La propuesta de Abelardo de la Espriella de expulsar masivamente a los migrantes venezolanos abre un debate técnico, pero olvida la realidad humana. Como ciudadanos que convivimos día a día con esta crisis, no podemos permitir que las leyes se apliquen congelando el corazón y pisoteando la dignidad.
Por: Juan Pablo González | Si uno sale a caminar con atención por nuestras calles colombianas, se da cuenta de una realidad social que nadie puede negar: la gran mayoría de los migrantes venezolanos son personas trabajadoras que solo buscan una oportunidad honesta para sobrevivir en medio de la adversidad.
Es sumamente injusto e inhumano que pretendamos meter a toda una población en la misma bolsa por los errores de unos pocos delincuentes, armando un rechazo generalizado y xenófobo que lo único que hace es sembrar odio y hacernos un daño profundo a todos.
A veces, como ciudadanos privilegiados, caemos con excesiva facilidad en el error de señalar, estigmatizar y juzgar sin tener la más mínima idea de las historias de dolor, despojo y sufrimiento que la gente carga con valentía a su espalda todos los días.
Detrás de cada persona que vemos trabajando de manera informal en un semáforo o en el transporte público, hay una familia fracturada, sueños totalmente rotos por la crisis internacional y unas ganas gigantescas de salir adelante con dignidad, respeto y esfuerzo propio.
La seguridad ciudadana de nuestro país no se va a arreglar jamás armando discursos de odio populistas o proponiendo expulsiones masivas a las malas que pasan descaradamente por encima de los tratados internacionales y los derechos humanos más fundamentales de la población civil.
Una sociedad democrática demuestra que es verdaderamente grande y madura cuando es plenamente capaz de imponer el orden y la legalidad, claro que sí, pero lográndolo sin perder nunca el corazón, la compasión, el debido proceso y la solidaridad con el que sufre.
Como ciudadano común, todo el tiempo estoy rodeado de hermanos venezolanos en mi cotidianidad; mi jefe, mis compañeros de trabajo diario y grandes amigos que día tras día luchan con honestidad por el pan de cada día, demostrando un compromiso civil intachable.
Quiero que sepan, con total claridad desde mi propia voz, que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y la moral, ya sean ciudadanos venezolanos, estadounidenses, colombianos, peruanos o de cualquier rincón del mundo, sin distinción de su origen geográfico.
La migración forzada es un fenómeno global complejo que no se detiene con decretos autoritarios ni con discursos incendiarios en tarimas políticas, sino con estrategias de cooperación fronteriza, diálogo humanitario continuo y políticas públicas integrales orientadas a la inclusión productiva real.
Criminalizar la pobreza o la condición de vulnerabilidad de quienes lo perdieron todo es una salida facilista que solo debilita los valores democráticos de las instituciones de Colombia, generando divisiones internas estériles que fragmentan la convivencia pacífica en los barrios populares.
Muchos de estos migrantes han montado pequeños emprendimientos locales, panaderías, talleres y comercios vecinales que dinamizan activamente la economía interna de nuestros municipios, aportando valor, mano de obra calificada y pagando impuestos de manera responsable como cualquier otro residente.
El verdadero liderazgo político debería enfocarse en combatir las mafias transnacionales que controlan los pasos fronterizos ilegales, en vez de perseguir a familias enteras, madres cabeza de hogar y niños inocentes que caminan largas jornadas buscando simplemente un refugio seguro.
A esta problemática humanitaria le agrego con preocupación el discurso importaculista y polarizante que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella respecto a nuestras tradiciones, llegando a menospreciar incluso platos típicos tan sagrados para la cultura popular como lo es el tradicional ajiaco colombiano.
Yo, como un ciudadano más que valora la identidad de su tierra, digo con total firmeza y convicción que con la comida tradicional y el sustento de la identidad popular no se juega, pues representa el tejido social de las familias más vulnerables del país.
Ignorar los símbolos que nos unen como nación mientras se promueve la división frente a los vecinos es una contradicción política alarmante que desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales de desempleo, desigualdad y corrupción que afectan al territorio nacional.
Las políticas migratorias y de seguridad nacional del nuevo gobierno deben enfocarse de manera prioritaria en la regularización, la integración económica activa y el aprovechamiento del talento humano, en lugar de apelar al miedo colectivo para justificar medidas autoritarias e ineficaces a largo plazo.
La verdadera legalidad institucional pierde toda su legitimidad democrática cuando carece de empatía social. Construir un país más seguro y ordenado requiere de leyes firmes que se apliquen con justicia real, pero manteniendo siempre encendida la llama de la humanidad y la dignidad.
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