A dos días de la elección presidencial en Colombia, el llamado de la Procuraduría a respetar los resultados abre un debate de fondo: ¿es una defensa preventiva de la institucionalidad o un mensaje prematuro que podría amplificar la desconfianza ciudadana?
Con la segunda vuelta presidencial programada para este 21 de junio, la tensión política en Colombia ha escalado a niveles inéditos. La advertencia del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en defensa de la “Paz Electoral”, llega en un contexto marcado por denuncias cruzadas, cuestionamientos al sistema de escrutinio y el recuerdo fresco de las controversias que acompañaron procesos electorales recientes.
El jefe del Ministerio Público fue enfático: “Estamos en una democracia y la vamos a seguir defendiendo. Las elecciones pasarán, pero las instituciones quedan”. El mensaje, en apariencia, busca blindar la legitimidad institucional y evitar escenarios de confrontación postelectoral. Sin embargo, su pronunciamiento no ha estado exento de lecturas críticas. Para algunos analistas, la insistencia en el respeto anticipado a los resultados podría interpretarse como una forma de cerrar el debate antes de que este ocurra.
La discusión no es menor. En Colombia, la memoria electoral reciente está marcada por episodios que minaron la confianza. En las legislativas de 2022, el preconteo presentó inconsistencias significativas que posteriormente fueron corregidas en el escrutinio formal, especialmente en la votación al Senado. Aunque la Registraduría Nacional del Estado Civil defendió que la diferencia entre preconteo y escrutinio presidencial de ese año fue apenas de 0,1%, la controversia política demostró que incluso errores humanos pueden convertirse en combustible para narrativas de fraude.
Ese antecedente es clave para entender por qué hoy el discurso institucional genera suspicacias.
El presidente Gustavo Petro ha elevado la temperatura política al insistir en que existen riesgos estructurales en el sistema electoral. Desde marzo ha advertido posibles vulnerabilidades en el software de escrutinio y cuestionado la contratación tecnológica de la organización electoral. Incluso esta misma semana volvió a señalar públicamente que se habrían eliminado mecanismos de trazabilidad en formularios clave.
Para el constitucionalista Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, el problema no radica en defender la institucionalidad, sino en cómo se comunica esa defensa. “Las autoridades deben ser especialmente cuidadosas de no parecer jueces antes de tiempo; la legitimidad electoral no se decreta, se construye con transparencia”, ha señalado en diversos análisis sobre democracia y confianza institucional.
Una lectura similar plantea la politóloga Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, quien ha advertido que “en sistemas altamente polarizados, cualquier mensaje institucional previo al cierre del proceso puede ser interpretado como toma de partido”. Para Basset, la confianza no se fortalece con llamados abstractos al orden, sino con garantías concretas de auditoría y veeduría.
El exregistrador Carlos Ariel Sánchez también ha insistido en que la pedagogía electoral es crucial. Según él, el mayor problema no es necesariamente el fraude masivo, sino la confusión entre preconteo y escrutinio. “El preconteo es informativo, no jurídico; el escrutinio es el que tiene validez legal”. Esa diferencia técnica ha sido históricamente malinterpretada por campañas y ciudadanos.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿la Procuraduría se adelantó?
Desde una perspectiva estrictamente institucional, el llamado es razonable. Ninguna democracia puede funcionar si los actores desconocen las reglas del juego. Pero desde una óptica política, el momento escogido es delicado. En medio de denuncias abiertas del jefe de Estado y con sectores que ya hablan de posibles irregularidades, pedir “acatar resultados” antes de que ocurra la votación puede ser leído como una invitación a aceptar un desenlace incluso bajo sospecha.
Ese riesgo es precisamente el que advierte Claudia López, quien recientemente afirmó que “la defensa de la democracia no consiste solo en reconocer resultados, sino en garantizar que nadie tenga dudas razonables sobre cómo se obtuvieron”.
El dilema colombiano no es nuevo. En democracias polarizadas, el equilibrio entre proteger la institucionalidad y permitir el cuestionamiento legítimo es frágil. Si las autoridades parecen blindar de antemano el resultado, la percepción de imparcialidad puede erosionarse. Pero si guardan silencio frente a discursos que anticipan fraude sin pruebas, el vacío puede ser aún más peligroso.
El desafío para este 21 de junio no será únicamente contar votos. Será convencer al país de que esos votos fueron contados bien.
