La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia despierta expectativas y temores. Gobernar exige mucho más que discursos o confrontaciones políticas: implica definir prioridades nacionales, escuchar a los territorios y demostrar que el interés público estará siempre por encima de cualquier presión económica o ideológica.
Por: Juvenal Bolívar | El triunfo de Abelardo de la Espriella marca el inicio de un nuevo capítulo político para Colombia. Como ocurre con cada cambio de gobierno, millones de ciudadanos depositan esperanzas en la posibilidad de corregir errores, recuperar la confianza institucional y enfrentar problemas que llevan décadas esperando soluciones. Sin embargo, la historia también enseña que las victorias electorales no garantizan buenos gobiernos. La legitimidad que otorgan las urnas debe convertirse en resultados concretos para una población cansada de promesas incumplidas.
Las prioridades son evidentes y no admiten dilaciones. La primera es la seguridad. Ninguna economía prospera, ningún inversionista arriesga capital y ninguna comunidad vive con tranquilidad cuando el crimen organizado, las economías ilegales y los grupos armados siguen imponiendo sus reglas en amplias zonas del país. Recuperar el control territorial debe hacerse con inteligencia, fortalecimiento institucional y respeto absoluto por los derechos humanos. La autoridad del Estado no puede confundirse con arbitrariedad, pero tampoco puede seguir siendo una presencia débil frente a quienes desafían permanentemente la ley.
El empleo constituye otro desafío inaplazable. Colombia necesita una economía que produzca riqueza y distribuya oportunidades. No basta con celebrar indicadores macroeconómicos si miles de jóvenes continúan encontrando en la informalidad o en la migración las únicas alternativas para sobrevivir. El nuevo gobierno debe estimular la inversión productiva, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, fortalecer el emprendimiento y generar condiciones para que el trabajo digno vuelva a convertirse en el principal motor de movilidad social.
Igualmente urgente resulta cerrar la inmensa brecha en infraestructura vial. Durante décadas se han anunciado carreteras, dobles calzadas, puentes y corredores estratégicos que terminan convertidos en obras inconclusas, sobrecostos o investigaciones judiciales. Colombia no puede seguir perdiendo competitividad porque transportar mercancías resulte más costoso que producirlas. La infraestructura no debe entenderse únicamente como cemento; representa desarrollo regional, integración económica y acceso efectivo a los servicios del Estado.
Pero si existe una deuda histórica imposible de seguir ignorando es la que el país mantiene con el campo colombiano. Los territorios rurales requieren mucho más que discursos sobre productividad. Necesitan vías terciarias, asistencia técnica, acceso al crédito, comercialización justa, conectividad digital, educación de calidad y servicios de salud oportunos. La verdadera transformación nacional pasa necesariamente por dignificar la vida campesina y reconocer que buena parte de la seguridad alimentaria depende de quienes durante décadas han permanecido abandonados por el Estado.
La vivienda social también debe ocupar un lugar central dentro de la agenda gubernamental. El acceso a una vivienda digna continúa siendo un privilegio para millones de familias. Las políticas públicas deben facilitar el acceso al crédito, fortalecer los subsidios para los sectores más vulnerables y promover proyectos urbanísticos sostenibles que no reproduzcan cinturones de pobreza ni profundicen la segregación social.
Ahora bien, gobernar no significa aceptar cualquier camino para alcanzar esos objetivos. Hay límites que un Estado responsable no debería cruzar. Uno de ellos es insistir en el fracking como alternativa energética. Quienes defienden esta técnica suelen destacar sus beneficios económicos inmediatos, pero omiten los riesgos ambientales que implica para los recursos hídricos, los ecosistemas y las comunidades. Colombia posee una riqueza natural extraordinaria que no puede hipotecarse por ganancias de corto plazo. El desarrollo no puede edificarse sobre la degradación irreversible del patrimonio ambiental.
En esa misma dirección, la protección de los páramos debe convertirse en una política de Estado y no en una simple consigna de campaña. Estos ecosistemas abastecen de agua a millones de colombianos y constituyen una barrera natural frente a la crisis climática. Permitir actividades extractivas que comprometan los páramos significaría desconocer una responsabilidad que trasciende incluso a la presente generación. El crecimiento económico debe caminar de la mano con la sostenibilidad y no en abierta confrontación con ella.
También conviene enviar un mensaje claro en materia de relaciones internacionales. Colombia necesita fortalecer sus vínculos con el mundo, atraer inversión y consolidar alianzas estratégicas. Pero una cosa es cooperar y otra muy distinta renunciar a la autonomía nacional. Ningún gobierno debería convertir al país en una colonia subordinada a los intereses de otra potencia. La política exterior debe responder exclusivamente al bienestar de los colombianos y no a agendas impuestas desde el extranjero.
Existe además un viejo fantasma que amenaza con regresar: el de los grandes contratistas convertidos en dueños del presupuesto público. Durante décadas, buena parte de los escándalos de corrupción tuvieron como protagonistas enormes conglomerados empresariales que capturaron la contratación estatal mediante redes de favores políticos, carteles de licitaciones y sobrecostos multimillonarios. El nuevo gobierno tiene la obligación ética de impedir que el erario vuelva a convertirse en botín de unos pocos. La transparencia debe dejar de ser un discurso para convertirse en una práctica cotidiana.
Otro desafío consiste en aprender a escuchar. Gobernar desde los escritorios de Bogotá ha demostrado ser una fórmula insuficiente para comprender la complejidad de un país diverso. Las soluciones no pueden seguir diseñándose exclusivamente desde los ministerios. Deben construirse junto a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas y rurales que conocen mejor que nadie las necesidades de sus territorios. La participación ciudadana no puede limitarse al momento electoral; debe convertirse en un mecanismo permanente para orientar las políticas públicas.
Si realmente se pretende transformar a Colombia, la educación debe ocupar el centro de todas las decisiones. Ningún país supera la pobreza, la violencia o la desigualdad sin invertir decididamente en conocimiento, investigación, innovación y formación docente. Educar no representa un gasto; constituye la inversión más rentable para cualquier nación que aspire a competir en el siglo XXI.
Finalmente, el país no puede retroceder hacia modelos de salud que profundicen la exclusión y conviertan la atención médica en un negocio por encima del derecho fundamental de las personas. Las falencias del sistema de la llamada Ley 100, son evidentes y requieren reformas responsables, volver a ese esquema que durante años fue ampliamente cuestionado por sus barreras de acceso, demoras e inequidades significaría ignorar las lecciones del pasado. La salud debe responder primero a los pacientes y no a los balances financieros.
Señor De la Espriella, usted recibe un país profundamente dividido, pero también una oportunidad histórica para demostrar que gobernar significa servir y no imponer. Sus decisiones definirán si Colombia inicia una etapa de reconciliación institucional y desarrollo sostenible o si simplemente cambia de protagonistas para repetir los mismos errores de siempre.
El país necesita firmeza, pero también prudencia; crecimiento, pero con justicia; autoridad, pero acompañada de transparencia. Porque el verdadero éxito de un gobierno no se mide por la intensidad de sus discursos, sino por la calidad de las transformaciones que deja en la vida de sus ciudadanos.
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*Comunicador Social, MBA con concentración en Marketing Digital, Doctorante en Educación, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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