El presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentó un balance preliminar del proceso de empalme con el gobierno saliente, advirtiendo sobre presuntas irregularidades fiscales, el deterioro del sistema de salud y cambios inmediatos en la política de seguridad, mediante una agenda que promete transformaciones institucionales.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, utilizó su segunda alocución dominical para exponer los primeros resultados del proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el diagnóstico preliminar evidencia un escenario complejo en materia administrativa, económica y de seguridad nacional.
Durante su intervención, el mandatario afirmó que los equipos técnicos han identificado numerosas presuntas irregularidades en diferentes entidades del Estado. Según explicó, esas situaciones serán documentadas y trasladadas a los organismos competentes mediante acciones penales y disciplinarias que buscarán establecer eventuales responsabilidades.
«Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado crear un grupo de abogados para que presenten las acciones penales y disciplinarias para que ninguna tropelía quede impune», manifestó el presidente electo durante su mensaje.
Uno de los principales focos de preocupación corresponde al estado de las finanzas públicas. De la Espriella señaló que existen diferencias entre las cifras entregadas por la administración saliente y los informes del Comité Independiente de la Regla Fiscal, situación que, según dijo, obliga a realizar una revisión exhaustiva de las cuentas nacionales antes del inicio del nuevo gobierno.
El mandatario explicó que solicitó informes adicionales para determinar el verdadero alcance del déficit fiscal y establecer si el deterioro de las finanzas públicas es mayor al reportado oficialmente. A su juicio, esa situación podría comprometer la capacidad del Estado para financiar programas sociales y proyectos estratégicos durante los próximos años.
Como respuesta inicial, anunció que el ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, trabaja en un paquete de decretos orientados a reducir gastos considerados innecesarios dentro de la administración pública, al tiempo que estudia mecanismos para disminuir la carga tributaria y recuperar la confianza de inversionistas y sectores productivos.
El presidente electo también informó que un equipo económico viajará próximamente a Estados Unidos con el propósito de iniciar conversaciones relacionadas con la renegociación de algunos compromisos financieros del país, dentro de una estrategia que busca aliviar la presión sobre las finanzas nacionales.
Fin de la paz total y nueva estrategia frente al orden público
Otro de los anuncios que concentró la atención estuvo relacionado con la política de seguridad. De la Espriella confirmó que su gobierno pondrá fin a la denominada política de «paz total», al considerar que los resultados obtenidos durante los últimos años no respondieron a los objetivos planteados por el Estado.
El presidente electo sostuvo que durante la administración saliente se habrían desarrollado acuerdos que, en su concepto, facilitaron ventajas para organizaciones armadas ilegales. Por esa razón anunció la creación de un equipo especializado encargado de desmontar las actuales mesas de negociación con diferentes grupos ilegales.
«Para desentrañar ese enredo de mesas, voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz», expresó.
De igual manera, informó que expedirá decretos para reactivar las órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales que actualmente participan en procesos de diálogo con el Estado, argumentando que el restablecimiento del principio de autoridad será una prioridad de su administración.
En materia de sometimiento a la justicia, reveló que algunos jefes de organizaciones criminales ya habrían manifestado interés en acogerse a los mecanismos propuestos por el nuevo gobierno. Entre ellos mencionó a Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados como integrantes de la estructura conocida como Los Pepes, organización que ha sido relacionada con múltiples hechos violentos en Barranquilla.
Según explicó, el Ejecutivo mantendrá abierta la posibilidad de recibir solicitudes de sometimiento dentro del plazo inicialmente establecido, aunque reiteró que, una vez vencido ese periodo, se incrementarán las operaciones militares contra quienes permanezcan al margen de la ley.
Salud, agenda regional y fortalecimiento institucional
La tercera advertencia presentada por el mandatario electo estuvo relacionada con el sistema de salud. De acuerdo con el balance entregado, el nuevo gobierno considera que el sector enfrenta una situación crítica debido al crecimiento de las deudas acumuladas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), así como por el deterioro financiero de varias entidades intervenidas.
Durante su intervención aseguró que la deuda con las EPS alcanzaría los 26 billones de pesos y afirmó que el incremento de las quejas ciudadanas refleja las dificultades que enfrentan millones de usuarios para acceder oportunamente a medicamentos, consultas y tratamientos especializados.
«Lo que está en juego es la salud y la vida de los colombianos. Nos entregan el sistema de salud en cuidados intensivos», afirmó.
Ante este panorama, anunció la implementación de un plan de choque con duración inicial de 90 días, enfocado en atender las principales dificultades operativas y financieras del sistema, mientras avanzan las investigaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme.
La agenda presentada también contempla el inicio de recorridos regionales para conocer de primera mano las necesidades de los territorios. El primer encuentro se desarrollará en Cúcuta, desde donde el mandatario prevé anunciar medidas relacionadas con la recuperación de tierras, el fortalecimiento institucional y la atención de la crisis que afecta al Catatumbo.
En ese contexto, informó que solicitó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, preparar un paquete de decretos con enfoque social dirigido a esa región fronteriza, buscando responder a las problemáticas de seguridad, desarrollo económico y atención humanitaria.
Finalmente, De la Espriella anunció la puesta en marcha de una estrategia de identificación de talento profesional para fortalecer la administración pública mediante procesos de selección basados en capacidades técnicas. Asimismo, respondió a los llamados de algunos sectores políticos a promover manifestaciones de desobediencia civil, asegurando que su gobierno actuará dentro del marco constitucional y que cualquier actuación por fuera de la ley será enfrentada mediante los mecanismos previstos por el Estado de derecho.
Con estos anuncios, el presidente electo delineó las primeras prioridades de su administración y anticipó un periodo de profundas revisiones institucionales, reformas económicas y cambios en las políticas de seguridad y salud, asuntos que marcarán el inicio de su mandato y que serán objeto de seguimiento por parte de los diferentes sectores políticos y sociales del país.
