beneficio aislado, sino de una obligación histórica del Estado con quienes han cargado el peso del dolor y la memoria colectiva”. Petro subrayó que la reglamentación busca garantizar una reparación integral y reconocimiento justo a las mujeres que han dedicado años a la búsqueda de sus familiares, enfatizando que la política pública debe responder con justicia y dignidad a estas luchas.
La frase de Petro resonó con fuerza en el contexto actual, pues representa un compromiso explícito del Ejecutivo con una agenda de reparación y derechos humanos que históricamente había sido relegada.
Pese a los avances, expertos y defensores de derechos humanos advierten que la implementación del decreto y de la ley en su totalidad implica desafíos significativos. La creación efectiva del Registro Único de Mujeres Buscadoras, la coordinación interinstitucional, el acceso a recursos presupuestales adecuados y la capacitación de funcionarios públicos son algunos de los ejes que requerirán atención constante para que la ley no quede en el papel.
Organizaciones como la Defensoría del Pueblo han señalado la necesidad de acelerar los ajustes institucionales para garantizar la aplicación efectiva de la Ley 2364, especialmente en relación con la participación de las propias buscadoras en los procesos de diseño y evaluación de políticas públicas.
Asimismo, defensores de derechos humanos han destacado la importancia de que la reglamentación no solo provea marcos administrativos, sino que transforme las prácticas institucionales para enfrentar la estigmatización y las barreras estructurales que enfrentan las buscadoras en su labor diaria.
