El asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, ha conmocionado a Colombia por la brutalidad del crimen y la desaparición de la bebé que esperaba. El caso reabre el debate sobre la violencia feminicida, la impunidad y la protección estatal.
La muerte de María Camila Potosí se convirtió en uno de los casos criminales que más ha estremecido a Colombia durante 2026. La joven, de apenas 21 años y con un embarazo de ocho meses, desapareció el pasado 16 de julio en Cali y cuatro días después fue hallada sin vida en una zona cercana al río Meléndez, en el sur de la ciudad. Las circunstancias que rodean el homicidio, sumadas al hecho de que la bebé que llevaba en su vientre no fue encontrada durante la necropsia, transformaron el caso en una investigación de máxima prioridad para las autoridades y en un símbolo de la persistente violencia que enfrentan las mujeres en el país.
El cuerpo de María Camila fue localizado en una zona rural, atado de pies y manos, con múltiples heridas ocasionadas por arma blanca y evidentes signos de tortura. El avanzado estado de descomposición complicó las primeras diligencias judiciales, pero los hallazgos forenses revelaron un elemento que conmocionó aún más a la opinión pública: el feto de aproximadamente ocho meses de gestación no estaba en el cuerpo de la víctima.
La noticia fue confirmada a la familia durante el proceso de entrega del cadáver. Su madre, Alba Rubí Gómez, relató el doloroso momento en el que conoció la información. «Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé, pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía», dijo.
La mujer aseguró que la revelación fue devastadora para toda la familia, «esa fue la noticia que me dieron, una noticia impactante. La bebé no estaba. Eso fue lo único que me dijo el fiscal».
Convencida de que la niña podría estar con vida, la madre hizo un llamado público que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios nacionales: «A las personas que tienen a la niña les pido que se pongan la mano en el corazón, que piensen en el dolor que nos están haciendo pasar y la devuelvan».
Lo que investigan has autoridades
Las autoridades mantienen absoluta reserva sobre las hipótesis del caso. La Fiscalía General de la Nación confirmó que existen varias líneas investigativas, pero evitó revelar detalles que puedan afectar el desarrollo de las pesquisas. Tampoco ha informado oficialmente sobre capturas relacionadas con el homicidio.
Uno de los elementos bajo análisis corresponde a las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas durante las horas previas a la desaparición. En ellas se observa a María Camila abordando una motocicleta conducida por otra mujer, quien desde entonces figura entre las personas de interés para los investigadores.
La gravedad de los hechos llevó al alcalde de Cali, Alejandro Eder, a ofrecer inicialmente una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera identificar y capturar a los responsables. Días después, la administración distrital elevó el monto hasta los 200 millones de pesos, convirtiéndose en una de las recompensas más altas ofrecidas recientemente por un caso de violencia contra una mujer.
A través de sus redes sociales, el mandatario fue enfático al afirmar: «En Cali no toleramos la violencia contra las mujeres ni contra la niñez. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los responsables respondan ante la justicia».
La comunidad exige resultados
Mientras avanzan las investigaciones, cientos de ciudadanos salieron a las calles de Cali para exigir resultados. Familiares, vecinos, organizaciones sociales y colectivos feministas realizaron plantones y marchas reclamando justicia para María Camila y la aparición de la bebé Alaya, nombre que sus padres habían escogido antes del nacimiento.
La Personería Distrital de Cali calificó el caso como una muestra alarmante del incremento de las violencias basadas en género. En un comunicado oficial expresó su «profunda preocupación» por la desaparición del neonato y advirtió que el caso evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia para las mujeres.
El organismo recordó que hasta mediados de julio Cali acumulaba 49 homicidios de mujeres durante 2026, entre ellos seis menores de edad y dos casos clasificados judicialmente como feminicidios. Estas cifras, según la entidad, representan una realidad que exige respuestas institucionales más contundentes para proteger la vida de mujeres, niñas y adolescentes.
Aunque la investigación aún no ha establecido si jurídicamente el asesinato de María Camila será catalogado como feminicidio, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres sostienen que el crimen reúne características que ameritan un análisis bajo ese enfoque, especialmente por la extrema violencia ejercida sobre la víctima y el contexto previo a su desaparición.
El caso también reavivó el debate nacional sobre la capacidad del Estado para prevenir este tipo de delitos. Colombia cuenta desde 2015 con la Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como delito autónomo, endureció las penas y estableció obligaciones específicas para las autoridades judiciales y administrativas. Sin embargo, especialistas consideran que los avances normativos no han logrado traducirse en una reducción sostenida de los asesinatos de mujeres.
Las preocupantes cifras
Las cifras continúan siendo preocupantes. Registros de la Fiscalía muestran que durante los últimos años el país ha mantenido una tendencia elevada de feminicidios, mientras organizaciones como el Observatorio de Feminicidios Colombia y la Fundación Justicia para Todas documentan decenas de nuevos casos cada año, muchos de ellos asociados a violencia intrafamiliar, control coercitivo, amenazas previas o incumplimiento de medidas de protección.
Uno de los episodios más recientes ocurrió en Soacha, donde Rosa Mayerly Olaya Coronado fue asesinada mientras trabajaba en un establecimiento comercial. El agresor, quien la acosaba desde hacía varios meses tras ser rechazado sentimentalmente, la atacó con arma blanca en plena jornada laboral.
Semanas antes, en la localidad bogotana de Bosa, Deisy Granados Arboleda y sus dos hijas fueron asesinadas presuntamente por la pareja sentimental de la mujer, pese a que existían denuncias previas por violencia intrafamiliar.
Otro hecho que conmocionó al país ocurrió en una zona rural del Meta, donde tres integrantes de una misma familia fueron asesinadas durante una reunión familiar. Las investigaciones apuntan igualmente a un caso de violencia de género relacionado con una expareja sentimental.
Estos episodios reflejan un patrón ampliamente documentado por organizaciones de derechos humanos: muchas víctimas habían denunciado amenazas, agresiones o acoso antes de ser asesinadas. Sin embargo, las medidas de protección resultaron insuficientes o llegaron demasiado tarde.
Prevenir antes que lamentar
Expertos en violencia basada en género coinciden en que el principal desafío no consiste únicamente en endurecer las penas, sino en fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la articulación entre Fiscalía, Policía, comisarías de familia y autoridades territoriales, así como garantizar atención psicológica, jurídica y económica para mujeres en riesgo.
La impunidad sigue siendo otro de los grandes obstáculos. Diversas organizaciones sociales advierten que una alta proporción de investigaciones por violencia contra las mujeres permanece sin sentencia definitiva, situación que desestimula las denuncias y favorece la repetición de los hechos.
Durante los últimos años el Estado ha impulsado campañas de prevención, rutas integrales de atención y sistemas de alertas tempranas para identificar posibles riesgos. Sin embargo, los resultados aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.
En ese contexto, el asesinato de María Camila Potosí trasciende el impacto de un crimen particularmente cruel. Se convirtió en un recordatorio de que la violencia feminicida continúa siendo una de las expresiones más graves de desigualdad y vulneración de los derechos humanos en Colombia.
Mientras la Fiscalía busca esclarecer quiénes planearon y ejecutaron el homicidio, miles de colombianos esperan respuestas sobre el destino de la bebé Alaya y reclaman que este caso no termine archivado entre las numerosas investigaciones sin resolver.
