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Defensora Marina Gallego alerta sobre retrocesos sociales y paz territorial colombiana

Defensora Marina Gallego alerta sobre retrocesos sociales y paz territorial colombiana

La reducción de recursos internacionales para organizaciones sociales y de mujeres en Colombia, sumada al complejo escenario electoral y al recrudecimiento de la violencia en varias regiones, genera preocupación entre defensoras de derechos humanos. Marina Gallego advierte que el país enfrenta un momento decisivo para preservar los avances alcanzados en paz y equidad.

La incertidumbre política y financiera rodea actualmente a decenas de organizaciones sociales en Colombia. Entre ellas, la Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento feminista y pacifista con casi tres décadas de trabajo en territorios golpeados por el conflicto armado, enfrenta un panorama complejo por los recortes de cooperación internacional y la polarización política previa a las elecciones presidenciales.

Marina Gallego, fundadora y coordinadora de la organización, aseguró que el contexto actual representa uno de los mayores desafíos para los procesos comunitarios y de defensa de derechos humanos construidos durante años en el país. “Si se siguen retirando agencias de cooperación, muchas organizaciones van a quedar gravemente afectadas”, advirtió durante una visita a Madrid, donde sostuvo reuniones con sectores políticos y organizaciones internacionales.

La activista explicó que la reducción de recursos internacionales coincide con un momento especialmente delicado para Colombia. A pocos meses de cumplirse una década de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las antiguas FARC, persisten retrasos en la implementación de compromisos relacionados con el enfoque de género y la reparación integral de víctimas.

Según datos recientes citados por organizaciones de seguimiento al acuerdo, apenas una pequeña parte de las medidas pactadas para garantizar derechos de las mujeres ha sido implementada. Paralelamente, varias regiones del país viven un recrudecimiento de la violencia por disputas territoriales entre grupos armados ilegales.

Gallego sostuvo que esa combinación de factores amenaza directamente el trabajo territorial de organizaciones comunitarias. “El acompañamiento a las mujeres víctimas y a las comunidades requiere estabilidad, recursos y presencia permanente. Sin eso, muchas iniciativas pueden desaparecer”, expresó.

La Ruta Pacífica de las Mujeres agrupa cerca de 300 organizaciones feministas en diferentes departamentos colombianos. Desde mediados de la década de los noventa ha trabajado en procesos de memoria, reparación simbólica, acompañamiento psicosocial y construcción de paz.

La organización también ha impulsado investigaciones sobre los impactos diferenciados de la guerra sobre las mujeres. Uno de sus mayores hitos fue la creación de una Comisión de Verdad y Memoria de las Mujeres, incluso antes de que el Estado colombiano implementara mecanismos oficiales relacionados con la verdad y la reparación.

“Las mujeres dejaron de ser receptoras pasivas de ayudas. Hoy muchas lideran procesos organizativos, comunitarios y políticos”, afirmó Gallego, al destacar los avances obtenidos durante los últimos años.

Sin embargo, el panorama económico preocupa. El cierre de programas financiados por agencias internacionales, especialmente tras la salida de USAID, ha generado incertidumbre en múltiples organizaciones sociales. Colombia era uno de los principales receptores de cooperación estadounidense en América Latina para proyectos humanitarios, ambientales y de fortalecimiento institucional.

La Ruta Pacífica tenía programas relacionados con protección de mujeres y atención psicosocial en regiones vulnerables. Algunos de esos proyectos quedaron suspendidos o reducidos tras los cambios en la cooperación internacional.

“Por fortuna no dependíamos completamente de esos recursos, pero otras organizaciones sí quedaron muy afectadas”, señaló Gallego.

Además de los efectos sobre organizaciones sociales, la activista alertó sobre el impacto que los recortes pueden tener en entidades estatales vinculadas a la implementación del acuerdo de paz. Instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Defensoría del Pueblo y otras oficinas territoriales también han sufrido disminuciones presupuestales.

La situación ocurre en medio de un escenario electoral altamente polarizado. Colombia elegirá presidente en las próximas semanas y la discusión política gira en torno a la continuidad o ruptura de las políticas impulsadas por el actual gobierno progresista.

Gallego considera que parte de la oposición política interpreta el triunfo de Gustavo Petro como un hecho excepcional y pasajero, pero asegura que el resultado electoral de 2022 respondió a transformaciones sociales más profundas.

“La oposición cree que Petro fue una anomalía, pero no lo fue. Era un cambio que el país necesitaba”, afirmó la defensora de derechos humanos.

Para la activista, el debate político colombiano no puede desligarse de las profundas desigualdades sociales y territoriales existentes en el país. “La desigualdad en Colombia necesita tratamiento intensivo. Ese sigue siendo el problema estructural”, señaló.

Aunque reconoce dificultades en la implementación de políticas públicas y en los procesos de paz adelantados por el Gobierno, Gallego también destaca que durante los últimos años hubo una mayor inversión estatal en proyectos territoriales y comunitarios.

“Hubo recursos importantes dirigidos directamente a las comunidades. Eso ayudó a sostener procesos locales y fortalecer organizaciones”, explicó.

No obstante, teme que un eventual cambio de orientación política reduzca nuevamente el respaldo institucional a iniciativas sociales y territoriales. Según indicó, eso podría generar nuevas movilizaciones ciudadanas y tensiones sociales.

La defensora de derechos humanos también se refirió al deterioro del panorama de seguridad en regiones donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Señaló que la falta de acuerdos definitivos con estructuras como el ELN y las disidencias ha dificultado el trabajo humanitario.

“Cada vez es más complejo acompañar comunidades donde la violencia sigue activa”, expresó.

Pese al contexto adverso, Gallego mantiene una visión optimista sobre la capacidad de resistencia del movimiento feminista colombiano. Considera que la estructura territorial construida por la Ruta Pacífica durante décadas permite sostener el trabajo incluso en momentos de crisis financiera.

Actualmente la organización tiene presencia en más de un centenar de municipios mediante coordinaciones regionales integradas por lideresas locales. Ese modelo descentralizado, explica Gallego, ha sido fundamental para mantener el acompañamiento directo a las comunidades.

“Las mujeres de los territorios son quienes sostienen estos procesos. Ellas conocen sus realidades y mantienen vivo el trabajo organizativo”, afirmó.

La dirigente también recordó que las mujeres han desempeñado un papel central en los procesos de construcción de memoria histórica y exigencia de verdad sobre el conflicto armado colombiano.

“La memoria sigue siendo indispensable. No se puede construir paz olvidando lo ocurrido”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que Colombia aún tiene enormes desafíos pendientes en materia de reparación, garantías de no repetición y reconocimiento de derechos para las víctimas.

“Todavía hay mucho por hacer. Se necesita voluntad política, inversión social y compromiso real con los derechos humanos”, indicó.

El próximo aniversario de la Ruta Pacífica de las Mujeres coincide precisamente con ese momento de incertidumbre política y financiera. Aunque las celebraciones serán austeras por falta de recursos, Gallego considera que la permanencia de la organización durante casi 30 años ya representa un símbolo de resistencia.

“Seguimos aquí porque las mujeres siguen necesitando espacios de acompañamiento y defensa”, aseguró.

La defensora concluyó señalando que el futuro de las organizaciones sociales dependerá no solo de la cooperación internacional, sino también del respaldo que la sociedad colombiana esté dispuesta a brindar a quienes trabajan en los territorios más afectados por la violencia y la desigualdad.

“Las transformaciones sociales no ocurren solas. Necesitan comunidades organizadas, memoria y compromiso colectivo”, puntualizó.

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