La ‘Matrícula Cero’ amplió como nunca el acceso a la universidad pública en Colombia y fortaleció financieramente a varias instituciones, pero la persistente deserción evidencia que la política se quedó a mitad de camino. El país debe dar un segundo paso: garantizar permanencia estudiantil con apoyos reales.
Por: Juvenal Bolívar/ La política de ‘Matrícula Cero’ es, sin duda, uno de los avances sociales más relevantes de los últimos años en materia de educación superior. Por primera vez, miles de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 pudieron ingresar a la universidad sin que el pago de la matrícula fuera una barrera infranqueable. El impacto en cobertura ha sido histórico y los datos oficiales así lo confirman.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en 2024 Colombia alcanzó la cifra récord de 2,55 millones de estudiantes matriculados en educación superior, el nivel más alto de su historia. De ese total, 1,4 millones correspondieron a instituciones públicas, reflejando el efecto directo de la gratuidad en el acceso universitario. La cobertura bruta nacional pasó de 55,4% en 2023 a cerca del 57,5% en 2024, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.
Este aumento no solo significó más estudiantes en las aulas, sino también mayores recursos para universidades públicas que durante años enfrentaron déficits estructurales. La matrícula financiada por el Estado permitió fortalecer procesos académicos, ampliar cupos, mejorar infraestructura y garantizar estabilidad financiera en instituciones que, paradójicamente, crecían en demanda, pero no en presupuesto.
En Santander, el impacto ha sido particularmente significativo. El departamento alcanzó en 2024 una tasa de cobertura del 62,85% en educación superior, superando el promedio nacional y consolidándose como una de las regiones con mayor acceso universitario del país. Según cifras oficiales, 123.641 estudiantes estaban matriculados en educación superior, de los cuales más del 60% cursaban estudios en instituciones públicas.
Las cifras institucionales confirman esta tendencia. Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) reportaron para el segundo semestre de 2025 una matrícula histórica superior a los 28.000 estudiantes, incluyendo más de 6.000 nuevos ingresos, un crecimiento directamente asociado a la política de gratuidad. La Universidad Industrial de Santander (UIS) mantuvo una alta demanda sostenida, mientras que Unipaz, a través de estrategias como Unipaz en tu Territorio, logró que 1.106 nuevos estudiantes iniciaran su formación universitaria en 2025, ampliando el acceso en municipios históricamente excluidos del sistema educativo.
En conjunto, cerca de 39.000 jóvenes santandereanos se han beneficiado de la Matrícula Cero en instituciones como la UIS, UTS y Unipaz. Jóvenes que antes no podían estudiar hoy tienen un código universitario, una oportunidad real de movilidad social y una alternativa concreta frente a contextos de violencia, guerra y microtráfico que históricamente han captado a quienes no encuentran opciones de futuro.
Sin embargo, el acceso no garantiza la permanencia. Y ahí está el gran vacío de la política.
Pese a las positivas cifras de cobertura, la deserción universitaria sigue siendo alarmante. Datos del sistema SPADIES del Ministerio de Educación indican que la tasa de deserción anual en educación superior se ubicó alrededor del 8,9% en 2023, mientras que la ausencia intersemestral superó el 12%. Estudios académicos muestran que hasta cuatro de cada diez estudiantes no logran culminar su carrera, especialmente en los primeros semestres.
La razón principal ya no es la matrícula. Hoy, el problema es la supervivencia.
Como docente universitario, he sido testigo directo de una realidad que no siempre aparece en los informes oficiales: estudiantes que llegan al aula sin haber comido, que recorren largas distancias porque no tienen dinero para el transporte, que trabajan jornadas extenuantes para sostenerse y, finalmente, terminan abandonando la universidad no por falta de talento, sino por agotamiento físico y emocional.
La ‘Matrícula Cero’ abrió la puerta, pero dejó solos a los estudiantes en el camino. El Estado garantizó el ingreso, pero no la permanencia, y esa omisión tiene consecuencias profundas. Cada estudiante que deserta es una historia truncada, una inversión pública desperdiciada y, en muchos casos, un joven que regresa a entornos donde la violencia y la ilegalidad ofrecen salidas rápidas, aunque destructivas.
Por eso, es momento de dar un segundo paso. Un paso más ambicioso, pero también más justo y eficiente: respaldar a los mejores estudiantes de escasos recursos, aquellos que demuestran compromiso académico con promedios superiores a 4,0, mediante incentivos económicos directos que cubran gastos básicos como alimentación y transporte.
Este tipo de apoyo no debe entenderse como un subsidio asistencialista, sino como una inversión estratégica en capital humano. Garantizar que los estudiantes permanezcan en la universidad y culminen su carrera profesional es, en el largo plazo, mucho más rentable social y económicamente que enfrentar los costos de la exclusión, el desempleo y la violencia.
Además, estos incentivos generarían un efecto multiplicador positivo: mejorarían el rendimiento académico, reducirían la deserción, fortalecerían los indicadores institucionales y permitirían que las universidades consoliden procesos de calidad, investigación y proyección social.
Resulta preocupante que, en medio del debate electoral, los candidatos a la Presidencia y al Congreso apenas mencionen la educación superior más allá de la gratuidad. No se escuchan propuestas claras sobre permanencia estudiantil, ni alianzas estructurales con el sector productivo para apoyar a los jóvenes en prácticas profesionales, investigación aplicada o sostenimiento económico.
Es hora de que la educación superior deje de ser un discurso y se convierta en una política integral de desarrollo social. Las empresas también deben ser convocadas a este esfuerzo nacional, no solo como receptoras de practicantes, sino como aliadas en programas de apoyo económico, innovación y formación de talento local.
La universidad pública cumple un rol estratégico: le quita jóvenes a la guerra, al microtráfico y a la ilegalidad, y les ofrece un proyecto de vida digno. Pero ese rol solo se consolida si los estudiantes pueden permanecer y graduarse.
La ‘Matrícula Cero’ fue un gran primer paso. Negarlo sería mezquino. Pero quedarnos ahí sería irresponsable. Hoy el desafío es avanzar hacia una política de permanencia con mérito y justicia social, donde ningún estudiante abandone su sueño profesional por no tener dinero para un almuerzo o un pasaje.
La educación superior no puede seguir siendo una carrera de obstáculos para los más pobres. Si de verdad queremos transformar el país, invertir en nuestros estudiantes no es un gasto: es una urgencia nacional.
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*Comunicador Social, MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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Referencias:
Ministerio de Educación – Cifras de matrícula y cobertura nacional/ Colombia alcanzó cifra histórica de matrícula y tránsito inmediato a la educación superior (Presidencia)
Ministerio de Educación – Transformación educativa en Santander/ Gobierno del Cambio impulsa transformación educativa en Santander (Ministerio de Educación)
Ministerio de Educación – Santander beneficiará a jóvenes con educación superior gratuita/ Santander beneficiará a 6.257 jóvenes con educación superior gratuita (Ministerio de Educación)
SPADIES – Estadísticas de deserción educativa/ Estadísticas de deserción en educación superior (SPADIES)
Análisis periodístico sobre deserción universitaria en Colombia/ Impacto de la deserción universitaria y cifras oficiales (Bancolombia / análisis sectorial)
