El caso de Catalina Giraldo abre una discusión sin precedentes en Colombia sobre el acceso a la muerte digna en pacientes con enfermedades mentales. Su solicitud de suicidio médicamente asistido enfrenta vacíos legales, dilemas éticos y cuestionamientos sobre autonomía, salud pública y el papel del Estado.
La historia de Catalina Giraldo ha puesto en el centro del debate público colombiano una pregunta incómoda, compleja y urgente: ¿puede una persona con sufrimiento mental profundo, persistente e incapacitante decidir poner fin a su vida con asistencia médica?
Giraldo, de 30 años, no solo busca acceder a la Asistencia Médica al Suicidio (AMS), una práctica despenalizada en Colombia desde 2022, sino que aspira a hacerlo bajo un argumento inédito en el país: que su padecimiento no es físico, sino psicológico. Su caso, acompañado por el DescLab, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre autonomía individual, regulación estatal y comprensión de la salud mental.
Durante una década, Giraldo ha vivido bajo tratamientos intensivos. Sus diagnósticos —trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastornos de ansiedad— la han llevado a transitar por al menos cuarenta esquemas farmacológicos, múltiples hospitalizaciones psiquiátricas, terapias electroconvulsivas y tratamientos con ketamina. Ninguno, según su relato y el de sus médicos, ha logrado una mejoría sostenida.
Ese historial clínico es clave en su solicitud. Según el equipo jurídico que la acompaña, su condición cumple con los criterios de sufrimiento persistente e insoportable. “Se trata de una vida marcada por el dolor constante, sin expectativas reales de alivio”, señala un documento del proceso. Para Giraldo, continuar viviendo en esas condiciones resulta incompatible con su idea de dignidad.
La AMS, a diferencia de la eutanasia, implica que es el propio paciente quien se administra el medicamento prescrito por un médico para provocar su muerte. Esta práctica fue despenalizada por la Corte Constitucional de Colombia, que argumentó que si ya se permitía la eutanasia, con mayor razón debía reconocerse el derecho a una muerte asistida en la que el paciente tiene mayor control sobre el proceso.
“Quien pretende acudir a la ayuda de un médico para la AMS, lo hace en ejercicio de su autonomía personal”, sostuvo la Corte en su sentencia. Sin embargo, dejó un vacío crucial: no definió con claridad si ese derecho aplica en casos donde el sufrimiento tiene origen exclusivamente mental.
Para la bioeticista Diana Rocío Bernal, el caso plantea una tensión estructural en el sistema de salud y en el orden jurídico. “El Estado tiene la obligación de prevenir el suicidio como un problema de salud pública, pero también debe garantizar el derecho a morir dignamente”, explica. A primera vista, ambas obligaciones parecen incompatibles.
No obstante, Bernal propone una lectura distinta. “La prevención del suicidio busca evitar actos impulsivos, traumáticos y no acompañados. El suicidio médicamente asistido, en cambio, se enmarca en decisiones informadas, conscientes y acompañadas clínicamente”, afirma. En ese sentido, no serían categorías necesariamente opuestas, sino fenómenos distintos que requieren respuestas diferenciadas.
El problema, sin embargo, es la falta de regulación. Aunque la Corte despenalizó la AMS, ni el Congreso ni el Ministerio de Salud han establecido normas claras para su implementación. Esa omisión ha generado incertidumbre tanto para los pacientes como para los médicos.
“Estamos ante un derecho reconocido pero no reglamentado”, advierte un jurista consultado. “Eso crea barreras de acceso y deja a los profesionales de la salud en una zona gris, sin criterios definidos”.
Esa ausencia normativa es particularmente crítica en casos como el de Giraldo. La medicina, tradicionalmente, ha abordado de manera distinta las enfermedades físicas y las mentales. Mientras las primeras pueden ser observadas en tejidos y órganos, las segundas se manifiestan en la esfera subjetiva, lo que dificulta su evaluación en términos de irreversibilidad.
La médica Natalia Cáceres Duque insiste en que esta distinción es fundamental. “No es lo mismo una enfermedad incurable que una enfermedad grave”, explica. “Una incurable es progresiva, irreversible y solo admite cuidados paliativos. Una grave puede ser tratable, incluso si implica un alto riesgo”.
En el campo de la salud mental, esa línea es aún más difusa. “Para la medicina es muy difícil determinar cuándo un trastorno mental es verdaderamente irreversible”, añade Cáceres. Por eso, considera indispensable que cada caso sea evaluado con extremo rigor.
Ese rigor implica analizar no solo el diagnóstico, sino también la trayectoria del paciente, su respuesta a tratamientos y su capacidad de tomar decisiones informadas. En el caso de la AMS, este último punto es crucial.
La jurisprudencia colombiana establece que el derecho a morir dignamente solo puede ejercerse si la decisión es “consciente, voluntaria e informada”. Pero, ¿cómo se garantiza esa condición en pacientes cuya enfermedad afecta precisamente su estado emocional y cognitivo?
Para la psicóloga Johana Taborda, esta es una de las preguntas más complejas del debate. “La ideación suicida puede estar vinculada a trastornos mentales, pero también a factores contextuales como el estrés o el trauma”, explica. En muchos casos, dice, el acompañamiento terapéutico permite transformar esa narrativa y reconstruir el deseo de vivir.
“Cuando una persona recibe apoyo oportuno, puede desarrollar herramientas que cambian su relación con el sufrimiento”, afirma. Sin embargo, reconoce que existen casos en los que ese cambio no ocurre. “Hay pacientes en los que el dolor persiste, se repite y no responde a tratamientos. Allí la discusión es diferente”.
En esos escenarios, la idea de la muerte deja de ser un impulso momentáneo y se convierte en una constante. “No es una crisis pasajera, es una condición permanente”, señala Taborda. “La persona no ve alternativas reales de mejoría”.
Ese parece ser el caso de Giraldo. Su historial clínico, sumado a la persistencia de sus síntomas, ha llevado a su equipo jurídico a argumentar que su solicitud no responde a un momento de desesperación, sino a una decisión sostenida en el tiempo.
Aun así, sus solicitudes han sido rechazadas en instancias judiciales previas. Los jueces han considerado que no existen garantías suficientes para autorizar el procedimiento, precisamente por la naturaleza de su enfermedad.
Ahora, el caso podría llegar nuevamente a la Corte Constitucional de Colombia, que deberá decidir si lo selecciona para revisión. De hacerlo, tendría la oportunidad de establecer un precedente histórico sobre los límites del derecho a morir dignamente en Colombia.
El debate no es exclusivo del país. En naciones como España, la eutanasia está regulada bajo criterios estrictos que incluyen enfermedades graves e incurables o padecimientos insoportables. Sin embargo, incluso allí, la inclusión de enfermedades mentales como criterio sigue siendo objeto de controversia.
En Colombia, la discusión apenas comienza. Más allá del caso individual, lo que está en juego es la definición misma de dignidad, autonomía y sufrimiento.
“Estamos ante un dilema que no tiene respuestas simples”, señala un experto en bioética. “Se trata de equilibrar el respeto por la decisión individual con la protección de personas en situación de vulnerabilidad”.
Esa vulnerabilidad, según algunos especialistas, no puede analizarse sin tener en cuenta factores sociales y culturales. Las desigualdades, los estigmas y las barreras de acceso a la salud mental influyen en la forma en que las personas experimentan y enfrentan el sufrimiento.
Taborda subraya que la prevención del suicidio debe ir más allá del ámbito clínico. “No podemos desligarla de los contextos sociales, de los roles de género y de las inequidades”, afirma. En ese sentido, el caso de Giraldo también refleja las limitaciones del sistema de salud para ofrecer respuestas efectivas a largo plazo.
Mientras tanto, el país observa. El caso ha generado reacciones divididas, entre quienes defienden el derecho de Giraldo a decidir sobre su vida y quienes advierten sobre los riesgos de abrir la puerta a este tipo de solicitudes.
En medio de ese debate, la protagonista sigue esperando. Su historia, más allá de las posiciones encontradas, ha logrado algo indiscutible: obligar a Colombia a mirarse en un espejo incómodo y preguntarse hasta dónde está dispuesta a reconocer la autonomía de sus ciudadanos.
