A dos semanas de los comicios legislativos y consultas presidenciales, la Defensoría del Pueblo advierte que la respuesta estatal es insuficiente frente a los riesgos electorales en 69 municipios, donde la presencia de grupos armados, amenazas a líderes y limitaciones al proselitismo comprometen la transparencia y la libertad del voto.
La cercanía de las elecciones al Congreso de la República y las consultas que definirán los aspirantes a la Presidencia de Colombia han puesto en evidencia un panorama de riesgo que, según la Defensoría del Pueblo, no ha sido atendido de manera suficiente por las autoridades. El organismo presentó su primer informe de seguimiento a la alerta temprana electoral emitida en 2025 y concluyó que, pese a algunas acciones, la respuesta institucional es parcial y no logra contener las amenazas que se ciernen sobre el proceso democrático.
El informe advierte que al menos 69 municipios del país requieren “acción inmediata” por el nivel de riesgo que enfrentan. A estos se suman 168 municipios con necesidad de medidas urgentes y 433 donde se requieren acciones prioritarias. La Defensoría subraya que estos territorios presentan condiciones críticas de seguridad, interferencia de actores armados ilegales y restricciones al ejercicio político.
La entidad sostiene que la incidencia de grupos al margen de la ley en los territorios no solo persiste, sino que se ha fortalecido en el contexto preelectoral. Entre octubre de 2025, cuando se emitió la alerta temprana, y la fecha actual, se han documentado 457 casos de amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y actores políticos. Este fenómeno, advierte el organismo, evidencia una tendencia creciente de intimidación que compromete la libertad de participación política.
“El escenario de riesgo persiste con el afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, donde grupos criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país”, señala el informe. Este diagnóstico revela una problemática estructural: la disputa por el control territorial no solo impacta la seguridad, sino también la autonomía de los procesos electorales.
Aunque el riesgo es generalizado, la Defensoría identifica departamentos especialmente afectados, entre ellos Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. En estas zonas se registran restricciones a la movilidad de candidatos, prohibiciones de realizar campañas y amenazas directas contra quienes participan en política.
El informe detalla que los aspirantes a cargos públicos enfrentan “homicidios selectivos, atentados, amenazas sistemáticas y estigmatización”, lo que limita su capacidad de desarrollar campañas abiertas. Además, la presencia de estructuras criminales que ejercen control social y político en algunos territorios configura escenarios de coacción electoral.
La situación también afecta a servidores públicos y autoridades locales. Según el documento, estos funcionarios enfrentan un riesgo creciente marcado por presiones, amenazas y ataques directos por parte de grupos armados ilegales que buscan influir en la gestión pública y en la organización de los comicios. Este fenómeno, advierte la Defensoría, debilita la gobernabilidad local, genera desplazamiento institucional y compromete la logística y la legitimidad del proceso electoral.
Uno de los elementos más preocupantes del informe es el balance sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría en octubre de 2025. De acuerdo con el organismo, el Estado ha avanzado en apenas el 42% de las acciones sugeridas, mientras que el 58% permanece pendiente. En algunos casos, como el fortalecimiento comunitario y organizativo, el avance es del 0%, lo que evidencia una falta de implementación de medidas clave para prevenir riesgos.
“La falta de articulación está debilitando la gobernanza y la capacidad de respuesta del Estado. La ausencia de medidas sostenidas está permitiendo la persistencia de escenarios de amenaza y control armado por parte de grupos armados ilegales”, advierte el documento. La Defensoría insiste en que la respuesta institucional debe ser coordinada, sostenida y con resultados verificables.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que la presión de grupos armados sobre autoridades locales es uno de los factores que agrava el riesgo. “La gobernanza se extiende a la presión sobre administraciones municipales, como se observa, por ejemplo, en la subregión de Sabanas en Sucre, donde los grupos armados buscan impulsar candidaturas afines a sus intereses estratégicos”, señaló la funcionaria.
El informe plantea que el principal riesgo no es la realización de la jornada electoral, sino las condiciones en las que se desarrollará. En palabras de Marín, “nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país”.
La Defensoría advierte que en algunas regiones podría consolidarse una democracia meramente formal, en la que los ciudadanos acuden a las urnas, pero bajo presiones o limitaciones impuestas por actores armados. “El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, enfatizó la defensora.
El organismo hizo un llamado al Ministerio del Interior y a las autoridades nacionales y territoriales para que adopten medidas urgentes y efectivas. Entre las recomendaciones se incluyen la implementación de planes claros con responsables definidos, plazos verificables y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de las acciones.
Asimismo, se insiste en la necesidad de fortalecer la protección a candidatos, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y periodistas, quienes se encuentran entre las poblaciones más vulnerables en el contexto electoral. La Defensoría también pidió medidas para frenar el control territorial de grupos armados y estructuras criminales que buscan interferir en los comicios.
Otro de los puntos clave del informe es la exigencia de investigar y judicializar a los responsables de delitos electorales y violaciones de derechos humanos. La entidad considera fundamental que las instituciones encargadas de la vigilancia y control, como los organismos de control disciplinario y judicial, actúen con celeridad para evitar la impunidad.
La Defensoría también subraya la importancia de promover la participación ciudadana en condiciones de confianza y sin barreras. Para ello, plantea la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, acceso a la información y libertad de expresión en los territorios.
En este contexto, la proximidad de las elecciones del 8 de marzo representa una prueba clave para la institucionalidad colombiana. El país enfrenta el desafío de garantizar no solo la realización de los comicios, sino la plena vigencia de los derechos políticos de la ciudadanía en todo el territorio nacional.
El informe de la Defensoría del Pueblo se convierte así en una alerta sobre la fragilidad de las condiciones democráticas en diversas regiones y sobre la urgencia de una respuesta estatal que permita garantizar elecciones libres, transparentes y seguras. La atención que las autoridades presten a estas advertencias será determinante para el desarrollo del proceso electoral y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
