El Ministerio de Hacienda oficializó el Plan de Austeridad de Gasto para 2026 mediante el decreto 0618, con el que busca reducir costos en las entidades públicas, limitar contratos por prestación de servicios y reforzar controles sobre horas extras.
El Ministerio de Hacienda expidió el decreto 0618 de 2026, documento con el cual quedó establecido el Plan de Austeridad de Gasto para la actual vigencia fiscal. La medida, dirigida a todos los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, fija una serie de restricciones y lineamientos orientados a disminuir el gasto público y fortalecer la disciplina fiscal en medio de un panorama de presión sobre las finanzas estatales.
El plan contempla medidas específicas en diferentes frentes de la administración pública. Entre ellas sobresalen la restricción en reformas de plantas de personal, la reducción de contratos por prestación de servicios, la racionalización en transporte y las limitaciones en gastos de publicidad, papelería y eventos institucionales. La estrategia también prioriza la virtualidad como mecanismo para reducir costos operativos.
Uno de los puntos que más atención ha generado es el relacionado con la contratación por prestación de servicios, una modalidad ampliamente utilizada por las entidades del Estado. El decreto establece que antes de cualquier contratación se deberá realizar una revisión previa que justifique plenamente la necesidad del proceso, endureciendo así los filtros administrativos.
La norma advierte que solo podrán celebrarse contratos que sean “estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad”, y únicamente cuando dichas actividades no puedan ejecutarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Este punto busca cerrar espacios de duplicidad y limitar gastos considerados prescindibles.
En el artículo 4, el Gobierno fue más allá y ordenó la aplicación de un plan de reducción que genere ahorro frente al gasto registrado en la vigencia anterior por concepto de contratos de prestación de servicios. El objetivo, según el decreto, es evitar duplicidades, racionalizar recursos y optimizar la inversión pública.
El artículo 2 del documento también fija criterios sobre modificaciones de planta de personal. Allí se establece que cualquier reforma en la estructura organizacional deberá ser “costo cero” o representar ahorros efectivos para la entidad. En la práctica, esto limita la posibilidad de ampliar burocracia sin una justificación financiera clara.
Otra de las medidas clave está relacionada con el pago de horas extras. El Ministerio ordenó que las entidades del Presupuesto General de la Nación implementen acciones para racionalizar su reconocimiento y pago, ajustándolas exclusivamente a necesidades estrictamente necesarias y verificables dentro de la prestación del servicio.
El control también se extiende al uso de vehículos oficiales. Según el decreto, estos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes y cualquier uso en fines de semana o días festivos deberá estar debidamente justificado por razones del servicio o necesidades de seguridad, reforzando así la vigilancia sobre gastos de movilidad.
En materia de publicidad estatal, el decreto fija una de las restricciones más fuertes. Las entidades deberán abstenerse de contratar campañas o elementos promocionales que exalten la gestión del Gobierno nacional. La lista incluye agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, revistas, folletos e informes impresos.
El documento también impulsa la sustitución de gastos en seguridad y vigilancia mediante la implementación de tecnologías digitales como alarmas y dispositivos electrónicos. Esta disposición se alinea con la estrategia de modernización del Estado, que busca reducir costos fijos y hacer más eficiente la administración pública.
Además de los recortes presupuestales, el decreto incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y uso eficiente de recursos, consolidando un enfoque que combina austeridad fiscal con responsabilidad ecológica. La reducción en papelería, eventos presenciales y consumo energético se convierte en un eje transversal de la política.
Aunque el Gobierno presenta la medida como un mecanismo de eficiencia y control del gasto, expertos advierten que la reducción de contratos por prestación de servicios podría generar impactos en la operación de entidades que dependen de personal externo. La aplicación de este plan será clave para medir si la austeridad se traduce en ahorro real o en limitaciones operativas para el aparato estatal.
