Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la Colombia moderna, llega al final de su mandato con un país polarizado que evalúa sus reformas sociales, su política de paz y su giro internacional, mientras Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella disputan su legado en una elección decisiva nacional colombiana.
El gobierno de Gustavo Petro marcó un punto determinante en la historia política reciente de Colombia. Por primera vez en la era contemporánea, un proyecto progresista llegó a la Casa de Nariño con la promesa de transformar las estructuras económicas, sociales e institucionales de un país atravesado por la desigualdad, la violencia y la desconfianza en el Estado.
Desde su llegada al poder, Petro insistió en una narrativa de ruptura. “El cambio no es un eslogan, es una deuda histórica con los olvidados”, repitió en múltiples intervenciones públicas, enmarcando su mandato en la idea de una reparación social profunda. Sin embargo, a casi cuatro años de gobierno, ese cambio se percibe como un proceso incompleto, contradictorio y altamente disputado.
Uno de los pilares de su administración fue la reforma del Estado y del modelo social. En el plano laboral, se impulsaron medidas orientadas a la formalización del empleo, el aumento de recargos por horas extras y el fortalecimiento de derechos laborales. En materia pensional, el gobierno defendió la ampliación de la cobertura y una mayor intervención del sistema público. Petro lo resumió con una frase que generó debate: “La vejez no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado por la nación”.
En el terreno económico, los resultados han sido mixtos. Algunos indicadores muestran mejoras: reducción de la pobreza monetaria y una disminución gradual del desempleo en 2026, junto con una leve estabilización macroeconómica. Sin embargo, la persistencia de la informalidad laboral, cercana a la mitad de la población ocupada, evidencia que la estructura productiva del país sigue sin transformaciones profundas.
El mayor punto de quiebre interno fue la reforma a la salud, que no logró consenso en el Congreso y terminó parcialmente suspendida o implementada por vías administrativas. El sistema, ya tensionado, enfrentó críticas por demoras en atención, desabastecimiento de medicamentos y aumento de quejas ciudadanas. Para sectores de oposición, este fue el símbolo del fracaso de la gestión técnica del gobierno.
En contraste, uno de los avances más visibles se dio en el campo agrario. El Ejecutivo impulsó procesos de adjudicación y formalización de tierras, en un país con una de las concentraciones de propiedad rural más desiguales del mundo. Este esfuerzo buscó beneficiar a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes históricamente excluidas. Aunque el impacto es significativo en ciertas regiones, expertos advierten que la estructura de desigualdad rural aún está lejos de resolverse.
En el plano institucional, Petro también dejó una huella simbólica. Su gobierno promovió cambios en la composición del Estado, incorporando perfiles sociales y étnicos históricamente subrepresentados. Analistas como Laura Bonilla han señalado que “por primera vez, muchos ciudadanos se vieron reflejados en las instituciones”. Esta transformación cultural, aunque intangible, constituye uno de los legados más defendidos por sus simpatizantes.
Otro de los cambios más notorios fue el giro en la agenda pública. Temas como el medio ambiente, la transición energética, la desigualdad y la reforma del sistema de salud desplazaron parcialmente la centralidad histórica del debate sobre seguridad. Petro defendió este enfoque afirmando: “Colombia no puede seguir atrapada en la lógica de la guerra como destino”.
En política exterior, el mandatario también rompió con tradiciones históricas. El distanciamiento de posiciones alineadas con Estados Unidos e Israel marcó una nueva etapa diplomática. Su postura crítica frente a conflictos internacionales y su énfasis en la agenda climática reposicionaron a Colombia en debates globales, aunque también generaron tensiones con aliados estratégicos.
En este contexto, la polarización política se intensificó. El debate sobre el rumbo del país se expresa hoy en dos proyectos antagónicos. Por un lado, Iván Cepeda, cercano al oficialismo, plantea la continuidad de la agenda de transformación social y profundización de reformas estructurales. Por otro, Abelardo de la Espriella propone un giro radical hacia políticas de seguridad, mercado y reducción del papel del Estado.
Petro ha evitado hablar de reelección, prohibida por la Constitución, pero ha dejado claro su interés en la continuidad de su proyecto político. “Lo que está en juego no es un nombre, es el modelo de país”, ha dicho en varios discursos, enfatizando la dimensión histórica del momento electoral.
No obstante, su administración también arrastra fracasos significativos. La política de “paz total”, una de sus iniciativas más ambiciosas, no logró consolidar un proceso estable con los grupos armados. Las negociaciones con organizaciones como el ELN y disidencias de las antiguas FARC quedaron suspendidas o debilitadas, mientras la violencia en regiones estratégicas como el Catatumbo y el Cauca volvió a incrementarse.
El gobierno defendió su estrategia argumentando que los ceses al fuego iniciales redujeron temporalmente la violencia y abrieron espacios de diálogo humanitario. Sin embargo, la percepción general es de frustración. La persistencia del conflicto armado, sumada a episodios de violencia política, erosionó la confianza en la estrategia.
En el plano de la seguridad ciudadana, las críticas también han sido constantes. Aunque se reformó el antiguo ESMAD y se creó un modelo de intervención más orientado al diálogo, sectores sociales cuestionan la efectividad de los cambios en la reducción de la conflictividad urbana.
La corrupción fue otro frente sensible. Escándalos que involucraron a miembros del entorno familiar del presidente y a entidades estatales generaron desgaste político. Aunque el gobierno ha insistido en su discurso anticorrupción, la percepción pública se vio afectada por los casos judiciales en curso.
En términos de legado, el balance de Petro es profundamente ambivalente. Para sus defensores, su gobierno significó la apertura de un debate histórico sobre desigualdad, inclusión social y modelo económico. Para sus críticos, representó improvisación, confrontación institucional y resultados limitados en áreas clave como seguridad y salud.
La frase del propio presidente resume la tensión de su mandato: “Gobernar es abrir caminos donde antes solo había muros”. Sin embargo, para una parte del país, esos caminos aún no están plenamente construidos.
La elección entre continuidad y ruptura se convierte así en el eje del momento político colombiano. La disputa entre Cepeda y De la Espriella no solo define un relevo presidencial, sino la evaluación directa del proyecto político iniciado por Petro.
