El presidente Gustavo Petro celebró como la mayor incautación de cocaína en la historia tres operaciones internacionales que suman 17 toneladas. Sin embargo, autoridades de México, El Salvador y Francia reportaron los decomisos sin mencionar apoyo colombiano, lo que abre un nuevo debate.
El Gobierno colombiano volvió a situar la lucha contra el narcotráfico en el centro de su narrativa internacional tras la difusión de un balance que suma 17 toneladas de cocaína incautadas en tres operaciones marítimas realizadas en febrero de 2026. El presidente Gustavo Petro calificó el resultado como “la más alta en la historia del tráfico de esa sustancia”, y lo atribuyó a la “inteligencia de la naval colombiana”, según escribió en su cuenta de X.
Las operaciones, sin embargo, no ocurrieron el mismo día ni fueron ejecutadas por una sola fuerza. Según un informe de inteligencia naval divulgado por el propio mandatario, los operativos se desarrollaron en tres fechas distintas —1, 3 y 15 de febrero— y en aguas del Pacífico y del Golfo: al noroeste de la isla Clarión en México, al sureste de la Polinesia Francesa y al suroeste de la bocana El Cordoncillo en El Salvador. En todos los casos participaron armadas extranjeras con apoyo de inteligencia compartida.
El decomiso más reciente, anunciado el 15 de febrero, fue reivindicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien escribió que “nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador”. Su comunicación oficial no hizo referencia a cooperación colombiana, aunque el Gobierno de Bogotá insiste en que su inteligencia naval contribuyó a la ubicación de las embarcaciones.
En México, la Secretaría de Marina informó días antes la incautación de 188 bultos de cocaína al oeste de la isla Clarión. La operación, según el comunicado oficial, “derivó del intercambio de información con la Guardia Costera de EE. UU. y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur”, sin mencionar la participación colombiana. Esa interceptación formó parte de una semana en la que las autoridades mexicanas decomisaron más de 10 toneladas de droga en tres acciones distintas.
Por su parte, la marina francesa interceptó una embarcación en la Polinesia con 4,24 toneladas de cocaína. El reporte oficial señaló que la operación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la aduana francesa y la aduana de Nueva Zelanda. De nuevo, no se mencionó colaboración colombiana, aunque la cifra coincide con la divulgada por Petro.
La divergencia entre las versiones evidencia una constante en la cooperación antidrogas: múltiples países participan en la cadena de inteligencia y operación, pero cada uno pondera su contribución de forma distinta. Colombia, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región en materia de interdicción, ha buscado destacar el papel de su inteligencia naval en operaciones internacionales que ocurren fuera de su jurisdicción.
Este enfoque no es nuevo. Investigaciones periodísticas recientes han señalado que el Gobierno colombiano ha sumado a su balance anual decomisos realizados en el extranjero cuando considera que hubo participación de sus agencias. En 2025, por ejemplo, el 63,6 % de las toneladas incautadas reportadas por el Ministerio de Defensa ocurrieron fuera de las fronteras del país, lo que refleja una creciente dependencia de la cooperación internacional para sostener cifras récord.
El debate se vuelve especialmente relevante en un momento en que el discurso del Ejecutivo gira en torno a los resultados de la política antidrogas. Petro ha defendido que, ante el aumento de las hectáreas de cultivos ilícitos y de la producción potencial de cocaína, el indicador clave debe ser el volumen de droga incautada. Ese argumento ha sido utilizado para sustentar su política de transición hacia un enfoque menos punitivo con los campesinos y más enfocado en la interdicción de grandes cargamentos.
La narrativa también tiene implicaciones diplomáticas. El presidente colombiano ha destacado estos resultados como evidencia de una “cooperación eficaz” con Estados Unidos, lo que ha contribuido a mejorar la relación bilateral con el mandatario estadounidense, Donald Trump, pese a diferencias ideológicas. El intercambio de inteligencia en el Pacífico y el Caribe sigue siendo uno de los pilares de esa relación.
No obstante, la atribución de logros compartidos genera tensiones en el plano internacional y en la opinión pública. Mientras Colombia insiste en su papel central, los países que ejecutan directamente las operaciones destacan sus propios esfuerzos. Esta dualidad plantea preguntas sobre cómo medir el éxito en la lucha global contra el narcotráfico y sobre la transparencia en la comunicación de resultados.
Las 17 toneladas de cocaína decomisadas en febrero se convierten no solo en un golpe operativo contra las redes criminales, sino también en un caso ilustrativo de la disputa narrativa en torno a quién lidera los esfuerzos globales contra el tráfico de drogas. Un debate que, lejos de cerrarse, parece intensificarse con cada nueva operación internacional.
