La suspensión judicial del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro desató una controversia inédita entre poderes públicos, movilizaciones sociales y presiones empresariales. El Ejecutivo defiende el concepto de salario “vital”, mientras el Consejo de Estado exige ajustes provisionales.
La política salarial del Gobierno colombiano entró en una fase de alta tensión institucional tras la decisión de un magistrado del Consejo de Estado de suspender el incremento del salario mínimo decretado para 2026. La medida cautelar, considerada inédita por el Ejecutivo, obligó a emitir un decreto transitorio mientras el alto tribunal resuelve de fondo las demandas que cuestionan el aumento.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se convirtió en la voz principal de la defensa del Gobierno. Desde su despacho en el centro de Bogotá, el funcionario sostuvo que el incremento —del 23,7%, muy por encima de la inflación de 2025— responde a una interpretación constitucional que busca transformar el salario mínimo en un ingreso “vital”.
“La suspensión no tiene antecedentes. Nunca antes se había producido una decisión judicial para frenar un decreto de salario mínimo”, afirmó el ministro, quien calificó la decisión como un “exabrupto” por su rapidez y por exigir un decreto provisional que, según dijo, “no existe en la legislación colombiana”.
El incremento salarial para 2026 había sido anunciado como una de las banderas sociales del último año del Gobierno de Gustavo Petro. Con un aumento cercano al 24%, el salario nominal alcanzaría niveles históricos, en una política que el Ejecutivo ha presentado como una apuesta por la redistribución del ingreso y el estímulo al consumo interno.
La decisión fue celebrada por sectores sindicales y bases de la izquierda, que vieron en la medida un paso hacia la consolidación del “salario vital y móvil”, concepto consagrado en el artículo 53 de la Constitución colombiana. Sin embargo, la reacción no fue unánime.
Gremios empresariales, especialmente de pequeñas y medianas empresas, alertaron sobre los efectos en costos laborales y competitividad. Analistas económicos cuestionaron la brecha entre el aumento salarial y la inflación, que cerró en 5,1% en 2025, y advirtieron sobre posibles presiones inflacionarias y riesgos para el empleo formal.
La controversia escaló al plano judicial con la presentación de decenas de demandas que cuestionaban el decreto. El magistrado encargado decidió acumular los procesos y suspender la medida de forma provisional.
La respuesta del Gobierno
Ante la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno reaccionó en varios frentes. Por un lado, presentó un recurso de súplica para revertir la medida cautelar. Por otro, expidió un decreto transitorio que mantiene el mismo incremento mientras se toma una decisión definitiva.
Sanguino defendió la urgencia de la respuesta y criticó el impacto que la incertidumbre jurídica puede generar en la economía. “Podríamos tener tres salarios mínimos distintos en dos meses. ¿Qué mercado laboral aguanta eso?”, cuestionó.
El ministro insistió en que la política salarial del Gobierno no responde a cálculos electorales, pese a que 2026 es año de elecciones. “Creemos que el aumento debe regirse por principios constitucionales, no por una fórmula matemática. El salario vital es un mandato constitucional”, afirmó.
El núcleo del debate jurídico radica en la interpretación de la Ley 278 de 1996, que establece los criterios para definir el salario mínimo anual, y su relación con el artículo 53 de la Constitución.
Según el Gobierno, la ley debe leerse a la luz del mandato constitucional del salario “vital y móvil”, lo que implica que variables como la inflación o la productividad no pueden ser determinantes absolutos, sino subordinadas a criterios de protección del ingreso laboral.
“El magistrado menciona el salario vital, pero lo pone al mismo nivel de las variables de la ley y olvida la palabra clave: prevalente”, explicó Sanguino. A su juicio, el Consejo de Estado adoptó una interpretación restrictiva que desconoce el alcance constitucional de la política salarial.
La discusión, sin embargo, no es solo jurídica. También enfrenta visiones económicas distintas sobre el papel del salario mínimo en la economía.
Economía, empleo e informalidad
Uno de los principales argumentos de los críticos del aumento es su posible efecto en el empleo formal y la informalidad. Colombia mantiene niveles de informalidad laboral cercanos al 55%, uno de los más altos de América Latina.
Para el Gobierno, el impacto puede ser el contrario. Sanguino planteó que un salario más alto puede incentivar la formalización al hacer más atractivo el empleo regulado. “No es automático que subir el salario mínimo dispare la informalidad; puede ocurrir lo contrario”, afirmó.
El ministro también defendió el enfoque keynesiano de la política salarial: el aumento del ingreso de los trabajadores se traduciría en mayor consumo interno. “Son 830.000 millones de pesos más al mes que van a la tienda de la esquina, al comercio local. Es un círculo virtuoso”, dijo.
El Gobierno asegura haber reducido la informalidad desde el inicio de su mandato y destaca programas de formalización de trabajadoras domésticas, plataformas digitales y madres comunitarias.
La controversia también se trasladó a las calles. El Ejecutivo convocó movilizaciones bajo el lema “Ni un peso atrás”, en defensa del incremento salarial.
Desde el despacho del ministro se escuchaban los tambores de estudiantes del SENA marchando por el centro de Bogotá. Para el Gobierno, la movilización busca enviar un mensaje al poder judicial sobre el impacto social de la medida.
“Queremos que vean y escuchen la preocupación de la gente”, explicó Sanguino. A su juicio, más allá del efecto económico inmediato, lo que está en juego es la confianza en la estabilidad del ingreso de millones de trabajadores.
Empresarios y oposición
El debate ha generado una reacción ambivalente en el sector empresarial y la oposición política. Algunos dirigentes que inicialmente criticaron el aumento han pedido ahora mantenerlo para evitar una disrupción en la economía.
Para el ministro, ese cambio de postura es una contradicción. “Hace veinte días nos decían populistas y ahora piden que se mantenga. Es la voltereta del siglo”, afirmó.
Sin embargo, representantes de pequeñas empresas insisten en la necesidad de medidas de alivio. El Gobierno ha respondido con programas de subsidios al empleo, líneas de crédito y la promesa de reformas tributarias diferenciadas para PYMES, algunas de las cuales quedaron en suspenso por decisiones judiciales anteriores.
El caso del salario mínimo se ha convertido en un nuevo capítulo del pulso entre el Ejecutivo y las altas cortes en Colombia. En los últimos meses, decisiones judiciales han frenado varias iniciativas del Gobierno, desde reformas económicas hasta decretos de emergencia.
Para analistas políticos, la disputa refleja tensiones estructurales del sistema institucional colombiano, en el que el control judicial tiene un peso significativo sobre la acción del Ejecutivo.
En este contexto, el desenlace del caso del salario mínimo tendrá implicaciones más allá del ámbito laboral. Podría sentar precedentes sobre el alcance de la intervención judicial en la política económica del Gobierno.
El Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por el Gobierno en los próximos días. Mientras tanto, el decreto transitorio garantiza que el aumento se mantenga vigente.
