La excarcelación del cooperante colombiano Manuel Tique, tras 16 meses detenido en Venezuela, visibiliza la situación de decenas de connacionales presos en cárceles del régimen chavista, en medio de presiones internacionales, denuncias de violaciones de derechos humanos y un incierto proceso de amnistía en el país vecino.
La historia de Manuel Tique no es solo el relato de una liberación tardía, sino una ventana a la compleja realidad que enfrentan los ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela bajo acusaciones controvertidas y en condiciones cuestionadas por organismos internacionales. Su salida de la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, a las afueras de Caracas, se produjo en un momento en que la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado y coincide con una serie de excarcelaciones parciales de presos políticos.
Durante 16 meses, Tique permaneció detenido sin una sentencia firme. Su captura, ocurrida en septiembre de 2024 cuando ingresó al estado venezolano de Apure para participar en una actividad humanitaria, marcó el inicio de un proceso judicial opaco. Fue arrestado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes lo acusaron de asociación para delinquir, financiamiento del terrorismo y conspiración. El propio ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, lo señaló públicamente como mercenario en una intervención televisiva.
Tique asegura que jamás tuvo acceso a pruebas ni a un debido proceso. “Fue un secuestro. Nunca me sellaron el pasaporte y nadie me explicaba por qué estaba detenido”, relató tras su regreso a Colombia. Su testimonio coincide con denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura, que han documentado patrones de detenciones arbitrarias, incomunicación y condiciones de reclusión degradantes en el sistema penitenciario venezolano.
El Rodeo I es considerado uno de los centros penitenciarios más estrictos del país. Allí, Tique compartió pabellón con decenas de presos políticos de distintas nacionalidades. Su celda, de apenas cuatro por dos metros, carecía de ventilación adecuada, estaba infestada de insectos y tenía una letrina en su interior. La alimentación era básica y el contacto con el exterior, mínimo.
El colombiano recuerda que el mayor desafío no fue físico sino psicológico. “Costaba más que el tema físico. Había que buscar distracciones para no perder la cabeza”, afirmó. Junto a otros detenidos improvisó juegos de mesa con materiales rudimentarios y adoptó rutinas para sobrellevar el encierro.
Las protestas dentro del penal también fueron reprimidas. En una ocasión, varios reclusos realizaron una manifestación pacífica exigiendo su liberación. La respuesta fue la intervención de antimotines que dispersaron a los internos con gas pimienta. “Me cayó directo al rostro y se me dificultó respirar”, recordó.
Liberaciones selectivas en un contexto político tenso
La liberación de Tique se produjo en medio de un proceso gradual de excarcelaciones que comenzó en enero de 2026. Según organizaciones civiles, más de 300 personas han salido de prisión en las últimas semanas. Entre ellas hay ciudadanos europeos y estadounidenses, lo que evidencia el peso de la presión diplomática en cada caso.
En ese contexto, la situación de los colombianos ha sido especialmente compleja. A diferencia de otros países, cuyos gobiernos han ejercido presión directa sobre Caracas, Bogotá ha mantenido una política de diálogo prudente con el gobierno venezolano. Este enfoque ha generado críticas en algunos sectores que consideran que la gestión ha sido insuficiente para lograr la liberación de los connacionales.
El propio Tique lo expresó de forma directa tras su regreso: “Veíamos que empezaban a salir personas de todas las nacionalidades, menos nosotros”. Su liberación se produjo de forma inesperada, sin previo aviso y sin que mediara una explicación clara sobre los criterios utilizados.
El día de su liberación, Tique fue citado a la dirección del penal tras un incidente menor con un guardia. Pensó que se trataba de una sanción disciplinaria. En cambio, recibió ropa nueva, fue afeitado y obligado a firmar un documento de excarcelación. Posteriormente fue trasladado a una estación de la DGCIM, donde —según su testimonio— agentes lo obligaron a grabar un video afirmando que había recibido un proceso justo.
Solo cuando abordó el avión que lo llevaría a la frontera colombo-venezolana comprendió que estaba libre. “Fue un alivio total, un desahogo inexplicable”, dijo. Desde San Antonio del Táchira cruzó a Cúcuta, donde se comunicó con su familia. Horas después ya se encontraba en Bogotá, en un emotivo reencuentro.
El papel de las organizaciones humanitarias
Manuel Tique trabajaba para el Consejo Danés para Refugiados, una ONG dedicada a la atención de población migrante y desplazada. La organización jugó un papel clave en la visibilización de su caso y en la presión internacional para su liberación.
Tras su retorno, la entidad le ofreció apoyo psicológico y la posibilidad de reintegrarse a sus labores. Este acompañamiento ha sido fundamental para su proceso de readaptación, ya que el impacto emocional de la detención aún persiste.
El caso de Tique también pone en evidencia las limitaciones de la diplomacia colombiana frente a Venezuela. Aunque el embajador en Caracas, Milton Rengifo, visitó a los detenidos en octubre de 2025 y el Gobierno gestionó la liberación de un grupo de 20 colombianos ese mismo mes, aún permanecen alrededor de 20 connacionales detenidos.
El presidente Gustavo Petro ha apostado por mantener relaciones diplomáticas estables con Caracas, lo que incluye una política de diálogo directo con el gobierno venezolano. Sin embargo, familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos reclaman una postura más firme.
Tique, ahora en libertad, ha hecho un llamado público: “Le pido al presidente Gustavo Petro que se apersone y cree un diálogo directo con Delcy Rodríguez para que no quede un solo colombiano secuestrado”.
La ley de amnistía y las expectativas
La reciente aprobación de una ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional venezolana abre una puerta para la liberación de más detenidos. Sin embargo, el proceso dependerá de la revisión individual de cada caso por parte de los tribunales, lo que genera incertidumbre sobre su alcance real.
Expertos en derecho internacional advierten que, aunque la amnistía puede beneficiar a algunos detenidos, no garantiza un cambio estructural en el sistema judicial venezolano. Además, la aplicación selectiva de la norma podría reproducir los mismos criterios políticos que han marcado las detenciones.
Para Manuel Tique, la libertad no ha significado un cierre completo. A la alegría del reencuentro familiar se suma la preocupación constante por quienes permanecen encarcelados. “No duermo pensando en los que siguen encerrados porque sé lo que están viviendo”, confesó.
Su caso se ha convertido en un símbolo de la situación de los colombianos detenidos en Venezuela y ha reavivado el debate sobre la protección consular, la defensa de los derechos humanos y el papel de la comunidad internacional.
