El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efectos el arresto y la multa impuestos al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al concluir que ya respondió de fondo el derecho de petición presentado por la representante Katherine Miranda sobre actuaciones frente a denuncias de acoso laboral y sexual en RTVC.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sanción de cinco días de arresto y la multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes que habían sido impuestas al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, al determinar que desaparecieron las razones jurídicas que sustentaban el incidente de desacato promovido dentro de una acción de tutela relacionada con las denuncias de presunto acoso laboral y violencia basada en género en el sistema de medios públicos RTVC.
La decisión fue adoptada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que revisó en grado de consulta la providencia emitida el 1 de julio de 2026 por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá. Tras examinar el expediente, la corporación concluyó que el Ministerio del Trabajo ya había dado respuesta al derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda Peña, configurándose una carencia actual de objeto por hecho superado.
Según la providencia, la respuesta entregada por la cartera laboral fue suficiente para satisfacer el derecho fundamental de petición. En consecuencia, el Tribunal consideró que ya no existía incumplimiento que justificara mantener la sanción contra el funcionario.
En uno de los apartes más relevantes del fallo, la Sala sostuvo que la respuesta fue «congruente y suficientemente motivada frente a la totalidad de los aspectos planteados en la petición», razón por la cual desapareció el presupuesto objetivo requerido para imponer un desacato.
Los magistrados señalaron igualmente que, al verificarse el cumplimiento de la orden judicial, no era necesario entrar a estudiar el componente subjetivo relacionado con la conducta del ministro, pues el objeto del incidente había desaparecido.
Como consecuencia, el Tribunal revocó integralmente la decisión del juzgado de primera instancia, ordenó notificar a las partes involucradas y devolver el expediente para las actuaciones administrativas correspondientes.
Una controversia que enfrentó al Ministerio y al Congreso
El origen del proceso judicial se remonta al 24 de marzo de 2026, cuando la representante Katherine Miranda radicó un derecho de petición dirigido al Ministerio del Trabajo solicitando información detallada sobre las actuaciones adelantadas frente a denuncias de acoso laboral y violencia basada en género registradas dentro de RTVC.
La congresista formuló doce preguntas encaminadas a conocer el estado de las investigaciones, las inspecciones adelantadas por la cartera laboral y las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores del sistema público de medios.
Al considerar que la respuesta inicial no resolvía de manera suficiente los interrogantes planteados, Miranda acudió a una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de petición.
El 20 de mayo de 2026, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá le dio la razón a la congresista y ordenó al Ministerio responder integralmente el cuestionario dentro de las 48 horas siguientes.
Posteriormente, al estimar que la orden no había sido cumplida conforme a lo dispuesto, el mismo despacho declaró el desacato y sancionó al ministro Antonio Sanguino con cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión generó amplio impacto político porque también ordenaba remitir la providencia a la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento del arresto del ministro, una medida poco frecuente tratándose de un integrante del gabinete nacional.
Tras conocerse esa decisión, Sanguino anunció que acudiría a los mecanismos judiciales correspondientes para demostrar que el Ministerio sí había dado respuesta al requerimiento dentro del marco constitucional.
En un comunicado citado por diversos medios, el ministro sostuvo que «no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal», argumentando que parte de la información solicitada estaba sometida a restricciones legales y debía tratarse conforme a la normativa vigente.
Medios informaron que el funcionario solicitó revisar de manera integral las respuestas emitidas por la cartera laboral para demostrar que el cumplimiento de la tutela sí se había producido.
El trasfondo de las denuncias en RTVC sigue abierto
Aunque el Tribunal dejó sin efectos la sanción contra el ministro, la decisión no resuelve el fondo de las denuncias que motivaron el derecho de petición.
Las actuaciones del Ministerio del Trabajo están relacionadas con investigaciones administrativas derivadas de denuncias de presunto acoso laboral y violencia basada en género dentro de RTVC, que involucran al gerente del sistema público de medios, Hollman Morris.
El caso adquirió relevancia nacional debido a la existencia de antecedentes públicos. En 2018, Lina Castillo denunció públicamente a Morris, mientras que posteriormente más de cuarenta periodistas firmaron una carta abierta alertando sobre posibles escenarios de revictimización derivados de procesos judiciales posteriores.
A estos antecedentes se sumó en 2024 la denuncia presentada por Silvana Orlandelli, entonces directora de Señal Colombia, quien afirmó haber sido víctima de conductas de acoso cuando Morris ejercía como subgerente del sistema público.
Como consecuencia de estas y otras denuncias registradas en medios de comunicación, el Ministerio del Trabajo desarrolló inspecciones dentro de la estrategia denominada «Inspección para el cambio», con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas laborales y los protocolos frente a situaciones de acoso y violencia basada en género.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no constituye un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de irregularidades en RTVC, sino exclusivamente sobre el cumplimiento del derecho de petición que dio origen a la tutela.
La decisión reafirma un criterio reiterado por la jurisprudencia constitucional: cuando la autoridad cumple la orden impartida durante el trámite del incidente de desacato, puede configurarse un hecho superado que hace innecesaria la imposición o permanencia de sanciones.
