La propuesta de Abelardo De La Espriella de firmar 90 decretos en su primer día de gobierno abrió un fuerte debate jurídico y político. Expertos advierten que la iniciativa es inviable constitucionalmente y responde más a una estrategia populista que institucional.
La promesa de gobernar desde el primer minuto con una batería de 90 decretos presidenciales se convirtió en uno de los anuncios más controversiales de la campaña de Abelardo De La Espriella. El aspirante aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, firmará ese paquete de decisiones administrativas el mismo 7 de agosto, con medidas concentradas en seguridad, economía, salud y educación.
La propuesta fue presentada como una fórmula de “acción inmediata” para ejecutar transformaciones urgentes mientras su agenda legislativa avanza en el Congreso. Sin embargo, la dimensión del anuncio desató cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica y constitucional.
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo fue uno de los primeros en advertir las limitaciones reales de esa promesa. En declaraciones públicas, Cristo fue enfático: “Eso no funciona así. Un presidente no puede gobernar a punta de decretos, lo que requiere trámite legislativo”.
La observación del exfuncionario apunta a un principio básico del sistema colombiano: la separación de poderes. Aunque el presidente tiene facultades reglamentarias y administrativas, estas no son ilimitadas y están sujetas a controles constitucionales.
La Constitución Política de 1991 establece que los decretos presidenciales tienen alcances específicos. Existen decretos reglamentarios para desarrollar leyes ya aprobadas, decretos legislativos en estados de excepción y decretos con fuerza de ley cuando el Congreso otorga facultades extraordinarias. Fuera de esos escenarios, el margen es reducido.
Ese marco legal es justamente el que, según expertos, vuelve problemática la promesa del candidato.
El constitucionalista y profesor de derecho público, Rodrigo Uprimny ha explicado en distintos escenarios académicos que “el presidencialismo colombiano tiene límites claros y cualquier intento de sustituir la función legislativa vía decretos es susceptible de ser tumbado por la Corte Constitucional”.
Para el analista político y docente universitario, Juvenal Bolívar, el anuncio responde más a la lógica electoral que a una verdadera planificación de gobierno. “Hablar de 90 decretos el primer día es un mensaje de fuerza dirigido al electorado, pero jurídicamente es insostenible. El país no necesita espectáculo normativo sino gobernabilidad real”, sostuvo.
El académico añade que este tipo de promesas suelen estar diseñadas para transmitir sensación de autoridad y decisión, especialmente en campañas marcadas por la inseguridad y la crisis económica. “Es una narrativa populista clásica: vender la idea de que todo puede cambiar de inmediato por voluntad de un líder, ignorando los pesos y contrapesos institucionales”, puntualizó.
Uno de los ejes más llamativos del paquete anunciado es la erradicación de 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, drones y erradicación manual, excluyendo el uso de glifosato.
Allí también aparecen dudas prácticas. Según especialistas en seguridad y política antidrogas, intervenir una extensión de esa magnitud requeriría una capacidad operativa y presupuestal que no puede activarse por decreto de manera instantánea. El exministro Cristo también cuestionó ese componente, recordando que “las políticas públicas complejas no se resuelven con decretos masivos ni con anuncios de campaña”.
El politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, considera que la propuesta se inscribe en una tendencia regional donde candidatos prometen “hiperpresidencialismo” para capitalizar el descontento ciudadano.
“Se vende la idea de que el Ejecutivo puede resolverlo todo solo. Pero en democracias constitucionales eso es imposible. Los decretos no reemplazan ni el consenso político ni el trámite legislativo”, explicó.
La estrategia de De La Espriella parece inspirada en modelos recientes de liderazgo disruptivo en América Latina, donde figuras como Javier Milei han apostado por narrativas de choque institucional. Sin embargo, expertos recuerdan que incluso esos modelos enfrentan límites judiciales y políticos.
En Colombia, cualquier decreto que exceda la órbita constitucional podría ser demandado ante el Consejo de Estado o revisado por la Corte Constitucional, generando bloqueos inmediatos.
Para algunos sectores, el anuncio también refleja un cálculo político: proyectar capacidad de mando y determinación en medio de una campaña polarizada. Pero para otros, representa un síntoma preocupante de simplificación institucional.
“La democracia no es velocidad, es deliberación. Prometer gobernar con 90 decretos en un día puede sonar atractivo, pero es incompatible con la arquitectura constitucional”, concluyó Bolívar.
A pocos días de las elecciones, el debate dejó al descubierto una tensión central de la campaña: la distancia entre el discurso político y las capacidades reales del Estado. Mientras De La Espriella insiste en que su “hoja de ruta acelerada” busca responder a las urgencias del país, sus críticos sostienen que la propuesta no es más que una construcción populista, diseñada para captar votos con promesas de ejecución inmediata que, en la práctica, difícilmente podrían sobrevivir al filtro de la legalidad.
