El director de Medicina Legal confirmó que al menos 65 menores de edad han muerto durante operaciones militares en el actual gobierno. La cifra reabre el debate sobre bombardeos contra grupos armados y el reclutamiento forzado en zonas rurales.
La muerte de menores de edad en medio de operaciones militares volvió al centro del debate público en Colombia tras la revelación hecha por el director de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, quien confirmó que durante el actual cuatrienio han fallecido aproximadamente 65 menores en medio de acciones armadas adelantadas por la Fuerza Pública.
Desde la sede principal de la Fiscalía General de la Nación, Cortés detalló que las víctimas tenían edades comprendidas entre los 14 y 17 años. “Tenemos una estadística de aproximadamente 65 menores de edad que han fallecido en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno. Las edades están generalmente entre 14 y 17 años”, aseguró el funcionario.
La cifra, aunque preliminar, refleja una realidad persistente en medio del conflicto armado: la presencia de menores dentro de estructuras ilegales, muchas veces bajo esquemas de reclutamiento forzado.
Las regiones más golpeadas por la violencia
Según Medicina Legal, la mayoría de los casos se concentran en regiones periféricas del país, especialmente en Guaviare, Arauca y Putumayo, territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales.
En estas zonas operan estructuras disidentes de las extintas FARC, entre ellas facciones comandadas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, señaladas por mantener economías ilegales ligadas a la minería ilícita, narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato.
Las operaciones militares contra estos grupos suelen incluir bombardeos y asaltos terrestres. Tras cada ofensiva, equipos forenses realizan el levantamiento de cuerpos y verifican identidades.
Ha sido en esos procedimientos donde las autoridades han confirmado la presencia de adolescentes entre los abatidos.
Fuentes judiciales explican que en varios de esos casos se ha comprobado que los menores habían sido reclutados de manera obligada, una práctica considerada crimen de guerra según estándares internacionales.
El dilema político y militar del gobierno Petro
Cuando Gustavo Petro llegó al poder, una de sus principales promesas en materia de seguridad fue suspender bombardeos contra campamentos ilegales cuando existiera riesgo de presencia de menores. La decisión fue presentada como una apuesta humanitaria en medio del conflicto.
Sin embargo, esa política tuvo un giro en julio de 2024, cuando el Gobierno autorizó nuevamente bombardeos contra estructuras armadas en el departamento del Cauca.
El Ejecutivo argumentó entonces que se habían tomado “todas las medidas” para verificar que no hubiera secuestrados o menores en las zonas objetivo.
Pese a esos protocolos, recientes operaciones han dejado nuevamente jóvenes muertos, reabriendo cuestionamientos sobre la efectividad de los filtros de inteligencia.
Organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que el reclutamiento forzado sigue siendo una tragedia silenciosa y advierten que la protección de niños y adolescentes debe ser prioridad tanto para el Estado como para los grupos armados.
