La administración de Cristian Portilla en Bucaramanga enfrenta hoy serios cuestionamientos tras revelarse la contratación de una abogada vinculada a su defensa electoral. Según Fredy Garzón “El Denunciante”, este patrón exacto replica prácticas de gobiernos anteriores, poniendo en entredicho la ética y transparencia administrativa local.
En las entrañas de la Alcaldía de Bucaramanga, un esquema que anteriormente había provocado suspicacias durante la gestión del hoy ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ha vuelto a emerger con una fuerza renovada bajo el mandato de Cristian Portilla. La revelación, sacada a la luz por Fredy Garzón “El Denunciante”, expone una red de intereses donde los recursos públicos parecen cruzarse peligrosamente con las necesidades jurídicas personales del mandatario de turno.
El centro de la controversia gira en torno a un contrato por la suma de $42 millones otorgado a la abogada Lilia Aideé Velasco Abril. Lo que en apariencia podría ser un proceso administrativo rutinario adquiere un matiz sombrío al verificarse que Velasco Abril no es una contratista cualquiera: ella figura como coadyuvante activa en el proceso de nulidad electoral que actualmente cursa en los tribunales y que pone en jaque la permanencia de Portilla en el cargo de alcalde. Este vínculo, documentado en el Acta de Inicio del contrato, sugiere una preocupante coincidencia entre el beneficio económico estatal y la defensa política del gobernante.
Este escenario no es un evento aislado ni una anomalía estadística en la política bumanguesa. De hecho, se trata de la repetición sistemática de una «fórmula» ya probada. Durante el gobierno de Jaime Andrés Beltrán, la administración municipal procedió de manera idéntica al contratar por $35 millones al abogado Carlos Arturo Duarte. Al igual que en el caso actual, Duarte participaba simultáneamente como coadyuvante en el proceso de nulidad electoral que enfrentaba el entonces alcalde.
La conexión política entre ambos mandatarios añade una capa de profundidad a la investigación. Cristian Portilla es ampliamente reconocido como un pupilo del proyecto político de Beltrán, a quien se identifica directamente como su jefe político. Esta sucesión de hechos plantea una pregunta ineludible sobre si estamos ante una estrategia de defensa jurídica financiada indirectamente con el erario público, una herencia de tácticas que priorizan la estabilidad del gobernante sobre la pulcritud ética de la institución.
Las contradicciones en la Casa Amarilla
La gestión de este contrato recayó en manos de Ana María Vargas Sepúlveda, quien en ese momento lideraba la Secretaría Administrativa de la ciudad. Las explicaciones ofrecidas por la funcionaria, lejos de disipar las dudas, han alimentado el fuego de la indignación pública. En una primera instancia, Vargas Sepúlveda admitió ante los medios que desconocía la participación de Velasco Abril como coadyuvante en el proceso de nulidad del alcalde y llegó a considerar que dicha información debió ser comunicada con antelación por la contratista.
Sin embargo, en un giro retórico sorprendente, la funcionaria cambió su postura posteriormente para defender la legalidad del acto. Según su nueva versión, no existe conflicto de interés ni ilegalidad alguna, bajo la premisa de que cualquier ciudadano está facultado por ley para ejercer una coadyuvancia en procesos de interés público. Más aún, justificó la contratación señalando que Velasco Abril es parte integral del proyecto político de Portilla, argumentando que esta afinidad ideológica no es un impedimento para recibir contratos de la administración municipal mientras defiende al alcalde en los estrados judiciales.
El núcleo del escándalo no reside exclusivamente en si se violó una norma técnica de contratación, sino en el profundo abismo ético que este comportamiento representa. Como bien señala la investigación de “El Denunciante”, que algo sea jurídicamente posible no lo convierte automáticamente en ético, prudente o conveniente para el manejo de los recursos de todos los ciudadanos.
La pregunta que la ciudadanía y los entes de control deben formularse es directa: ¿Era estrictamente necesario contratar a la misma persona que se encarga de proteger la cabeza del alcalde en el proceso que busca tumbarlo? En una ciudad con abundantes profesionales del derecho, la elección selectiva de una figura vinculada a su defensa judicial personal levanta sospechas legítimas sobre la transparencia del proceso. La falta de voluntad para buscar un perfil técnico sin conflictos de interés sugiere que la prioridad no era la eficiencia administrativa, sino recompensar o asegurar la lealtad jurídica en un momento de vulnerabilidad política.
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La coadyuvancia como arma de dilación
Existe un elemento técnico-procesal que agrava la situación y que ha sido identificado como una posible táctica de «sabotaje» administrativo. Los procesos de nulidad electoral, vitales para la salud democrática, pueden verse severamente prolongados por la intervención de múltiples coadyuvantes. Sus actuaciones, recursos y peticiones dentro del expediente tienen el efecto práctico de extender los tiempos para que la justicia tome una decisión de fondo.
En este contexto, cuando la administración municipal financia a través de contratos a las mismas personas que están dilatando el proceso de nulidad del mandatario, la «coincidencia» se transforma en un asunto de Estado local que exige explicaciones políticas y administrativas de alto nivel. El hecho de que este patrón se repita, cambiando solo los nombres de los abogados y los montos de los contratos —pero manteniendo la misma estructura de poder—, confirma que la ética pública en Bucaramanga parece estar subordinada a los intereses de permanencia del círculo político gobernante.
Un patrón que desafía a la justicia
La defensa de la Alcaldía insiste en que no hay ilegalidad demostrada ni un propósito deliberado de interferir en la justicia. No obstante, la realidad política es terca. Portilla, al seguir los pasos de su mentor Beltrán, ha validado un comportamiento que ya había sido blanco de críticas en el pasado. La administración municipal le debe a Bucaramanga una respuesta clara sobre por qué, ante la existencia de miles de opciones profesionales, se optó nuevamente por el camino que genera más sombras que luces.
El mensaje enviado a la opinión pública es devastador: la institucionalidad se utiliza como un escudo protector para las batallas personales del gobernante. Mientras el proceso de nulidad avanza lentamente en los tribunales, la abogada coadyuvante factura millones del presupuesto municipal. El patrón ha vuelto, y con él, la sensación de que, en la Alcaldía de Bucaramanga, la historia de los cuestionamientos éticos está condenada a repetirse bajo nuevos nombres, pero con las mismas viejas tácticas de siempre.
