En Colombia, cada elección representa una oportunidad para decidir el rumbo del país. Para las comunidades campesinas, votar significa mucho más que elegir gobernantes: es defender la tierra, la producción de alimentos y el reconocimiento de sus derechos en la construcción nacional.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ Durante décadas, el campo colombiano ha sostenido la seguridad alimentaria del país mientras enfrenta pobreza, abandono estatal y desigualdad en el acceso a la tierra. Las elecciones al Congreso y la Presidencia en 2026 definirán si las políticas rurales avanzan hacia la justicia territorial o continúan las brechas históricas entre campo y ciudad. Hablar del campo colombiano es hablar del origen mismo del país. Antes de que existieran las grandes ciudades como centros de poder económico, fueron las manos campesinas las que garantizaron la alimentación de la población y sostuvieron la vida en los territorios. Sin embargo, esa realidad histórica no se ha traducido en igualdad de oportunidades ni en inversión suficiente para las comunidades rurales.
Las elecciones del Congreso en marzo de 2026 y la elección presidencial en mayo del mismo año representan un momento decisivo para definir si el país avanza hacia una política agraria más justa o si continúa repitiendo modelos que han mantenido al campesinado en condiciones de desigualdad frente a las ciudades. Hoy el campo colombiano sigue siendo el principal soporte de la seguridad alimentaria nacional. El Ministerio de Agricultura ha señalado que cerca del 70% de los alimentos frescos que consumen los colombianos provienen de la agricultura familiar campesina, especialmente productos básicos como papa, maíz, fríjol, hortalizas y frutas. Este aporte estratégico contrasta con las dificultades estructurales que enfrentan miles de productores rurales.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cerca del 30% de la población colombiana vive en zonas rurales o rurales dispersas. A pesar de esta presencia significativa, las regiones rurales concentran mayores niveles de pobreza. En 2022, la pobreza monetaria rural alcanzó el 42,9%, mientras que en las zonas urbanas fue del 36,6%. Esta diferencia refleja una brecha histórica en acceso a oportunidades.
Uno de los temas centrales del debate electoral será el acceso a la tierra. El Censo Nacional Agropecuario evidenció que el 1% de las fincas más grandes concentra cerca del 81 % del área productiva del país. Esta concentración limita las posibilidades de desarrollo para miles de familias campesinas que dependen de pequeñas parcelas para sostener sus proyectos productivos.
La Reforma Rural Integral incluida en el Acuerdo de Paz continúa siendo uno de los compromisos más importantes del Estado colombiano con el campo. Según la Agencia Nacional de Tierras, en los últimos años se han formalizado más de 1,2 millones de hectáreas y entregado más de 300.000 hectáreas a familias campesinas. Sin embargo, la meta nacional es distribuir tres millones de hectáreas y formalizar siete millones adicionales.
Esto significa que la continuidad de la reforma agraria dependerá en gran medida de las mayorías políticas que resulten elegidas en el Congreso 2026. Desde allí se aprueban presupuestos y leyes que permiten avanzar o detener los procesos de acceso a tierra, formalización predial y desarrollo rural. Otro elemento clave será el fortalecimiento de la producción campesina. En muchas regiones del país los agricultores deben recorrer largas distancias para comercializar sus productos debido al mal estado de las vías terciarias. El Instituto Nacional de Vías ha señalado que más del 70% de esta red presenta algún nivel de deterioro, lo que encarece el transporte y reduce los ingresos de los productores. Esta situación no solo afecta al campesinado. También impacta el precio de los alimentos en las ciudades. Cuando el campo enfrenta dificultades para transportar su producción, el costo lo termina asumiendo toda la sociedad.
Las elecciones presidenciales de 2026 también definirán el rumbo de la política agropecuaria nacional. Dependiendo de la orientación del próximo gobierno, el país podrá avanzar en programas de acceso a tierra, fortalecimiento de mercados campesinos, crédito rural y desarrollo territorial o podría ralentizar estos procesos. La infraestructura básica sigue siendo otro desafío estructural del campo colombiano. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, solo el 52% de los hogares rurales cuenta con acceso continuo a agua potable, mientras que en zonas urbanas la cobertura supera el 85%. Esta diferencia refleja la necesidad de una inversión más decidida en servicios públicos rurales.
La conectividad digital también muestra una brecha significativa. Datos del Ministerio de Tecnologías de la Información indican que menos del 40% de los hogares rurales tiene acceso a internet, frente a más del 70% en zonas urbanas. Esta desigualdad limita las oportunidades educativas y productivas de las comunidades campesinas.
Otro tema fundamental será el futuro de los jóvenes rurales. El Censo Nacional Agropecuario evidenció que la edad promedio de los productores agrícolas supera los 50 años. Esto demuestra que muchos jóvenes están migrando hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales y educativas que no encuentran en sus territorios. Sin relevo generacional en el campo, el país enfrenta riesgos en su capacidad futura de producción de alimentos. Por eso las políticas dirigidas a la juventud rural deben ocupar un lugar prioritario en la agenda del próximo Congreso y del próximo gobierno.
Las elecciones de 2026 también tendrán impacto en la construcción de paz territorial. Muchas regiones rurales continúan enfrentando dificultades relacionadas con economías ilegales y conflictos por el control del territorio. Según la Unidad para las Víctimas, más de 8,8 millones de colombianos han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado, la mayoría provenientes de zonas rurales. Garantizar condiciones de seguridad en los territorios es indispensable para avanzar en el desarrollo rural. Sin seguridad no hay inversión productiva, ni permanencia en el territorio, ni posibilidades reales de progreso para las comunidades campesinas.
El sector agropecuario continúa siendo un motor importante de la economía nacional. En 2024, el DANE reportó que la actividad agrícola registró un crecimiento cercano al 6%, lo que demuestra que invertir en el campo no es solo una decisión social, sino también una estrategia económica para el país.
Reconocer la dignidad campesina significa entender que el desarrollo nacional no puede construirse únicamente desde las ciudades. Colombia necesita fortalecer su campo para garantizar la producción de alimentos, proteger los recursos naturales y reducir las desigualdades históricas entre regiones.
Las elecciones de Congreso y Presidencia en 2026 representan entonces una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y el campo colombiano. No se trata únicamente de elegir representantes. Se trata de decidir si el país continuará viendo el campo como periferia o si finalmente lo reconocerá como un actor central del desarrollo nacional.
En ese escenario, el voto campesino y el voto ciudadano consciente pueden marcar la diferencia en la construcción de un futuro donde la dignidad rural deje de ser una promesa pendiente y se convierta en una realidad para millones de familias colombianas.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Fuentes:
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – Censo Nacional Agropecuario (2014) y actualizaciones rurales: distribución de población rural, pobreza multidimensional y características del campesinado colombiano.
Registraduría Nacional del Estado Civil Estadísticas electorales oficiales: número de votantes rurales, participación por municipios y resultados históricos por regiones.
Misión de Observación Electoral (MOE) – Informes sobre comportamiento electoral rural, riesgos electorales, participación y democracia territorial.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) – Informes sobre desarrollo rural, pobreza campesina, seguridad alimentaria y rol del campesinado en América Latina.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Colombia) – Estudios sobre desigualdad territorial, gobernanza rural y brechas urbano-rurales.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Datos sobre producción campesina, economía rural y políticas públicas agrarias.
Observatorio de Tierras – Informes sobre concentración de la tierra, acceso rural y conflictos territoriales.
