La hoja de coca alcanzó en 2024 un nuevo máximo histórico en Colombia con 261.000 hectáreas sembradas, consolidándose como el octavo cultivo más extenso del país. El crecimiento, impulsado por el Pacífico y Catatumbo, revela profundas tensiones económicas y territoriales.
La publicación más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) volvió a poner sobre la mesa una realidad que se expande silenciosamente en el campo colombiano: la coca no solo sigue creciendo, sino que ya compite en extensión con los principales renglones agrícolas legales del país.
El informe confirma que durante 2024 los cultivos de hoja de coca llegaron a 261.000 hectáreas, superando las 253.000 registradas en 2023, lo que representa un incremento del 3,5%. Aunque porcentualmente parece moderado, el dato adquiere otra dimensión cuando se compara con la estructura productiva nacional: la coca ya ocupa el octavo lugar entre los cultivos más extensos de Colombia, desplazando y superando productos tradicionales y de seguridad alimentaria.
El cuadro comparativo de áreas sembradas para 2024 y 2025 evidencia esa magnitud. Según los datos consolidados, el cultivo más extenso sigue siendo el café con 838.955 hectáreas, seguido por arroz con 711.375, palma de aceite con 689.915, maíz con 518.566 y plátano con 490.021. En ese listado aparece la coca con 261.000 hectáreas, por encima de la yuca (240.483), la caña panelera (227.578) y la papa (190.517).
La cifra es especialmente reveladora porque pone a la coca por encima de varios alimentos esenciales en la dieta colombiana. Mientras la cebolla de bulbo ocupa apenas 10.534 hectáreas, la zanahoria 12.821, el tomate 17.611 y la piña 27.112, la coca multiplica varias veces esas áreas.
Las proporciones son contundentes. Por cada hectárea de cebolla de bulbo existen 24,7 hectáreas de coca. Por cada hectárea de zanahoria, hay 20,3 hectáreas. Frente al tomate, la relación es de casi 15 a 1. Incluso supera ampliamente al mango, que registra 41.417 hectáreas, y a las otras hortalizas, con 72.756.
La expansión territorial tiene una explicación geográfica precisa. El informe señala que la región Pacífico sigue siendo el principal motor del crecimiento. Allí, el área cultivada pasó de 107.078 hectáreas en 2023 a 121.612 en 2024, un aumento del 14%. En términos prácticos, esto significa que casi una de cada dos hectáreas de coca del país está concentrada en esa región.
El Pacífico colombiano reúne condiciones que explican este fenómeno: alta humedad, baja presencia institucional, corredores de exportación ilegal y estructuras armadas que controlan la producción. Tumaco, en Nariño, volvió a encabezar la lista nacional con cerca de 31.000 hectáreas, consolidándose como el mayor enclave cocalero del país.
Pero no es el único epicentro. El Catatumbo también mostró un comportamiento al alza. La región pasó de 43.867 hectáreas a 48.739, lo que representa un crecimiento del 11%. Este aumento fortalece su posición como la tercera zona con mayor concentración.
Los datos revelan un patrón: mientras algunas regiones históricas se contraen, otras emergen con más fuerza. Putumayo-Caquetá, por ejemplo, registró la caída más significativa, pasando de 56.933 hectáreas a 49.190, una reducción del 14%. La región Central también descendió de 37.063 a 34.348 hectáreas, con una baja del 7%.
Meta-Guaviare se mantuvo prácticamente estable, con una variación de apenas -0,4%, pasando de 7.164 a 7.138 hectáreas. Mientras tanto, Orinoquía y Amazonía redujeron 26% y 16%, respectivamente.
Sin embargo, el dato territorial más inquietante no está en el crecimiento absoluto, sino en la concentración. De los 1.122 municipios que tiene Colombia, solo 180 registran presencia de cultivos de coca. Pero de esos, apenas 10 concentran cerca de la mitad de toda el área sembrada.
Esto indica que el fenómeno no es disperso, sino altamente focalizado y estructurado. Allí donde la coca prospera, suele hacerlo acompañada de economías ilegales, violencia armada y ausencia estatal.
La comparación con los demás cultivos legales deja una conclusión poderosa. Aunque el café sigue siendo el líder absoluto con más de 838 mil hectáreas, la coca ya representa casi un 31% del área cafetera nacional. Frente al arroz equivale al 36,6%, y frente al maíz, al 50,3%.
Incluso está a apenas 29.547 hectáreas de igualar al cacao, que registra 258.987 hectáreas en la gráfica de 2024. De mantenerse la tendencia, la coca podría superar al cacao en la próxima medición y convertirse en el séptimo cultivo más extenso del país.
Ese crecimiento plantea un desafío estructural. Mientras los cultivos legales enfrentan problemas de comercialización, bajos precios y costos elevados de insumos, la coca sigue ofreciendo liquidez inmediata, compradores seguros y cadenas de distribución consolidadas.
Fuentes territoriales consultadas por organismos internacionales coinciden en que muchos campesinos no cultivan coca por afinidad con economías ilícitas, sino por supervivencia. En zonas apartadas, vender yuca, plátano o maíz puede significar pérdidas; vender coca garantiza ingresos.
El contraste es brutal. Una hectárea de yuca puede tardar hasta diez meses en generar rentabilidad. Una hectárea de coca permite varias cosechas anuales y flujo constante de efectivo.
Esa lógica económica explica por qué, pese a erradicaciones, operativos militares y programas de sustitución, el área total sigue creciendo.
La investigación también revela una paradoja estatal. Colombia ha invertido miles de millones de pesos en sustitución voluntaria y control territorial durante la última década, pero los indicadores muestran que el problema se adapta más rápido que la política pública.
La coca ya está por encima de productos como papa, aguacate, banano, cítricos y frijol. No es solo un cultivo ilegal; es un actor estructural dentro del paisaje agrícola colombiano. Eso obliga a replantear el enfoque. La discusión ya no puede reducirse a erradicación o interdicción. El fenómeno exige mirar mercados, infraestructura, acceso a créditos y rentabilidad del campo.
