Más de 25 años después de la dolorosa “masacre de Barranca” en 1998, finalmente se rompió el pacto de silencio y los militares reconocieron la verdad que se ocultó durante décadas: que lo que se presentó como una masacre paramilitar fue en realidad un crimen coordinado entre paramilitares y Fuerzas Armadas.
Por: Deivy Vega/ La noche del 16 de mayo de 1998 es sin duda uno de los capítulos más oscuros en la historia de Barrancabermeja y Santander. No solo por el hecho de que esa noche los paramilitares al mando de Camilo Morantes entraron al municipio a asesinar a 7 civiles y desaparecer a 25 personas en plena celebración del Día de la Madre, sino porque durante décadas el Estado y los militares se encargaron de ocultar la verdad con el llamado “pacto de silencio”. Un pacto que apenas se rompió hace unas semanas, cuando ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los militares confesaron por primera vez que sí hubo coordinación con los paramilitares para permitir la masacre.
Lo crucial de esta confesión es que, durante décadas, la versión oficial redujo la masacre a una acción paramilitar aislada. Con esta versión, la masacre se volvió “invisible” para buena parte del país y se perdió en la historia como una tragedia más. Esto logró un objetivo claro: que la mayoría de los colombianos e incluso santandereanos ignoren que ocurrió una masacre en Barranca el 16 de mayo de 1998. De esa forma, la tragedia se volvió una cifra más en medio del conflicto, sin nombres, sin rostros y sin responsables estatales. Y cuando un país convierte sus tragedias en cifras, no solo las normaliza, sino que acaba por volverlas “invisibles” para la mayoría de la población.
Por eso, la invisibilidad de esta masacre y sus víctimas durante décadas no fue casualidad. Como reconoció el mayor Oswaldo Prada Escobar, hubo un “pacto de silencio” entre los militares y el Estado para ocultar los hechos que rodearon la masacre. Al país se le presentó lo ocurrido como una incursión paramilitar en busca de milicianos del ELN. Incluso el mayor Ávila Avendaño, el entonces comandante del Batallón implicado, quiso emitir varias órdenes de operaciones posteriores como fachada para mostrar que trataron de evitar la masacre. La idea era clara: había que “limpiar” a los militares y distorsionar lo más posible lo ocurrido esa noche.
Lo que no debemos olvidar es que detrás de esta masacre murieron personas. No eran combatientes, ni milicianos y mucho menos estaban armados. Eran civiles que estaban en su barrio, en su casa, en una cancha, celebrando el Día de la Madre o hablando con amigos. Jóvenes como Jaime Yesid Peña, de apenas 16 años, que salió unos minutos a ver a sus amigos y nunca volvió. Como él, decenas de vidas quedaron suspendidas en una noche y decenas de familias quedaron marcadas para siempre. Porque las cifras no dicen todo: siete asesinados y veinticinco desaparecidos no son solo números, son hijos que no regresaron, padres que nunca dejaron de buscar y hogares que quedaron vacíos.
La peor herencia de esta masacre no es solo su violencia, sino la invisibilidad que la rodeó durante décadas. Esa invisibilidad que convirtió a las víctimas en cifras y que permitió que el país siguiera adelante sin hacerse preguntas. Por eso, el verdadero desafío hoy no es solo conocer la verdad de estos hechos, sino que los colombianos dejemos de ser espectadores y asumamos una ciudadanía crítica que exija responsabilidades, que cuestione al poder y que recuerde estos hechos al momento de elegir y juzgar a quienes nos gobiernan. Reconocer que hubo masacres incomoda, pero ignorarlas es aún peor.
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*Economista y Magíster en Economía y Desarrollo. Asesor pensional independiente con experiencia certificada con Colpensiones y empresas privados. Investigador interesado en la academia. Docente universitario.
