La elección de Laura Ahumada como senadora del Pacto Histórico reabre el debate sobre vacíos en la ley electoral. Aunque la Ley 617 impone fuertes inhabilidades locales, permite que familiares de mandatarios compitan a nivel nacional, generando preocupación en ciudades como Barrancabermeja por posibles influencias indebidas
Por: Jhon F Mieles Rueda/ Algunos aspectos de nuestra vida política, al ser analizados detenidamente, resultan difíciles de comprender. Yo mismo he cuestionado una contradicción que me parece profunda en la esencia misma de la democracia de este país. Por un lado, nuestras leyes establecen criterios de inelegibilidad bastante estrictos para prevenir conflictos de intereses en la política local. Por otro lado, parecen insuficientes en lo que respecta a los vínculos familiares con el poder.
En Colombia, por ejemplo, la ley es clara en varios puntos. Leyes como la Ley 617 de 2000 y la Ley 136 de 1994 establecen criterios de inelegibilidad para postularse a cargos como concejal o alcalde. Entre otras cosas, una persona no puede postularse si ha suscrito contratos con el Estado durante el año anterior a las elecciones, precisamente para evitar el uso de recursos públicos con fines políticos. También se aplican restricciones a los vínculos con administradores de recursos públicos, a fin de evitar cualquier confusión entre intereses privados y el ejercicio del poder.
Yo mismo en 2022 tuve que renunciar a un contrato de prestación de servicios con la alcaldía de mi municipio y quedarme más de un año sin empleo en lo público con tal de no transgredir la norma y poderme postular como candidato al concejo en las elecciones de 2023.
En teoría, todo esto busca proteger la transparencia del sistema. Y en principio suena lógico. Nadie quiere que alguien utilice contratos o relaciones directas con el Estado para montar una campaña política. Sin embargo, cuando uno mira con más detenimiento el sistema, aparecen vacíos que generan preguntas muy serias.
Un ejemplo reciente es lo ocurrido en Barrancabermeja. Allí, la primera dama del municipio, Laura Ahumada, fue recientemente elegida senadora de la República por la lista del Pacto Histórico en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo. Ahumada ocupaba la quinta posición en la lista cerrada de esa coalición, una lista que en Barrancabermeja logró más de 35 mil votos.
Y aquí es donde yo creo que vale la pena detenerse a reflexionar.
Porque, aunque legalmente pueda ser posible, el contexto político genera inquietudes inevitables. Un alcalde en ejercicio tiene un enorme poder político y administrativo. Maneja presupuestos públicos, lidera equipos de gobierno, tiene relación directa con contratistas y con múltiples actores locales. En muchos municipios de Colombia, la administración municipal también termina convirtiéndose querámoslo o no en una maquinaria política de gran influencia.
Por eso me pregunto: ¿es realmente sano para la democracia que la esposa de un alcalde en ejercicio pueda aspirar al Congreso sin que exista ninguna restricción clara?
No se trata de negar el derecho de nadie a participar en política. Ese derecho es fundamental. Pero también es cierto que la democracia necesita reglas que garanticen condiciones más equilibradas.
En el caso de Barrancabermeja, por ejemplo, durante la campaña circularon rumores persistentes en el ambiente político. Se decía que algunos contratistas de la administración municipal habrían sido presionados a trabajar electoralmente para la campaña de la primera dama, buscando votos para su aspiración al Senado.
Porque cuando existe una relación tan directa entre el poder administrativo y una campaña electoral familiar, la frontera entre lo institucional y lo político puede volverse muy difusa.
Y ahí es donde la ley debería ser mucho más clara.
Hoy tenemos normas muy estrictas para impedir que alguien que firmó un contrato con el Estado aspire a un concejo municipal o una alcaldía. Pero al mismo tiempo permitimos que el círculo más cercano del poder como el cónyuge de un alcalde participe en elecciones nacionales mientras ese mandatario sigue ejerciendo su cargo y su influencia política.
A mí, sinceramente, eso me parece una incoherencia enorme.
Si las inhabilitaciones existen para prevenir el abuso del poder público en la política, entonces también deberían aplicarse a situaciones como esta. De lo contrario, el espíritu de la ley se debilita.
No se trata de atacar a una persona en particular ni de cuestionar la legitimidad de un resultado electoral. Se trata de debatir algo más profundo: la coherencia de nuestras normas democráticas.
Considero esto grave porque si permitimos que el poder institucional se convierta en una ventaja electoral para una familia, abrimos la puerta a prácticas que pueden distorsionar la competencia política.
Por eso creo que este es un debate que el país debe abordar con seriedad. El Congreso, los expertos legales y la sociedad deben revisar estas lagunas y aclarar las reglas. La democracia no solo necesita elecciones, sino también garantías.
Y cuando las reglas permiten situaciones tan ambiguas como esta, lo mínimo que se puede decir es que algo no funciona como debería.
Francamente, me parece indignante que aún no hayamos corregido algo tan obvio
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*Profesional Agroforestal, escritor y político local.
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