Colombia volvió a perder terreno en la percepción de la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Con 37 puntos sobre 100, el país cae en el ranking global y enfrenta un escenario electoral marcado por desconfianza ciudadana, desgaste institucional y promesas incumplidas de cambio.
La corrupción continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de Colombia. Así lo confirman los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado por Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional. En esta medición, el país obtuvo 37 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 99 entre 182 países evaluados, un resultado que refleja un deterioro sostenido y una incapacidad institucional para consolidar avances duraderos en la lucha contra este fenómeno.
El retroceso no es menor. En 2024, Colombia había alcanzado 39 puntos y el puesto 92, mientras que en 2023 registró su mejor desempeño de la última década con 40 puntos. La caída de siete posiciones en un solo año y la pérdida progresiva de puntaje evidencian que los esfuerzos anticorrupción han sido insuficientes o ineficaces, y que los avances logrados en años anteriores resultaron frágiles.
El IPC es considerado el indicador global más relevante para medir la percepción de corrupción en el sector público. Evalúa a los países en una escala de 0 a 100, donde 100 representa una percepción muy baja de corrupción y 0 una percepción extremadamente alta. Toda calificación inferior a 50, como la de Colombia, indica serias debilidades en la integridad pública, así como en la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar prácticas corruptas.
Más allá del resultado puntual de 2025, el desempeño colombiano revela una tendencia marcada por estancamientos y retrocesos durante la última década. Tras varios años rondando los 39 y 40 puntos, el país no logró transformar esas cifras en una senda clara de mejora. Por el contrario, el IPC 2025 confirma un deterioro persistente en la percepción de la corrupción y refuerza la idea de que las reformas emprendidas no han sido suficientes para generar confianza ciudadana.
Este comportamiento contrasta con el desempeño de los países líderes a nivel global. En 2025, Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84) encabezaron el ranking, consolidando sistemas institucionales sólidos, altos niveles de transparencia y controles efectivos al poder público. En el extremo opuesto, Venezuela (10), Sudán del Sur (9) y Somalia (9) reflejan escenarios de colapso institucional, impunidad y captura del Estado, una advertencia sobre los riesgos de no enfrentar la corrupción de manera estructural.
En el ámbito regional, la situación tampoco es alentadora. El promedio del continente americano en el IPC 2025 fue de 42 puntos sobre 100, lo que confirma que la corrupción sigue siendo un problema extendido. Sin embargo, con sus 37 puntos, Colombia se ubica por debajo de esa media y permanece en una franja media-baja del ranking regional.
El país está lejos de los mejores desempeños de la región, encabezados por Canadá (75), Uruguay (73) y Chile (63), naciones que han logrado consolidar marcos institucionales más robustos. Colombia apenas supera a países como Argentina (36), Brasil (35), Ecuador (33) y Panamá (33), y mantiene una distancia limitada frente a Perú (30), México (27) y Bolivia (28). Este posicionamiento confirma que Colombia no solo enfrenta un problema interno, sino también una pérdida de competitividad institucional en el contexto regional.
El balance del gobierno Petro
La publicación del IPC 2025 coincide con el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que inevitablemente ha abierto el debate sobre el balance de su gestión en materia de lucha contra la corrupción. El informe evidencia una brecha creciente entre las expectativas de transformación que acompañaron el inicio de su mandato y los resultados percibidos por la ciudadanía.
La persistencia de escándalos en el alto gobierno, sumada a la ausencia de una política pública anticorrupción integral y sostenida, ha profundizado el escepticismo social. Esta percepción negativa se refleja en las encuestas de opinión. Según Invamer, en junio de 2025 el 83 % de los colombianos consideraba que la corrupción estaba empeorando, un aumento significativo frente a agosto de 2022, cuando esa percepción se situaba en el 60 %.
A ello se suman los datos del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, que ubican la reducción de la corrupción como la función peor evaluada del gobierno Petro en 2025, con una calificación de apenas 33 sobre 100, la más baja entre 16 áreas de gestión analizadas.
El deterioro en la percepción de la corrupción se conoce en un momento particularmente sensible para la democracia colombiana. El país ha entrado de lleno en un nuevo ciclo electoral, en el que se definirán el próximo presidente y la composición del Congreso de la República. En este contexto, el IPC se consolida como una herramienta clave para que la ciudadanía evalúe propuestas, exija compromisos claros y cuestione discursos vacíos.
Desde Transparencia por Colombia se ha advertido que este escenario representa una oportunidad crítica para corregir el rumbo. El informe subraya que el país no puede seguir apostando por respuestas fragmentadas, reactivas o centradas únicamente en promesas de campaña. La magnitud del problema exige liderazgo ético desde el más alto nivel del Estado, una política pública anticorrupción integral y un enfoque preventivo que complemente la acción sancionatoria.
Un desafío para el próximo gobierno
La responsabilidad principal recaerá en el próximo gobierno, pero el desafío es institucional y colectivo. El Congreso deberá desempeñar un rol activo en la aprobación de reformas pendientes y en el fortalecimiento de los marcos normativos y de control. Sin una articulación real entre el Ejecutivo, el Legislativo y los organismos de control, cualquier estrategia anticorrupción corre el riesgo de quedarse en el papel.
En palabras de Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “Colombia llega a un nuevo ciclo electoral con una percepción de corrupción que evidencia problemas estructurales no resueltos y una oportunidad histórica para exigir cambios de fondo. El próximo gobierno deberá demostrar, desde el primer día, que la lucha contra la corrupción es una prioridad real, con acciones concretas, liderazgo ético y una visión de largo plazo”.
El IPC 2025 deja un mensaje claro: la corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la confianza ciudadana, la legitimidad democrática y el desarrollo del país. De cara a las elecciones, la ciudadanía tendrá en sus manos la posibilidad de exigir coherencia, resultados y compromisos verificables, en un momento decisivo para el futuro institucional de Colombia.
