Más de 94.000 familias en Colombia enfrentan una crisis humanitaria por las intensas lluvias registradas en febrero, que ya dejan víctimas mortales, miles de viviendas destruidas y graves daños a la infraestructura. Córdoba encabeza la lista de regiones afectadas, mientras las autoridades intensifican la atención.
Colombia atraviesa una de las emergencias invernales más severas de los últimos años, justo en una temporada en la que tradicionalmente se registran sequías y altos riesgos de incendios forestales. Sin embargo, en este 2026 el comportamiento climático cambió abruptamente y dejó una estela de destrucción en más de un centenar de municipios de 17 departamentos, donde el agua, el lodo y la incertidumbre se convirtieron en parte de la cotidianidad.
En regiones como Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño; Montería, en Córdoba; o La Estrella, en Antioquia, el panorama es similar: barrios anegados, viviendas con daños estructurales, enseres arrastrados por la corriente y cultivos completamente perdidos. En cada uno de estos territorios, la emergencia no solo ha dejado pérdidas materiales, sino también un impacto emocional profundo en comunidades que hoy intentan rehacer su vida desde cero.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado al menos 149 eventos asociados a las lluvias, entre inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra. Estas emergencias han provocado la afectación de 94.431 familias, que equivalen a más de 254.000 personas en todo el país.
La cifra de víctimas mortales asciende a 17, mientras que decenas de personas han resultado heridas y miles han tenido que ser evacuadas de manera preventiva ante el riesgo de nuevas inundaciones o movimientos en masa. Además, el informe oficial detalla que más de 11.200 hectáreas de terreno permanecen bajo el agua, 18.232 viviendas han sufrido daños y otras 4.099 han quedado completamente destruidas.
El departamento más golpeado es Córdoba, donde el impacto ha sido devastador. Allí se concentran cerca de 70.424 familias damnificadas, lo que representa la gran mayoría de los afectados a nivel nacional. Asimismo, más de 11.000 hectáreas permanecen inundadas, lo que equivale a casi la totalidad de las tierras afectadas en el país.
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió que el verdadero desafío comienza cuando el nivel del agua desciende. “La emergencia no acaba cuando el agua baja. Ahí comienza la parte más difícil: volver a empezar. Reconstruir no toma días, sino meses, incluso años”, afirmó, al referirse al proceso de recuperación que enfrentarán miles de familias.
La magnitud de la crisis en Córdoba también se refleja en el número de municipios afectados. De los 30 que conforman el departamento, 21 han reportado emergencias, en medio de un escenario catalogado por las autoridades como una situación sin precedentes.
Después de Córdoba, los departamentos con mayores afectaciones son La Guajira, Antioquia, Chocó y Sucre. En esta última región, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a los habitantes de las subregiones de La Mojana y San Jorge, donde el agua ha cubierto extensas zonas agrícolas y ha obligado al desplazamiento de comunidades enteras.
En el Magdalena, la situación también es crítica. Allí se reportan tres personas fallecidas, seis heridas y más de 2.800 familias damnificadas. Dos de las víctimas mortales se registraron en Santa Marta, cuando una fuerte corriente de agua arrastró rocas, troncos y vehículos. La tragedia dejó como saldo la muerte de una madre y su hijo, quienes quedaron sepultados bajo el lodo dentro de su vivienda.
El suroccidente del país tampoco ha sido ajeno a esta emergencia. En Nariño se reportan siete personas fallecidas y múltiples comunidades incomunicadas por deslizamientos de tierra y pérdida de vías. En el Valle del Cauca, las inundaciones también han dejado víctimas mortales y cuantiosas pérdidas económicas.
Uno de los sectores más afectados es el de la infraestructura vial. Según el balance oficial, al menos 183 vías presentan daños por deslizamientos, inundaciones o pérdida de banca. A esto se suma la afectación de 16 puentes peatonales y 29 puentes vehiculares, lo que ha generado dificultades en la movilidad, el transporte de alimentos y el acceso a servicios básicos.
Un caso emblemático es el del puente sobre el río Mendihuaca, en el Magdalena, cuyo colapso ha provocado pérdidas diarias superiores a los 130 millones de pesos para el sector bananero. La interrupción de esta vía ha multiplicado los tiempos de transporte, pasando de dos horas a jornadas que pueden superar las diez horas, con impactos directos en la economía regional.
El sector agropecuario también enfrenta un panorama complejo. En Córdoba, más de 263.000 bovinos y bufalinos se encuentran expuestos a las inundaciones, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de cientos de productores. Cultivos como el maíz y el fríjol presentan retrasos en su cosecha y pérdidas significativas debido al exceso de humedad.
Más allá de las cifras, la emergencia tiene un rostro humano que se refleja en el testimonio de quienes han perdido todo. Julieth Perea, jefa de Emergencias del Consejo Danés para Refugiados, quien acompaña la atención en Santa Bárbara de Iscuandé, describió la magnitud del drama social. “Una cosa es ver un video por redes sociales en el que una familia lo perdió todo y otra muy diferente es ver a una persona desbordándose frente a ti porque no sabe cómo o no tiene con qué darles de comer a sus niños”, expresó.
Perea también señaló que el impacto psicológico es tan fuerte como el material. “Son situaciones muy fuertes y sensibles. Lo perdieron todo, no tienen nada, han sido días muy difíciles para ellos, y encima tienen esa incertidumbre de: ‘Bueno, ¿qué va a pasar mañana?’”, añadió.
Frente a este panorama, la respuesta institucional se ha activado en varias regiones del país. La UNGRD ha coordinado acciones con las autoridades locales y departamentales para mitigar los efectos de la emergencia y atender a las comunidades más afectadas.
En Córdoba, por ejemplo, se han dispuesto 127 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen colchonetas, kits de alimentos, elementos de aseo, utensilios de cocina, hamacas y sábanas. Estos insumos están destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias que permanecen en albergues temporales o que han tenido que abandonar sus viviendas.
En municipios como Canalete ya se han entregado centenares de kits de asistencia, mientras que en las próximas horas se prevé el traslado de 11 toneladas de alimento para animales, en cumplimiento del protocolo de atención de fauna en situaciones de emergencia.
En Antioquia, el Gobierno adelanta la instalación del puente modular Mulatos, una estructura que permitirá restablecer la conectividad entre ese departamento y Córdoba, especialmente en el tramo que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá. Esta obra es considerada clave para la recuperación económica y la movilidad en la región.
Asimismo, se han destinado recursos para el transporte aéreo de ayuda humanitaria hacia municipios de difícil acceso, como Arboletes, San Pedro de Urabá y Necoclí, con el fin de garantizar la entrega oportuna de alimentos, agua y elementos de primera necesidad.
La UNGRD también mantiene un acompañamiento técnico permanente en las zonas más afectadas, participando en salas de crisis y Puestos de Mando Unificado para coordinar la respuesta institucional y definir las acciones de mitigación y recuperación.
