En una directriz enviada al comité de empalme anticorrupción, el presidente electo Abelardo De la Espriella ordenó iniciar acciones jurídicas e institucionales para investigar presuntos vínculos entre funcionarios del actual Gobierno y el Clan del Golfo, elevando el caso a instancias nacionales e internacionales.
La transición presidencial en Colombia comenzó a tensionarse este fin de semana tras la decisión del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de ordenar una revisión exhaustiva sobre supuestos acercamientos entre integrantes del actual Gobierno y el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa del país. La instrucción quedó consignada en un documento oficial fechado en Barranquilla el 28 de junio de 2026 y dirigido al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien además ejercerá como director del Comité de Empalme Anticorrupción.
El oficio, titulado “Instrucción para la adopción de actuaciones jurídicas e institucionales”, deja clara la postura del mandatario entrante frente a las denuncias que han salido a la luz en las últimas semanas. En el documento, De la Espriella argumenta que actúa “en cumplimiento del mandato inequívoco conferido por más de trece millones de colombianos para restablecer la autoridad legítima del Estado, garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir sin concesiones toda forma de criminalidad organizada”.
He instruido al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en su calidad de director del Comité de Empalme Anticorrupción, para que adelante todas las acciones jurídicas e institucionales que sean necesarias frente a los graves hechos conocidos por el país. En Colombia nadie… pic.twitter.com/uJWWCulbIH
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 28, 2026
La decisión marca uno de los primeros movimientos políticos y judiciales del nuevo gobierno antes incluso de asumir formalmente el poder. El mandatario sustenta su orden en “las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo”.
Para De la Espriella, estos hechos representan “la mayor gravedad institucional” y ameritan una reacción inmediata de las instituciones. En su misiva, insiste en que la respuesta debe ser “jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”, dejando entrever que el caso podría escalar a varios niveles del aparato judicial.
La primera instrucción impartida al comité consiste en evaluar toda la información existente y promover las acciones legales correspondientes. El documento establece de forma precisa: “Evaluar integralmente la información disponible y promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes”.
Este punto abre la puerta a investigaciones formales por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y eventualmente otros organismos de control. Fuentes cercanas al equipo de empalme consideran que el análisis podría incluir testimonios, informes reservados y publicaciones periodísticas recientes que, según el presidente electo, ofrecen indicios suficientes para actuar.
Uno de los apartados más sensibles del documento apunta directamente al ex alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez. En la segunda instrucción, De la Espriella ordena “incluir dentro de dicho análisis las actuaciones atribuidas al señor Danilo Rueda Rodríguez, en su condición de ex alto comisionado para la paz”.
La inclusión de Rueda en la revisión no es menor. Durante la administración saliente fue una de las figuras centrales de la política de “paz total”, una estrategia que promovió acercamientos con diversos grupos armados y organizaciones criminales. Ahora, el nuevo gobierno busca establecer si algunas de esas actuaciones cruzaron líneas legales o institucionales.
Pero la ofensiva no se limita al plano interno. En un movimiento de alto impacto diplomático, el presidente electo también instruyó remitir la información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo, según el documento, es que las autoridades estadounidenses evalúen posibles conductas de interés bajo su jurisdicción.
La tercera directriz señala: “Remitir la información pertinente, a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para su conocimiento y evaluación”.
Este paso sugiere que el nuevo gobierno contempla la posibilidad de que algunos hechos tengan repercusiones internacionales, especialmente en materia de narcotráfico, lavado de activos o cooperación criminal transnacional.
Además, De la Espriella pidió estudiar la posibilidad de elevar el caso a organismos multilaterales. La cuarta instrucción ordena “evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes”, particularmente si se evidencia que pudieron existir violaciones graves a derechos humanos o incumplimientos de compromisos internacionales del Estado colombiano.
La contundencia del documento refleja el tono que tendrá la nueva administración frente al orden público y la lucha contra estructuras criminales. En uno de los párrafos finales, el mandatario resume la filosofía política que pretende imprimir a su gobierno: “El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia”.
