El Tribunal Administrativo de Santander anuló nuevamente la elección de Elkin Reyes como alcalde de Oiba, al determinar que estaba inhabilitado para participar en las elecciones atípicas de 2025. La decisión, que será apelada ante el Consejo de Estado, deja al municipio en incertidumbre política y administrativa.
El Tribunal Administrativo de Santander volvió a pronunciarse sobre la situación política de Oiba y, con ello, sobre la suerte de su alcalde, Elkin Reyes Plata. En una decisión que sacudió la vida institucional del municipio, los magistrados anularon por segunda vez su elección, al considerar que estaba inhabilitado para participar en los comicios atípicos de mayo de 2025. La noticia, que se conoció esta semana de abril de 2026, dejó a la población en un estado de incertidumbre y abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de la localidad.
La escena frente a la Alcaldía fue reveladora: Reyes, quien había retomado funciones tras ganar las elecciones extraordinarias, debió salir nuevamente del despacho oficial. El fallo lo obliga a dejar el cargo y a enfrentar un proceso que, según sus abogados, será apelado ante el Consejo de Estado. La comunidad, que ya había vivido la primera nulidad en 2024 por trashumancia electoral, se encontró otra vez con la sensación de que su voto no tenía un desenlace definitivo.
El argumento central del Tribunal giró en torno a la inhabilidad prevista en la Ley 136 de 1994. Según los magistrados, Reyes ejerció autoridad administrativa y manejó recursos públicos dentro del año previo a las elecciones de mayo de 2025. Esa circunstancia lo hacía inelegible, pese a que él insistió en que la nulidad de su primera elección tenía efectos retroactivos y que, por tanto, nunca habría ejercido formalmente como alcalde. La defensa fue desestimada.
La decisión no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas y sociales. En Oiba, un municipio de tradición agrícola y comercial, la repetición de procesos electorales genera desgaste institucional y económico. Los habitantes expresan preocupación por el costo de organizar nuevas elecciones y por la falta de continuidad en los proyectos locales. “Cada vez que hay un cambio, los programas se detienen y la gente pierde confianza”, comentó un líder comunitario en la plaza principal.
El caso de Reyes se ha convertido en un ejemplo de las tensiones entre la voluntad popular y el cumplimiento estricto de las normas de inhabilidad en Colombia. Para algunos juristas, la decisión reafirma la necesidad de aplicar la ley sin excepciones, incluso cuando ello implique desconocer el resultado de las urnas. Para otros, la situación refleja vacíos normativos que deberían ser revisados para evitar que los municipios queden atrapados en ciclos de elecciones y nulidades.
Mientras tanto, la administración de Oiba queda en manos de una designación provisional. La Gobernación de Santander deberá nombrar un alcalde encargado mientras se define si habrá nuevas elecciones o si el Consejo de Estado revoca la nulidad. En cualquier escenario, el municipio enfrenta un vacío de liderazgo que afecta la ejecución de obras y la gestión de recursos.
La historia de Reyes, marcada por dos anulaciones consecutivas, es también la historia de un pueblo en procura de estabilidad. En las calles, los ciudadanos se preguntan qué pasará con los proyectos de infraestructura, con los programas sociales y con la representación política de Oiba en la región. La incertidumbre se mezcla con la resignación, y muchos temen que el desenlace tarde meses en llegar.
El desenlace de este proceso dependerá ahora del Consejo de Estado, que tendrá la última palabra. Si confirma la nulidad, Oiba deberá enfrentar nuevamente unas elecciones atípicas. Si la revoca, Reyes podría regresar al cargo, aunque con un desgaste político evidente. En cualquier caso, el municipio seguirá siendo protagonista de un debate nacional sobre la aplicación de las inhabilidades y la estabilidad democrática en las regiones.
Oiba, un municipio que anhela tranquilidad y desarrollo, deberá esperar la decisión definitiva para saber quién conducirá su destino en el periodo 2024–2027.
Contexto del caso
Primera nulidad (2024): El Consejo de Estado anuló la elección inicial de Reyes por trashumancia electoral, es decir, traslado irregular de votos.
Elecciones atípicas (mayo 2025): Tras la destitución, la Registraduría convocó comicios extraordinarios en los que Reyes volvió a participar y resultó elegido.
Nueva nulidad (abril 2026): El Tribunal concluyó que Reyes ejerció autoridad administrativa y manejó recursos públicos dentro del año previo a las elecciones, lo que configuró una inhabilidad según la Ley 136 de 1994.
Argumentos jurídicos
Inhabilidad por ejercicio de autoridad: Reyes firmó contratos y decretos hasta enero de 2025, lo que lo hacía inelegible para las elecciones de mayo.
Prohibición de reelección inmediata: La jurisprudencia colombiana establece que no existe la reelección consecutiva en alcaldías.
Defensa de Reyes: Alegó que la nulidad de su primera elección tenía efectos retroactivos, por lo que nunca habría ejercido formalmente como alcalde. El Tribunal desestimó este argumento.
Reacciones
Abogados especialistas: Señalan que el caso es un precedente sobre la aplicación estricta de las inhabilidades, pues Reyes participó en elecciones apenas meses después de su destitución.
Ciudadanía de Oiba: La comunidad expresa preocupación por la repetición de procesos electorales y el gasto público que implican.
Consejo de Estado: Será la instancia que defina en segunda apelación si confirma o revoca la nulidad.
Impacto en Oiba
Administrativo: El municipio queda sin alcalde en firme, lo que obliga a una designación provisional o a nuevas elecciones.
Político: Se genera un vacío de liderazgo y un desgaste institucional por la repetición de procesos.
Económico: Los costos de organizar elecciones atípicas afectan las finanzas locales.
