Congresistas del Pacto Histórico solicitaron el retiro de Hollman Morris de la gerencia de RTVC tras denuncias de acoso sexual y laboral, en medio de un debate nacional sobre violencias de género en medios de comunicación y garantías institucionales.
En un pronunciamiento público realizado en el Congreso de la República, la bancada de mujeres del Pacto Histórico pidió la salida de Hollman Morris de la dirección de RTVC como una “medida de transparencia y garantía de no repetición”, en respuesta a las denuncias que han rodeado su trayectoria profesional.
La declaración fue leída por la representante María Fernanda Carrascal, quien enfatizó que la solicitud no implica un juicio anticipado, sino la necesidad de proteger los entornos laborales y la institucionalidad pública. “Instamos a que, en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”, señaló el comunicado.
El caso ha adquirido relevancia no solo por la posición que ocupa Morris dentro del sistema de medios públicos, sino también por el contexto en el que emergen las denuncias. Según las congresistas, existen señalamientos de acoso laboral dentro de RTVC que deben investigarse con garantías, mientras que las acusaciones de acoso sexual corresponden a hechos previos a su actual cargo. En ese sentido, advirtieron que dichos señalamientos “no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”.
Uno de los ejes del debate gira en torno a la denuncia interpuesta por la activista Lina Castillo, quien ha acusado a Morris de acoso laboral y sexual. El periodista, por su parte, presentó una denuncia por injuria y calumnia en su contra, lo que abrió un proceso judicial que recientemente fue reorientado por la Fiscalía.
La fiscal general Luz Adriana Camargo decidió reasignar el caso con un enfoque de género, al considerar que inicialmente la investigación se había concentrado en la denuncia presentada por Morris y no en las acusaciones de Castillo. Este giro ha sido valorado por las congresistas como un avance hacia una investigación más equilibrada.
El caso ha generado también una reacción amplia en sectores del periodismo y la sociedad civil. Más de un centenar de mujeres, entre periodistas, abogadas y escritoras, firmaron una carta pública bajo la etiqueta #NoAlPactoDeSilencio. En el documento, advierten sobre el riesgo de revictimización y exigen garantías para quienes denuncian. “La impunidad frente a las violencias basadas en género es responsabilidad de un sistema de justicia que aún no se compromete plenamente con su erradicación”, señala el texto.
Además de este proceso, Morris ha enfrentado cuestionamientos anteriores. La periodista María Antonia García de la Torre lo acusó de haberla besado sin consentimiento durante un encuentro en Madrid, mientras que su exesposa, Patricia Casas, lo señaló por presunta violencia machista. Estos antecedentes han sido retomados en el debate público, aunque no todos han derivado en procesos judiciales concluyentes.
El presidente Gustavo Petro ha mantenido hasta el momento a Morris en su cargo, lo que ha generado tensiones dentro de sectores del propio oficialismo. La solicitud de retiro por parte de las congresistas refleja una postura crítica que busca alinear las decisiones políticas con los principios de equidad de género que promueve el Gobierno.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de revisión de prácticas laborales en los medios de comunicación en Colombia. En las últimas semanas, denuncias de acoso sexual en Noticias Caracol han desencadenado un efecto en cadena que algunos analistas califican como un “MeToo del periodismo colombiano”.
Las denuncias en ese medio derivaron en la salida de figuras reconocidas como Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, y han impulsado la circulación de etiquetas como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, que agrupan testimonios y mensajes de respaldo a las víctimas.
En este escenario, la discusión sobre el caso Morris trasciende lo individual y se conecta con una transformación cultural en curso. Organizaciones, periodistas y líderes políticos coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia, evitar la revictimización y garantizar entornos laborales seguros.
Mientras avanzan las investigaciones, el futuro de Morris al frente de RTVC sigue siendo incierto. La presión política y social aumenta, y el caso se consolida como un punto de inflexión en el debate sobre poder, género y responsabilidad institucional en Colombia.
