Las elecciones entran en su fase decisiva marcada por un fenómeno inusual: los principales candidatos disputan banderas históricamente ajenas. Seguridad, igualdad de género y discurso antisistema se entrecruzan, redefiniendo estrategias, alianzas y mensajes en un escenario electoral cada vez más competitivo y volátil.
La campaña presidencial avanza hacia sus dos meses definitivos con una definición política atípica que desdibuja las fronteras ideológicas tradicionales. En lugar de una confrontación clara entre bloques, lo que emerge es una competencia por apropiarse de discursos que históricamente pertenecían al adversario. Esta semana dejó en evidencia que la disputa ya no se limita a programas o ideologías, sino a símbolos y banderas que buscan conectar con un electorado cambiante.
En el escenario actual confluyen tres grandes corrientes: una derecha tradicional que intenta ampliarse hacia el centro, una candidatura de ultraderecha que capitaliza el descontento antisistema y una izquierda que defiende la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, más allá de estas etiquetas, la dinámica real muestra un cruce constante de discursos que transforma el debate público.
Uno de los terrenos donde esta transformación resulta más evidente es la seguridad. Según la más reciente encuesta de Invamer, el orden público se posiciona como la principal preocupación de los colombianos, por encima de temas como la economía, el desempleo o la corrupción. Este dato ha llevado al Gobierno, pese a su identidad de izquierda, a asumir una postura más activa y visible en materia de seguridad.
La reciente operación militar contra estructuras disidentes de las antiguas FARC, en la que murieron varios integrantes del grupo armado, fue presentada por las Fuerzas Militares como un golpe estratégico. El presidente Gustavo Petro ha endurecido su discurso frente a estos actores, calificándolos como estructuras del narcotráfico y señalando directamente a sus líderes como objetivos prioritarios. “No se trata de insurgencia política sino de mafias armadas”, ha insistido el mandatario en distintos espacios públicos.
Este giro no ha estado exento de polémica. Durante años, el propio presidente fue crítico del uso de bombardeos como herramienta militar. Su reanudación en 2025 ha generado cuestionamientos tanto desde sectores de derechos humanos como desde la oposición, que señala incoherencias en su postura. Aun así, el Gobierno parece decidido a no ceder ese terreno discursivo. “La seguridad no puede ser patrimonio exclusivo de un sector político”, se ha reiterado desde el oficialismo.
El debate se intensificó tras el reciente accidente de una aeronave militar en el sur del país, considerado uno de los más graves en décadas. Más allá de las causas técnicas, aún sin esclarecer completamente, el episodio desató un cruce de responsabilidades entre el actual Gobierno y la administración anterior. Mientras el presidente cuestionó las condiciones de adquisición del avión, el expresidente Iván Duque defendió su idoneidad, señalando que “la aeronave cumplía con todos los estándares de operación”.
En medio de esta controversia, el anuncio de una inversión de 13 billones de pesos para fortalecer a las Fuerzas Armadas en la próxima década marcó un punto de inflexión. La decisión no solo responde a necesidades operativas, sino que envía un mensaje político claro en plena campaña. “No vamos a abandonar la responsabilidad de garantizar la seguridad del país”, afirmó el presidente en un reciente Consejo de Ministros.
Mientras la izquierda incursiona en un terreno tradicionalmente asociado a la derecha, esta última ha comenzado a explorar agendas que históricamente le resultaban ajenas. La candidatura de Paloma Valencia ilustra este movimiento con claridad. Tras imponerse en la consulta interna de su sector, la senadora ha buscado ampliar su discurso hacia temas de inclusión, diversidad y equidad de género.
Uno de los gestos más significativos en esa dirección fue la elección de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, una figura que se identifica con posturas de centro y que representa a sectores históricamente marginados dentro de la política conservadora. “Queremos construir un proyecto amplio que represente a todos los colombianos”, ha señalado la candidata en distintos eventos de campaña.
Pero el giro más llamativo se produjo cuando Valencia intervino en un caso de presunto acoso que involucraba a Acxan Duque, un alto funcionario del Gobierno. Al visibilizar la denuncia, se posicionó en un debate que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, especialmente tras una serie de denuncias en medios de comunicación que han reactivado discusiones en torno al movimiento Me Too en Colombia.
La rápida renuncia del funcionario implicado evidenció el impacto político del caso. Aunque el exviceministro de la Igualdad aseguró que se trató de “un error sin intención”, su salida fue interpretada como una señal de presión mediática y política. Para Valencia, el episodio representó una oportunidad de proyectarse como una voz activa en la defensa de los derechos de las mujeres, un terreno que tradicionalmente ha sido capitalizado por sectores progresistas.
Este movimiento también pone de relieve las tensiones internas dentro del oficialismo. Algunas figuras cercanas al Gobierno han sido cuestionadas por denuncias similares, lo que ha generado críticas sobre la coherencia del discurso feminista en el poder. “No puede haber doble rasero frente a las denuncias de acoso”, han advertido voces desde el Congreso.
En paralelo, la candidatura de ultraderecha de Abelardo de la Espriella mantiene una estrategia distinta, centrada en reforzar su imagen de outsider. Su discurso insiste en la necesidad de una mano dura frente al crimen y en el rechazo a las estructuras políticas tradicionales. En esa línea, ha ofrecido incluso apoyo legal gratuito a víctimas de acoso, aunque sin modificar el eje central de su narrativa.
“Este país necesita autoridad y orden, pero también justicia para quienes han sido ignorados”, declaró recientemente el candidato, buscando conectar con un electorado que desconfía de las instituciones. Su estrategia recuerda, en parte, la que permitió a figuras antisistema ganar protagonismo en elecciones recientes, apelando al descontento ciudadano como motor electoral.
Lo que resulta claro es que, en esta campaña, las fronteras ideológicas son cada vez más difusas. La derecha habla de igualdad de género, la izquierda enfatiza la seguridad y la ultraderecha intenta combinar ambas agendas con un discurso antisistema. Este cruce de narrativas responde a un electorado más fragmentado, menos leal a las identidades partidistas tradicionales y más sensible a temas concretos.
La recta final hacia la primera vuelta promete intensificar esta dinámica. Las campañas seguirán ajustando sus estrategias, midiendo el impacto de sus mensajes y buscando conectar con segmentos específicos del electorado. La posibilidad de una segunda vuelta se mantiene como un escenario altamente probable, lo que añade un componente adicional de cálculo político.
En ese contexto, la verdadera disputa no parece centrarse únicamente en quién obtendrá más votos, sino en quién logrará definir el marco del debate público. Las “banderas” —seguridad, igualdad, cambio— se han convertido en activos simbólicos que pueden inclinar la balanza electoral.
