Un informe presentado en Barrancabermeja advierte que el conflicto armado en el Magdalena Medio y el Catatumbo no ha desaparecido, sino que mutó hacia formas silenciosas de control territorial y social. La investigación documenta amenazas, desplazamientos invisibles y presión sistemática contra liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos.
Una nueva investigación alerta que el conflicto armado en regiones estratégicas del nororiente colombiano atraviesa una transformación que mantiene a la población civil bajo presión constante. La Corporación para la Defensa de Víctimas del Conflicto Armado, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Presos Políticos y Ayuda Humanitaria, CORPOVIMADH, presentó en Barrancabermeja el informe Magdalena Medio y Catatumbo 2025: Dinámicas del conflicto armado y situación de derechos humanos en territorios estratégicos, en el que describe una reconfiguración del control territorial ejercido por estructuras ilegales.
El documento sostiene que el conflicto no ha terminado, sino que ha adoptado formas más discretas, selectivas y persistentes. “Se ha consolidado un modelo de control territorial silencioso”, advierte el informe, en el que se evidencian prácticas de intimidación, vigilancia social y regulación informal de la vida cotidiana en barrios urbanos y veredas rurales. Estas dinámicas, según la organización, se expresan en amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos de baja visibilidad y mecanismos de disciplinamiento social que afectan de manera directa la vida comunitaria.
Uno de los principales hallazgos es la consolidación del corredor Catatumbo–Magdalena Medio como un eje estratégico para el conflicto y las economías ilícitas. El análisis identifica que los reacomodos armados en el Catatumbo tienen efectos directos en el Magdalena Medio, donde se intensifican las presiones sobre el territorio, se reorganizan los mecanismos de control y se fortalecen estructuras que buscan regular la actividad económica y social de las comunidades.
En Barrancabermeja, el informe describe una fragmentación territorial que permite a actores ilegales ejercer autoridad de facto en sectores específicos. Allí, señala el documento, se imponen reglas no escritas y se mantienen sistemas de vigilancia permanente que limitan la autonomía de la población. En las zonas rurales del Magdalena Medio, la situación no es menos compleja: se documentan confinamientos, control de tránsito, presión sobre comunidades campesinas y desplazamientos intraurbanos e intrarregionales que no siempre quedan registrados en los sistemas oficiales debido al subregistro generado por el miedo y la falta de garantías para denunciar.
La investigación se construyó a partir de un trabajo de campo sostenido durante 2025, con monitoreo territorial, acompañamiento comunitario y recolección de testimonios bajo protocolos de confidencialidad. CORPOVIMADH subraya que el monitoreo independiente resulta fundamental en contextos donde la violencia no siempre es visible. “La observación territorial permite identificar patrones de control criminal que de otra manera permanecerían ocultos”, indica el documento.
Otro de los puntos críticos del informe es el aumento de amenazas contra liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos. Según la corporación, las violencias selectivas continúan operando como un mecanismo para ejercer control territorial y debilitar el tejido organizativo. Las personas que lideran procesos sociales, ambientales y comunitarios enfrentan un riesgo particular en escenarios donde la denuncia pública puede convertirse en un factor de vulnerabilidad.
“Las dinámicas de intimidación buscan instalar el silencio como forma de control”, señala el informe, que advierte sobre el impacto acumulativo de estas prácticas en la cohesión comunitaria. El debilitamiento de organizaciones locales, la autocensura y la fragmentación social son algunos de los efectos que la corporación identifica como consecuencia directa de la presión ejercida por actores armados.
El documento también cuestiona la respuesta institucional durante el último año. Aunque reconoce la existencia de Alertas Tempranas, sostiene que la acción estatal ha sido principalmente reactiva y fragmentada. Para CORPOVIMADH, la falta de una estrategia regional integral limita la capacidad de prevención y protección efectiva de las comunidades en riesgo. “Las medidas de protección deben reconocer el carácter regional del conflicto y el riesgo diferenciado que enfrentan los liderazgos”, enfatiza la organización.
La corporación advierte que el trabajo de documentación y acompañamiento en estos territorios implica riesgos adicionales para quienes lo realizan. La visibilización de economías ilícitas y estructuras de control criminal, señala, genera tensiones que pueden derivar en nuevas amenazas contra organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
El informe concluye con una advertencia clara: la disminución de hechos de alto impacto no puede interpretarse como el fin del conflicto. Por el contrario, la transformación hacia formas de control más discretas y sostenidas implica un desafío mayor para la institucionalidad y para la sociedad en general. “El impacto recae principalmente sobre la población civil”, señala el documento, que llama a fortalecer los mecanismos de protección y a reconocer la persistencia de la violencia en estos territorios estratégicos.
La radiografía presentada por CORPOVIMADH pone de relieve que el Magdalena Medio y el Catatumbo continúan siendo escenarios clave del conflicto armado en Colombia, donde la disputa por el territorio, las economías ilícitas y el control social siguen marcando la vida cotidiana de miles de personas.
