Mientras miles de santandereanos dedican su vida al cuidado de un familiar enfermo, con discapacidad o en condición de dependencia, pocas veces alguien se detiene a preguntar quién cuida de ellos. Hoy, en Santander, una iniciativa comienza a responder esa pregunta y nos obliga a reflexionar sobre una deuda histórica con quienes sostienen, en silencio, a miles de familias.
Por: Paola Romero Pineda | Hay labores que reciben un salario, reconocimiento y horarios establecidos. Pero existe otra que no conoce vacaciones, incapacidades ni días de descanso. Es una labor silenciosa, muchas veces invisible, que nace del amor, pero que también implica enormes sacrificios. Es la labor de los cuidadores familiares.
Un cuidador familiar es aquella persona que dedica gran parte de su vida a atender a un hijo, un padre, una madre, un hermano o cualquier ser querido que, por una condición de discapacidad, enfermedad o dependencia, requiere apoyo permanente para realizar actividades básicas de la vida diaria. Son quienes administran medicamentos, acompañan terapias, alimentan, movilizan, trasnochan, consuelan y sostienen emocionalmente a quienes más lo necesitan.
La mayoría nunca recibió una formación para hacerlo. Aprendieron sobre la marcha, enfrentando el miedo de equivocarse y cargando sobre sus hombros una responsabilidad inmensa. Muchos dejaron de estudiar, renunciaron a sus empleos o aplazaron sus propios sueños para dedicar su tiempo al cuidado de alguien más. Y, aun así, pocas veces reciben reconocimiento.
Lo más preocupante es que ni siquiera sabemos cuántos son. En Santander no existe un censo que permita conocer el número real de cuidadores familiares. No hay una cifra oficial que revele cuántas personas dedican su vida al cuidado de un ser querido ni cuáles son sus principales necesidades. Y cuando una población no aparece en las estadísticas, difícilmente ocupa un lugar prioritario en la formulación de políticas públicas.
Es una paradoja dolorosa. Los cuidadores sostienen el bienestar de miles de familias y, en muchos casos, alivian la carga del sistema de salud. Sin embargo, ellos mismos permanecen invisibles. Nadie les pregunta cómo están, quién los releva cuando se enferman o quién los acompaña cuando el agotamiento físico y emocional parece superar sus fuerzas.
Por eso resulta tan importante reconocer las acciones que comienzan a cambiar esa realidad. Porque las transformaciones sociales no siempre empiezan con grandes presupuestos o anuncios espectaculares. Muchas veces nacen cuando un gobierno decide mirar donde antes nadie había mirado.
Eso fue precisamente lo que hizo la Secretaría de Desarrollo Social de Santander, liderada por Marisol Pinzón. Entendiendo que cuidar también requiere preparación, decidió impulsar un programa dirigido exclusivamente a cuidadores familiares, reconociendo su experiencia y brindándoles herramientas para dignificar la labor que durante años han realizado de manera empírica.
Lo que comenzó con nueve cuidadores de la provincia de García Rovira hoy empieza a consolidarse como una estrategia de mayor alcance. Veintidós cuidadores de Málaga ya avanzan hacia su tercer semestre de formación como auxiliares de enfermería, mientras otros veintidós iniciaron recientemente su proceso en Bucaramanga. La Gobernación de Santander ha asumido los costos de matrícula, transporte, alimentación, uniformes, vacunas e implementos, permitiendo que quienes durante años cuidaron de otros puedan, por primera vez, recibir formación profesional sin que la falta de recursos sea una barrera.
Pero el verdadero valor de esta iniciativa no está únicamente en las cifras. Está en las historias que comienzan a escribirse gracias a ella. Una de las estudiantes perdió recientemente a su hijo debido a las complicaciones derivadas de su condición de discapacidad. En medio del duelo, pudo vincularse laboralmente en el hospital de su propio municipio. Encontró una oportunidad de empleo precisamente donde se formó para cuidar. Más que un ingreso económico, esa posibilidad representa un camino para reconstruir su proyecto de vida y recuperar, poco a poco, su salud mental.
Ese caso demuestra que formar cuidadores no solo mejora la atención de las personas con discapacidad. También abre puertas a la inclusión laboral, una deuda histórica con quienes han dedicado años enteros al cuidado sin recibir remuneración alguna.
Y allí aparece uno de los debates más importantes que el país tendrá que afrontar. Cada vez son más frecuentes las decisiones judiciales que ordenan a las EPS garantizar un cuidador familiar para personas en condición de dependencia. La pregunta es inevitable: si quien ha cuidado durante años es un padre, una madre, un hijo o un hermano, ¿por qué no reconocer y remunerar esa labor en lugar de contratar a un tercero?
La respuesta cobra aún más sentido en provincias apartadas como García Rovira. Municipios como Macaravita o Molagavita enfrentan enormes dificultades para conseguir personal que se desplace hasta esas zonas. Muchas veces ningún cuidador externo acepta el trabajo por la distancia o por las limitaciones económicas. En esos casos, la familia ya está allí, conoce las necesidades del paciente y ha demostrado su compromiso. Reconocer ese cuidado también es hacer justicia.
El desafío va mucho más allá de un programa de formación. Se trata de reconocer que los cuidadores familiares también son sujetos de derechos. Hoy miles de ellos trabajan jornadas completas sin salario, sin prestaciones sociales, sin cotización a pensión y, en muchos casos, sin acceso a la seguridad social. Paradójicamente, mientras sostienen la calidad de vida de otra persona, ponen en riesgo la propia.
Por eso el siguiente paso no puede limitarse a graduar más auxiliares de enfermería. Santander necesita construir un censo departamental de cuidadores familiares que permita saber quiénes son, dónde viven y cuáles son sus necesidades. Ese diagnóstico debe convertirse en la base para políticas públicas permanentes que incluyan formación, apoyo psicosocial, oportunidades de respiro, inclusión laboral y mecanismos que reconozcan económicamente el cuidado cuando las circunstancias así lo exijan.
Existe un viejo adagio que dice: «Obras son amores y no buenas razones». En tiempos donde abundan los discursos sobre inclusión, vale la pena destacar cuando una política pública empieza a transformar vidas concretas. Porque gobernar también significa reconocer a quienes durante décadas permanecieron invisibles.
Una sociedad no se mide únicamente por la manera en que protege a quienes son más vulnerables. También se mide por la forma en que trata a quienes dedican su existencia a protegerlos. Los cuidadores familiares han sostenido, muchas veces en silencio y desde el anonimato, una responsabilidad que también le corresponde al Estado y a toda la sociedad.
Ojalá este sea apenas el comienzo. Que la formación se convierta en empleo, que el empleo se traduzca en dignidad y que la dignidad abra la puerta al reconocimiento pleno de sus derechos. Porque cuidar no puede seguir siendo sinónimo de renunciar a la propia vida.
Cuando un cuidador recibe formación, encuentra oportunidades laborales y comienza a ser reconocido por la sociedad, no solo cambia su historia. Cambia también la de la persona que cuida, la de su familia y la de todo un territorio que entiende que el cuidado no es una carga individual, sino una responsabilidad colectiva. Los cuidadores ya demostraron durante años que estaban dispuestos a sostener a los demás. Ahora le corresponde a la sociedad sostenerlos a ellos.
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*Comunicadora Social con énfasis en Periodismo. Directora Comercial de Arley Deportes, presentadora de televisión y eventos, con trayectoria en el desarrollo de proyectos periodísticos, comunicación institucional y fortalecimiento de la imagen corporativa.
