El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Santander que había amparado los derechos fundamentales del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, y negó la tutela interpuesta contra la Procuraduría General de la Nación, ratificando la suspensión provisional en su proceso disciplinario.
El proceso judicial se originó en octubre de 2025, cuando la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió investigación contra Jonathan Stivel Vásquez Gómez, alcalde de Barrancabermeja, por presunta participación indebida en política. La medida se sustentó en publicaciones en redes sociales y en la vinculación de su esposa, Laura Cristina Ahumada García, como precandidata al Senado por el Pacto Histórico.
La Procuraduría consideró que la permanencia del alcalde en el cargo podía favorecer la campaña de su cónyuge, lo que configuraba una falta gravísima según el artículo 60 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y la prohibición del artículo 127 de la Constitución Política.
El 22 de octubre de 2025, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional del alcalde por tres meses, medida confirmada el 13 de noviembre por la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Según el ente disciplinario, existían “serios elementos de juicio” que permitían inferir riesgos de reiteración o continuidad de la conducta reprochada.
La decisión se fundamentó en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que establece los requisitos para imponer suspensiones provisionales: identificación del funcionario, gravedad de la falta, riesgo de reiteración y proporcionalidad de la medida.
Ante la suspensión, Jonathan Vásquez interpuso acción de tutela alegando vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a elegir y ser elegido. Solicitó su reintegro inmediato y el pago de salarios dejados de percibir. Argumentó que las pruebas utilizadas por la Procuraduría eran insuficientes y que las publicaciones en redes sociales correspondían a actos institucionales o a terceros.
El Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, le dio la razón el 5 de diciembre de 2025. Consideró que la suspensión carecía de motivación suficiente, se basaba en inferencias irrazonables y estereotipos de género, y no cumplía los requisitos del artículo 217 del Código General Disciplinario. En consecuencia, ordenó su reintegro y el pago de su remuneración.
La Procuraduría impugnó el fallo y el caso llegó al Consejo de Estado. La Subsección B de la Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, revocó la sentencia del Tribunal y negó la tutela. Según la alta corte, la suspensión sí cumplió con los requisitos legales y constitucionales, pues:
– Se identificó al funcionario en ejercicio de su cargo.
– Los hechos investigados podían constituir una falta gravísima.
– Existían elementos de juicio que permitían inferir riesgos de reiteración.
– La medida fue idónea, necesaria y proporcional.
El Consejo de Estado enfatizó que la tutela no puede convertirse en un mecanismo para impedir la efectividad de los instrumentos disciplinarios previstos por el legislador. Además, aclaró que la Procuraduría no incurrió en sesgos de género, ya que la decisión se basó en la posible intervención del alcalde en favor de la candidatura de su esposa, sin importar el rol de género de los involucrados.
La decisión reafirma la competencia de la Procuraduría para imponer medidas preventivas en procesos disciplinarios, incluso contra funcionarios de elección popular. El Consejo de Estado recordó que la vigilancia de la conducta de los servidores públicos es esencial para proteger la democracia, la transparencia electoral y la moralidad administrativa.
En este caso, la suspensión del alcalde de Barrancabermeja se consideró necesaria para evitar una indebida participación en política en el marco de las elecciones legislativas de 2026. El fallo también envía un mensaje sobre la importancia de que los jueces de tutela respeten las competencias de los órganos disciplinarios y no desvirtúen los requisitos normativos exigidos.
La defensa del alcalde sostuvo que la medida fue desproporcionada y que las pruebas no demostraban su responsabilidad subjetiva. Sin embargo, la Procuraduría y el Consejo de Estado coincidieron en que las publicaciones y actuaciones evidenciaban un riesgo real de intervención en favor de la candidatura de su cónyuge.
El caso ha generado debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios públicos y el alcance de las medidas disciplinarias. Mientras algunos sectores consideran que la suspensión protege la transparencia electoral, otros advierten que puede afectar el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.
El Consejo de Estado, al negar la tutela, ratificó la suspensión provisional del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y reafirmó la potestad de la Procuraduría para adoptar medidas preventivas en casos de presunta participación indebida en política.
