La defensa jurídica del Ejército Gaitanista de Colombia cuestionó con dureza las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el fracaso de los acercamientos de paz, mientras crecen las tensiones políticas y judiciales alrededor del futuro de ese proceso.
La relación entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido popularmente como ‘Clan del Golfo’, atraviesa uno de sus momentos más críticos desde que comenzaron los acercamientos exploratorios en 2023. La más reciente controversia se desató luego de que el mandatario anunciara, a través de su cuenta en la red social X, dos decisiones que impactan directamente a la estructura criminal: el levantamiento de la suspensión de la orden de extradición contra su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, y la captura de uno de sus cabecillas, alias “El Zarco”.
El jefe de Estado fue contundente. “Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado”, escribió Petro, dejando claro que el margen de maniobra para un eventual diálogo con esa organización quedó prácticamente clausurado. En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que en el proceso “sinceridad no hubo”, una frase que detonó la reacción inmediata de la contraparte.
La respuesta llegó a través del abogado penalista Ricardo Giraldo, apoderado del Estado Mayor Conjunto del EGC, quien emitió una carta pública en la que rechazó de forma categórica las afirmaciones del presidente y cuestionó el manejo institucional de los acercamientos.
“Sostener hoy públicamente que en este proceso ‘sinceridad no hubo’ no es un reproche al Ejército Gaitanista Colombiano: es una acusación contra la totalidad de quienes hemos conducido, verificado y acreditado formalmente estas conversaciones”, señaló Giraldo en el documento.
Sus palabras representan el primer enfrentamiento jurídico y político directo entre la defensa de esa organización y el Ejecutivo, en un momento particularmente delicado para la política de “paz total”.
Los incumplimientos que denuncia la defensa del EGC
En su extensa comunicación, Giraldo hizo una cronología detallada del proceso y defendió que el EGC sí cumplió con varios compromisos asumidos desde febrero de 2023, cuando comenzaron los primeros contactos formales bajo la mediación del Gobierno.
Según su versión, esos acercamientos derivaron en una autorización formal para iniciar conversaciones el 8 de julio de 2024. Desde entonces, sostiene, hubo “gestos de buena voluntad” de la estructura armada que buscaban avanzar hacia un esquema de sometimiento o desescalamiento.
Sin embargo, el abogado enumeró una serie de episodios que, a su juicio, evidencian incumplimientos estatales.
El primero, dijo, se produjo tras la reunión que sostuvo Petro con Donald Trump en febrero de 2026. Después de ese encuentro, el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense habrían catalogado a “Chiquito Malo” como “objetivo de alto valor”, pese a que seguía vigente una suspensión de captura autorizada por resolución oficial.
Giraldo calificó esa decisión como “una abierta incoherencia”.
Otro punto de ruptura habría ocurrido en marzo de 2026, cuando reuniones previstas entre ambas partes no pudieron desarrollarse, según el jurista, por fallas en los protocolos de seguridad y la aparición no prevista de miembros de la Fuerza Pública.
A eso se suma un nuevo pronunciamiento presidencial del 8 de marzo, día de las consultas interpartidistas, cuando Petro escribió que el EGC “ha roto su propio acuerdo y debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial”.
El abogado insistió en que esa declaración se produjo sin comunicación previa con la delegación oficial en la mesa, lo que, según dijo, vulneró los protocolos establecidos.
“No hubo canal institucional previo a ese trino”, afirmó, subrayando que ese tipo de actuaciones deterioraron la confianza entre las partes.
El trasfondo político y las dudas sobre la paz total
La controversia ocurre en medio de nuevas revelaciones que han reavivado cuestionamientos sobre la estrategia de paz del Gobierno. Uno de los detonantes recientes fue la difusión de un audio por parte de Caracol Televisión en el que se escucha a Danilo Rueda, entonces comisionado de paz, hablando de supuestos acuerdos de no agresión con el ‘Clan del Golfo’ e incluso de una eventual “purga” de oficiales de inteligencia que se oponían a esos contactos.
El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella pidió que ese audio sea investigado, al considerar que podría comprometer responsabilidades institucionales.
Ese episodio ha añadido una dimensión política al debate y ha alimentado críticas de sectores que consideran que la política de paz total terminó otorgando ventajas estratégicas a grupos armados sin resultados concretos en reducción de violencia o sometimiento efectivo.
Para analistas consultados por distintos sectores políticos, la carta de Giraldo busca dejar constancia jurídica de que el EGC considera que hubo compromisos incumplidos por parte del Estado, lo que podría ser utilizado en futuros litigios o eventuales escenarios internacionales.
El cierre de la carta es particularmente fuerte. Giraldo “emplazó” al presidente Petro para que sus declaraciones sean sometidas al “escrutinio documental” del mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación, una instancia en la que participaron delegados del Gobierno, del grupo armado y países garantes.
Con ello, la confrontación deja de ser exclusivamente política y entra en un terreno jurídico e institucional que podría tener repercusiones en la recta final del actual Gobierno.
Mientras tanto, la decisión de reactivar la extradición de alias “Chiquito Malo” y la captura de alias “El Zarco” parecen marcar un viraje definitivo: el Estado pasa de la negociación al endurecimiento judicial y militar.
