El Gobierno del presidente Gustavo Petro pedirá aclaración al magistrado Juan Camilo Morales tras la suspensión provisional de decretos sobre salario mínimo y transporte, mientras convoca diálogo con empresarios y sindicatos y anuncia movilizaciones para defender el llamado salario vital.
La decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, mediante los cuales el Gobierno fijó el salario mínimo vital y el auxilio de transporte, abrió un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y la justicia administrativa. En respuesta, el presidente Gustavo Petro anunció que solicitará una aclaración al magistrado ponente del auto, Juan Camilo Morales, y que expedirá un nuevo decreto transitorio mientras se resuelve de fondo la legalidad de las medidas.
En una alocución televisada, el jefe de Estado manifestó que respeta la decisión judicial, pero expresó su desacuerdo. “Indudablemente, en mi opinión, no debió ser suspendido” el decreto que establece el salario mínimo vital, afirmó, al tiempo que explicó que el Gobierno agotará los canales jurídicos para sustentar la constitucionalidad de su política salarial.
La suspensión se fundamenta, según el alto tribunal, en la necesidad de revisar si el Gobierno cumplió con los criterios legales y constitucionales que regulan la fijación del salario mínimo en Colombia. En particular, el Consejo de Estado analiza si el Ejecutivo motivó adecuadamente su decisión conforme a los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El presidente Petro sostuvo que el auto del Consejo de Estado cita la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, pero “menos una palabra”, en referencia al concepto de “carácter prevalente” del salario mínimo vital. Según el mandatario, la jurisprudencia constitucional establece que la remuneración mínima debe garantizar una vida digna para el trabajador y su familia, por encima de otros criterios técnicos.
“Con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás consideraciones, debe reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo”, dijo el presidente, quien argumentó que los artículos 25 y 53 de la Constitución consagran el derecho a una remuneración mínima vital y móvil.
En contraste, los demandantes del decreto y sectores empresariales han sostenido que el Gobierno no puede privilegiar un solo criterio en la fijación del salario mínimo, sino que debe ponderar variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico. Esa interpretación es la que ahora examina el Consejo de Estado en la medida cautelar.
Un decreto transitorio en camino
El Ejecutivo tiene un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto que reemplace temporalmente los efectos de los actos suspendidos. Petro explicó que este plazo podría extenderse en la práctica, ya que primero se buscará la aclaración del magistrado Morales sobre los fundamentos del auto.
“Vamos a aclarar esto con el magistrado. Eso hace que de los ocho días se tenga que usar más tiempo para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto”, indicó.
El nuevo decreto, según el presidente, mantendrá el concepto de salario vital, aunque podría ajustarse en función de nuevos estudios económicos que se presentarán ante el tribunal. “El salario vital se mantiene, y el nuevo decreto va a mantener un salario vital, solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar”, aseguró.
El debate sobre el salario mínimo en Colombia ha estado históricamente marcado por tensiones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. La Ley 278 de 1996 establece que, en ausencia de consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno puede fijar el incremento mediante decreto, siempre que tenga en cuenta variables como la inflación, la productividad y el crecimiento del PIB.
En su intervención, el presidente Petro defendió que su política salarial ha contribuido a mejorar el empleo y reducir la inflación. “Hemos descendido de 13% a 5% de inflación, mientras la ocupación laboral ha aumentado como nunca en el siglo”, afirmó.
El mandatario también cuestionó el papel del Banco de la República en la fijación de tasas de interés, al considerar que estas están frenando el crecimiento económico y la generación de empleo. “La tasa de interés se está convirtiendo en una especie de detente del crecimiento”, dijo.
Convocatoria al diálogo social
Más allá del debate jurídico, el presidente hizo un llamado al empresariado y al movimiento sindical para reactivar el diálogo social en torno al llamado “Pacto por la Vida”, una iniciativa del Gobierno que busca acuerdos en materia laboral, económica y social.
A través del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el Ejecutivo convocó a la Comisión de Concertación para reunirse y discutir no solo el salario mínimo vital, sino también otros temas estructurales como la reforma a la salud, la política pensional y las condiciones del sector agrario.
“Quiero abrir el diálogo, que se cerró antes, por la realización de un Pacto por la Vida”, afirmó el presidente, quien destacó que la concertación podría facilitar la expedición del decreto transitorio.
La suspensión del decreto del salario mínimo vital ocurre en un contexto político marcado por la proximidad de debates electorales y reformas estructurales impulsadas por el Gobierno. La decisión del Consejo de Estado ha sido interpretada por sectores oficialistas como un obstáculo a las políticas sociales del Ejecutivo, mientras que la oposición la considera una garantía del equilibrio institucional.
El presidente Petro, sin embargo, insistió en que la discusión debe centrarse en el bienestar de los trabajadores. “Un trabajador tiene familia, y por eso el salario debe garantizar la canasta vital”, dijo, al defender los incrementos reales del salario mínimo durante su administración.
Movilización social como estrategia
En un tono más político, el jefe de Estado convocó a la ciudadanía a movilizarse en las plazas públicas del país para respaldar la política del salario vital. La jornada está prevista para el jueves 19 de febrero y busca, según el mandatario, defender una “conquista histórica” de la clase trabajadora.
“Convoca el Presidente, para defender el salario vital”, expresó, al señalar que la movilización será una herramienta de presión social frente al debate jurídico en curso.
La convocatoria ha generado reacciones encontradas. Mientras organizaciones sindicales han anunciado su respaldo a la movilización, algunos gremios empresariales han pedido prudencia y respeto por las decisiones judiciales.
El Gobierno ha defendido su política salarial con base en estudios que, según el presidente, muestran que el aumento del salario mínimo no ha generado el desempleo ni la inflación que algunos sectores pronosticaban. Petro citó análisis del banco estadounidense JP Morgan, que destacan la solidez del mercado laboral colombiano.
Sin embargo, economistas independientes han advertido que incrementos muy altos del salario mínimo pueden afectar la formalidad laboral y la competitividad de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
El debate, en consecuencia, se sitúa en la tensión entre garantizar ingresos dignos para los trabajadores y mantener la sostenibilidad del aparato productivo.
La decisión de fondo que adopte el Consejo de Estado sobre la legalidad de los decretos del salario mínimo podría sentar un precedente importante para futuras políticas salariales en Colombia. El tribunal deberá determinar si el Gobierno puede priorizar el concepto de salario vital sobre otros criterios técnicos o si debe mantener una ponderación equilibrada de los factores económicos.
Mientras tanto, el país entra en un periodo de transición normativa, con un decreto temporal que deberá garantizar la estabilidad jurídica del salario mínimo mientras se resuelve el litigio.
Entre la institucionalidad y la movilización
El episodio pone de relieve la compleja relación entre las instituciones en Colombia, donde el Ejecutivo, el poder judicial y los actores sociales interactúan en la definición de políticas públicas. Petro ha insistido en que respetará las decisiones judiciales, pero también ha dejado claro que defenderá su visión del salario mínimo como un derecho fundamental.
“Esto no es solo un debate jurídico o económico, es la dignidad del trabajador colombiano”, afirmó el presidente.
En los próximos días, la atención se centrará en la respuesta del magistrado Morales a la solicitud de aclaración, en la expedición del nuevo decreto transitorio y en la reacción de los distintos actores sociales a la convocatoria de movilización.
Lo que está en juego no es solo la cifra del salario mínimo, sino el modelo de política laboral que Colombia adoptará en los años venideros y la manera en que se equilibran los principios constitucionales, la estabilidad económica y las demandas sociales.
