La Contraloría General de Santander confirmó irregularidades en los contratos suscritos por Juliana Guerrero con la Universidad Industrial de Santander entre 2023 y 2024, señalando fallas en la planeación, supervisión y ejecución, lo que derivó en hallazgos administrativos, disciplinarios y un presunto daño fiscal.
La Contraloría General de Santander reveló en su Informe Final de Actuación Especial de Fiscalización N° 0003, fechado el 12 de febrero de 2026, que los contratos suscritos por Juliana Guerrero con la Universidad Industrial de Santander (UIS) presentaron serias irregularidades. El hallazgo se produjo tras la denuncia del medio independiente Metropolitano, que advirtió sobre posibles anomalías en los contratos 306-2023 y 113-2024, celebrados en el marco de un convenio interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior para apoyar el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.
El informe señala que la etapa precontractual estuvo marcada por deficiencias en la definición del perfil requerido para el contratista. Según el documento, el estudio de conveniencia y oportunidad publicado en la plataforma SECOPII no especificó con claridad los requisitos de formación, experiencia y competencias necesarias. Pese a ello, se concluyó que Guerrero cumplía con las condiciones, sin que existiera un sustento objetivo que lo demostrara.
La Contraloría advirtió que esta falta de precisión limita la trazabilidad y la verificación del principio de planeación, afectando la motivación de la selección del contratista, incluso tratándose de contratación directa. Además, se criticó el uso de la fórmula ambigua “persona natural o profesional” para definir el perfil, lo que fue calificado como impreciso y poco técnico por los auditores.
Uno de los aspectos más graves detectados fue la ausencia de informes de supervisión que permitieran verificar la ejecución de las actividades pactadas. En el acta de liquidación de uno de los contratos aparecieron dos supervisores distintos, lo que generó inconsistencias en la trazabilidad del proceso.
En el contrato de 2024, la situación fue aún más crítica: no se encontraron evidencias de las acciones ejecutadas por Guerrero, ni se subió oportunamente la documentación requerida al SECOPII. Esto impidió comprobar si los objetivos del contrato fueron cumplidos.
La Contraloría concluyó que la UIS habría pagado un contrato sin que se desarrollaran debidamente los entregables, lo que constituye un presunto daño fiscal. En total, se establecieron cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno fiscal por valor de $2.000.000, trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.
Juliana Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y ha estado vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José, institución señalada por entregar títulos falsos. Su participación en contratos públicos ha generado controversia, en particular por la falta de transparencia en los procesos.
Desde septiembre de 2025, cuando se conocieron las denuncias iniciales, la UIS se negó a entregar información sobre los contratos, alegando reserva. Esta postura fue cuestionada y llevó a que la congresista Jennifer Pedraza interpusiera acciones judiciales, logrando que la justicia obligara a la universidad a entregar los documentos.
El informe de la Contraloría confirma que el problema no fue la existencia de los contratos, sino la falta de evidencias que demostraran su ejecución. En palabras del ente de control: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista”.
Impacto institucional
Las observaciones de la Contraloría están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la UIS. El ente de control enfatizó que las falencias encontradas reflejan debilidades en la gestión administrativa de la universidad, que deben ser corregidas para garantizar transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos.
El caso también pone en evidencia la importancia de los medios independientes en la vigilancia ciudadana. La denuncia inicial de Metropolitano permitió que se abriera la investigación y que se confirmaran las irregularidades.
Aunque la UIS no se ha pronunciado oficialmente sobre el informe, se espera que las instancias disciplinarias y fiscales avancen en las investigaciones correspondientes. Los hallazgos podrían derivar en sanciones para los supervisores de los contratos y para Guerrero, quien aparece como responsable directa de la ejecución.
El Ministerio del Interior, como entidad vinculada al convenio, también podría verse obligado a revisar sus mecanismos de control en la contratación con universidades públicas. Expertos en derecho administrativo señalan que este caso refleja un patrón recurrente en la contratación interadministrativa: la falta de rigor en la planeación y supervisión, que abre la puerta a posibles irregularidades.
