La crisis financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) volvió al centro de la campaña presidencial. Las propuestas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda evidencian dos modelos opuestos para resolver un sistema que hoy enfrenta deudas, intervenciones estatales y crecientes barreras de acceso.
La salud vuelve a ser uno de los campos de batalla más sensibles de la política colombiana. En medio de una crisis estructural marcada por la iliquidez de varias EPS, las propuestas presidenciales sobre el futuro del sistema comienzan a perfilar el rumbo que podría tomar uno de los servicios más esenciales para los ciudadanos.
Actualmente, las EPS atraviesan uno de sus momentos más complejos desde la implementación de la Ley 100 de 1993, normativa que transformó el modelo de salud en Colombia al introducir la participación privada en el aseguramiento. La intervención estatal de varias entidades y las advertencias de insuficiencia financiera han elevado las alarmas sobre la sostenibilidad del esquema.
En este contexto, las visiones de De la Espriella y Cepeda marcan una diferencia sustancial. Mientras el primero apuesta por fortalecer financieramente a las EPS y mantener su rol central, el segundo insiste en una transformación estructural que reduzca su poder de intermediación.
De la Espriella ha planteado una inyección inmediata de 10 billones de pesos para estabilizar el sistema y garantizar liquidez a las aseguradoras. Según su propuesta, “el sistema no puede colapsar por falta de caja, porque detrás de cada giro hay pacientes esperando tratamientos, medicamentos o cirugías”. Su modelo mantiene la participación privada y rechaza cualquier intento de estatización.
El abogado y candidato ha defendido que desmontar las EPS significaría “volver al fracaso del Seguro Social”, haciendo referencia al antiguo modelo público que enfrentó problemas de burocracia, corrupción y baja cobertura antes de la reforma de los años noventa.
Por su parte, Cepeda respalda una estructura más cercana a la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Aunque no habla de eliminar formalmente las EPS, sí propone reducirlas a gestores complementarios, sin manejo directo de recursos públicos. En su visión, el Estado asumiría el control financiero y la organización primaria del sistema.
“El problema de fondo es la intermediación financiera. La salud no puede depender de criterios de rentabilidad”, ha reiterado Cepeda en distintos escenarios políticos, defendiendo un modelo de atención territorial y preventiva.
Para expertos del sector, la discusión no es nueva, pero sí urgente. El exministro de Salud Alejandro Gaviria ha señalado que “el sistema colombiano tiene problemas de liquidez y gobernanza, pero no de diseño estructural”. Según Gaviria, eliminar de facto las EPS sin una transición sólida podría agravar la atención y generar mayores traumatismos para millones de usuarios.
Una visión similar tiene Augusto Galán, quien advierte que el verdadero desafío está en corregir fallas de supervisión y flujo de recursos. “El debate no debería centrarse solo en quién administra la plata, sino en cómo garantizar oportunidad y calidad en la atención”, ha explicado.
Desde el sector asegurador, ACEMI ha advertido que, de aplicarse un modelo como el propuesto por Cepeda, muchas EPS podrían desaparecer en un plazo de dos años al perder su función principal de gestión financiera y contratación.
Sin embargo, organizaciones académicas como la Universidad de los Andes y centros de análisis como Fedesarrollo han coincidido en que el sistema requiere ajustes inmediatos, especialmente frente a la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), considerada insuficiente para cubrir el aumento de costos médicos y farmacéuticos.
La discusión ocurre en un momento particularmente delicado: largas filas para reclamar medicamentos, demoras en citas con especialistas y crecientes tutelas por negación de servicios han aumentado la percepción ciudadana de deterioro.
Más allá de las diferencias ideológicas, el próximo Gobierno heredará un sistema bajo presión financiera, con hospitales reclamando pagos atrasados, clínicas exigiendo mayor liquidez y usuarios demandando respuestas inmediatas.
