El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia del comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana tras un fuerte enfrentamiento público sobre las causas del accidente aéreo en Putumayo que dejó 69 militares muertos, en medio de un debate técnico convertido en crisis política institucional.
La tensión entre el poder civil y la cúpula militar en Colombia volvió a escalar tras el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que dejó 69 militares muertos en el departamento de Putumayo. Lo que inició como un debate técnico sobre las causas del siniestro terminó transformándose en un pulso político que hoy pone en jaque la continuidad del comandante de esa institución.
El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del general Carlos Fernando Silva, apenas cuatro meses después de haberlo designado en el cargo. La decisión, confirmada por fuentes cercanas a la Presidencia, aún no ha sido oficializada, mientras el Ministerio de Defensa asegura no haber recibido instrucción formal.
El detonante del conflicto fue un cruce de versiones durante un Consejo de Ministros televisado, realizado un día después del accidente. En ese escenario, el jefe de Estado calificó la aeronave siniestrada como “chatarra” y atribuyó su antigüedad —más de cuatro décadas— como un factor determinante en la tragedia. “Lo que pasó es un vejestorio llevando tropas”, insistió el mandatario, reforzando una postura crítica sobre el estado del equipamiento militar.
La aeronave en cuestión, un Lockheed C-130 Hercules, había sido donada por Estados Unidos en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Para Petro, este tipo de adquisiciones reflejan una política de defensa basada en equipos obsoletos, lo que —según su visión— compromete la seguridad de las tropas.
Sin embargo, la respuesta del comandante Silva fue inmediata y técnica. Con más de 8.000 horas de vuelo acumuladas, el oficial defendió la operatividad de la aeronave, asegurando que aún contaba con cerca de 20.000 horas disponibles. “Tenemos aviones que tienen 80 años”, afirmó, sugiriendo que la antigüedad no es, por sí sola, un indicador de riesgo si se cumplen los mantenimientos adecuados.
El intercambio evidenció una fractura entre la visión política del Gobierno y el criterio técnico de la Fuerza Aeroespacial. Incluso, el presidente cuestionó los cálculos del oficial en plena transmisión: “¿Analizando sus datos, el avión podría durar un siglo?”, a lo que Silva respondió sin titubeos: “Así es, presidente”.
Más allá del debate sobre la vida útil de la aeronave, la controversia escaló por la interpretación política del momento. Desde el entorno presidencial se considera que el comandante perdió una oportunidad clave para respaldar la agenda del Gobierno en materia de modernización militar. “Desaprovechó un espacio donde podía haber pedido que necesitábamos renovar la flota aérea”, señalaron fuentes cercanas a la Casa de Nariño.
En ese contexto, el Ejecutivo ha insistido en la urgencia de avanzar en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social que permita destrabar inversiones estratégicas para renovar las capacidades de las Fuerzas Armadas. La modernización de la flota aérea es uno de los puntos centrales de esa hoja de ruta.
El trasfondo del conflicto revela un choque más profundo: la relación entre la autonomía técnica de las Fuerzas Militares y la dirección política del Gobierno. Mientras los mandos castrenses defienden criterios operativos y de mantenimiento, el presidente busca impulsar un cambio estructural que justifique nuevas inversiones en defensa.
La eventual salida del general Silva también abre interrogantes sobre la estabilidad en la cúpula militar. Su posible relevo, tras casi cuatro décadas de carrera, podría enviar un mensaje contundente sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, pero también generar inquietudes internas sobre la politización de decisiones técnicas.
Por ahora, el proceso administrativo sigue su curso. La solicitud de renuncia debe ser tramitada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, instancia encargada de formalizar nombramientos y retiros. En paralelo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien además fue comandante de la FAC, se encuentra en una posición compleja: mediar entre la institucionalidad militar y las directrices del presidente.
Entretanto, las causas del accidente continúan bajo investigación oficial. Ninguna autoridad ha establecido aún responsabilidades definitivas, lo que mantiene abierto el debate sobre si la tragedia fue producto de fallas técnicas, humanas o estructurales.
