El sicariato, el microtráfico, la extorsión y la deserción escolar ya no son noticia en Piedecuesta: son parte del paisaje cotidiano. Un municipio que alguna vez fue sinónimo de tranquilidad enfrenta hoy su peor crisis de seguridad, agravada por la posible llegada de nuevos grupos delincuenciales.
Por: Oscar Humberto Cote Cote/ El municipio de Piedecuesta ha dejado de ser el territorio tranquilo que muchos recordaban con orgullo. Lo que antes eran hechos aislados hoy se ha transformado en una constante alarmante: el sicariato ya no sorprende, empieza a normalizarse. Y cuando una sociedad se acostumbra a la violencia, lo que realmente está en riesgo no es solo la seguridad, sino su propia esencia.
En lo que va de 2026, se han registrado al menos 18 homicidios bajo esta modalidad, superando las cifras del año anterior. Pero más allá del número, lo verdaderamente preocupante es lo que este representa: una tendencia sostenida al alza que no parece encontrar contención. A esto habría que sumarle los heridos, que muchas veces quedan fuera del debate público, pero que hacen parte del mismo fenómeno de violencia.
El panorama se torna aún más crítico cuando se analiza en contexto. Hoy, las cifras de homicidios en Piedecuesta ya superan las de territorios históricamente golpeados por la violencia en Colombia, como Arauca, el Catatumbo o algunas zonas del Cauca, donde confluyen economías ilícitas, presencia de grupos armados y confrontaciones abiertas.
Más grave aún, al analizar estos datos en proporción al número de habitantes, Piedecuesta se posiciona hoy como uno de los municipios con mayores tasas de muertes violentas en el país. No se trata entonces de una percepción exagerada: es una realidad medible y profundamente preocupante.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Cómo es posible que Piedecuesta esté alcanzando estos niveles históricos de violencia sin estar —al menos en apariencia— en medio de un conflicto armado como el de esas regiones?
Parte de la respuesta está en las limitaciones estructurales. El municipio ha enfrentado esta escalada con un pie de fuerza reducido. A inicios de 2024, apenas 87 efectivos de la Policía Nacional de Colombia tenían a su cargo la seguridad de cerca de 200.000 habitantes. Aunque desde la administración municipal se ha hablado de un incremento del personal policial durante los últimos dos años, cercano a 40 uniformados, la imposibilidad de verificar esta información —pese a haberse solicitado formalmente mediante derechos de petición—, al ser catalogada como reservada, deja más interrogantes que respuestas.
Ante la falta de claridad institucional, resulta razonable pensar que lo que se presenta como un incremento de personal podría corresponder, en realidad, a la implementación de la figura operativa de la denominada «fuerza disponible»: una estrategia que, lejos de representar un aumento estructural del cuerpo de seguridad, se basa en uniformados movilizados temporalmente para atender situaciones específicas. Es decir, no se trataría de más policías permanentes en el territorio, sino de una redistribución momentánea de recursos ya existentes.
Mientras tanto, la percepción de seguridad continúa deteriorándose. El sicariato avanza, pero también lo hace el microtráfico, que ha comenzado a apropiarse de barrios y espacios públicos. Lo más preocupante no es solo su expansión, sino su normalización. Hoy, lo que antes generaba alarma empieza a verse como parte del paisaje cotidiano.
Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Una de ellas es el aumento de la deserción escolar, fenómeno que se alimenta directamente del avance del microtráfico. Cada vez más jóvenes abandonan las aulas, atraídos por economías ilegales que ofrecen ingresos inmediatos en contextos de ausencia institucional. Un adolescente que cambia el estudio por la ilegalidad no solo pierde su futuro: evidencia una derrota de toda la sociedad.
Pero este no es un hecho aislado. Es el resultado de la ausencia de políticas sociales serias que contengan el avance desbordado del microtráfico, sumado a una evidente crisis pedagógica en muchas instituciones educativas, que hoy enfrentan el reto de convencer a sus estudiantes de que es más valioso para su vida —y para la sociedad— leer un libro, formarse y construir un proyecto de vida, que dejarse seducir por el dinero fácil o por el falso poder que puede representar un arma. A esto se suma una corresponsabilidad ineludible de las familias, que deben estar atentas al uso del tiempo libre de sus hijos y mantener un diálogo constante que les permita orientar sus decisiones en momentos críticos.
A este escenario se suma una advertencia preocupante de la Defensoría del Pueblo, que evalúa la emisión de una nueva alerta temprana para el área metropolitana, incluyendo a Piedecuesta, ante la posible llegada de un nuevo actor armado que disputaría el control del microtráfico. Este hecho podría agudizar la criminalidad ya existente y profundizar aún más el deterioro de la calidad de vida de los piedecuestanos.
Es aquí donde surge uno de los interrogantes más inquietantes: ¿Qué hace tan atractivo a Piedecuesta y a los municipios del área metropolitana para los grupos delincuenciales que promueven el microtráfico y las extorsiones?
La respuesta parece clara, aunque incómoda: un territorio con baja presencia estatal efectiva, limitada capacidad operativa y ausencia de estrategias innovadoras en materia educativa y de seguridad, sumado a una posible permeabilización de autoridades administrativas y policiales por parte de grupos al margen de la ley, se convierte en un escenario propicio para la expansión del crimen. Donde el riesgo de ser capturado es bajo y la rentabilidad de la actividad ilícita es alta, el delito encuentra terreno fértil.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
