El candidato presidencial Roy Barreras se desmarcó de la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, advirtiendo riesgos para la estabilidad institucional. Su postura introduce tensiones dentro de la izquierda colombiana a pocos días de la consulta del Frente por la Vida.
La propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha vuelto a instalarse en el centro del debate político colombiano, en un momento de alta polarización y de tensiones entre el Gobierno, el Congreso y las altas cortes. La iniciativa, respaldada por sectores del oficialismo cercanos al presidente Gustavo Petro, ha sido presentada como una salida estructural a lo que el mandatario denomina un “bloqueo institucional”. Sin embargo, su eventual materialización ha generado resistencias en amplios sectores políticos, jurídicos y sociales, incluidos aliados del propio Gobierno.
Para entender la dimensión del debate actual, es necesario remontarse a la Constitución de 1991, considerada uno de los hitos más relevantes en la historia democrática del país. Surgida tras un proceso constituyente impulsado por una amplia movilización social y política, la carta política del 91 introdujo cambios profundos: amplió el catálogo de derechos fundamentales, creó nuevas instituciones de control, reconoció la diversidad étnica y cultural, e incorporó mecanismos de participación ciudadana como el referendo, la iniciativa legislativa popular y la consulta popular.
Desde entonces, la Constitución ha sido reformada en múltiples ocasiones por el Congreso, lo que demuestra su carácter flexible. Sin embargo, el mecanismo de una nueva Asamblea Constituyente implica un proceso distinto y más radical: la posibilidad de reescribir integralmente el ordenamiento jurídico y redefinir la arquitectura del Estado.
En el contexto actual, el presidente Petro ha planteado que las reformas sociales de su Gobierno —en materia de salud, trabajo, pensiones y transición energética— han encontrado obstáculos en el Congreso y en decisiones de las cortes. Según su narrativa, esto constituye un “bloqueo institucional” que limita la voluntad popular expresada en las urnas. De allí surge la idea de convocar una Constituyente que permita “profundizar el cambio”.
El debate no es nuevo en la política colombiana. A lo largo de las últimas décadas, distintos líderes han planteado la necesidad de una nueva Constitución para ajustar el modelo económico, redefinir el sistema político o fortalecer la descentralización. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas ha prosperado, en parte por el temor a que un proceso constituyente abra la puerta a inestabilidad institucional o a retrocesos en derechos adquiridos.
En el escenario actual, la propuesta ha generado divisiones incluso dentro de la izquierda. El candidato presidencial Roy Barreras, quien apoya el programa de Petro pero compite por el liderazgo del sector progresista, ha advertido que una Constituyente podría poner en riesgo la estabilidad del país. “El país necesita certezas, no abrir una caja de Pandora institucional”, ha señalado en distintos escenarios de campaña.
En contraste, figuras como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el senador Iván Cepeda han expresado mayor afinidad con la idea, argumentando que el modelo actual limita la implementación de reformas estructurales y mantiene inequidades históricas.
Desde el punto de vista jurídico, la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Colombia requiere cumplir con varios pasos establecidos en la propia Constitución. En términos generales, se necesita una ley aprobada por el Congreso que defina la composición, el alcance y las reglas de la Asamblea, la cual luego debe ser sometida a la aprobación del pueblo mediante referendo. Solo después de ese proceso se podría elegir a los delegatarios constituyentes.
Este procedimiento plantea varios interrogantes. Por un lado, implica que el mismo Congreso que el Gobierno considera un obstáculo tendría que autorizar el proceso. Por otro, exige un amplio respaldo ciudadano en las urnas, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
A nivel económico, la discusión sobre la Constituyente también genera inquietud. Analistas y gremios han advertido que un proceso de reforma total del orden constitucional podría afectar la seguridad jurídica, incidir en la confianza inversionista y generar incertidumbre en sectores clave como la energía, el sistema financiero y las pensiones. En un país que enfrenta desafíos fiscales y necesita atraer inversión, estos factores adquieren especial relevancia.
En el plano político, la propuesta se cruza con el calendario electoral. La consulta de la izquierda y las elecciones legislativas se desarrollan en medio de este debate, lo que ha convertido la posición frente a la Constituyente en un tema central de campaña. Para algunos candidatos, respaldar la iniciativa significa alinearse con la agenda del Gobierno; para otros, marcar distancia puede ser una estrategia para atraer votantes moderados.
Más allá de las diferencias políticas, el debate de fondo gira en torno a la pregunta sobre el alcance del cambio que necesita Colombia. ¿Es suficiente reformar las leyes dentro del marco vigente, o se requiere una transformación constitucional profunda? La respuesta no es sencilla y depende de la visión que se tenga sobre el funcionamiento actual del Estado.
Quienes apoyan la Constituyente sostienen que la Constitución de 1991, aunque avanzada en derechos, ha sido limitada en su implementación y ha permitido la persistencia de desigualdades estructurales. Desde esta perspectiva, un nuevo pacto social podría redefinir el modelo económico, fortalecer la justicia social y adaptar las instituciones a los desafíos contemporáneos, como el cambio climático o la economía digital.
Por el contrario, quienes se oponen argumentan que el problema no está en la Constitución, sino en su cumplimiento. Consideran que abrir un proceso constituyente podría generar un periodo de inestabilidad política y jurídica, en el que se pongan en juego derechos fundamentales y se debiliten los contrapesos institucionales.
En la historia reciente de América Latina, varios países han convocado asambleas constituyentes con resultados diversos. En algunos casos, han permitido modernizar el Estado y ampliar derechos; en otros, han derivado en procesos de concentración de poder o en crisis políticas prolongadas. Estas experiencias alimentan el debate colombiano y sirven como referencia para los distintos actores.
En Colombia, el recuerdo del proceso constituyente de 1991 sigue siendo un referente positivo, asociado a un momento de apertura democrática tras décadas de violencia política. No obstante, el contexto actual es distinto: el país cuenta con instituciones más consolidadas, pero también enfrenta una mayor fragmentación política y social.
En este escenario, la propuesta de una Constituyente se convierte en un punto de inflexión para el debate público. No solo define posiciones frente al Gobierno, sino que obliga a la sociedad a reflexionar sobre el tipo de Estado y de democracia que desea construir en las próximas décadas.
El desenlace de esta discusión dependerá de múltiples factores: la correlación de fuerzas en el Congreso, el respaldo ciudadano, la capacidad del Gobierno para articular consensos y la evolución de la coyuntura económica y social. Por ahora, lo cierto es que la idea de una nueva Asamblea Constituyente ha reabierto un debate de fondo sobre el futuro institucional de Colombia, con implicaciones que trascienden el actual ciclo electoral y que marcarán la agenda política del país en los próximos años.
