Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con la promesa de firmar 90 decretos desde el primer día, pero el arranque de su Gobierno mostró una realidad más moderada: seis decretos conocidos, centrados principalmente en nombramientos, mientras las grandes reformas anunciadas siguen dependiendo del Congreso.
La primera jornada presidencial de Abelardo de la Espriella dejó una diferencia que puede resultar más importante que la cantidad misma de decretos firmados: entre lo prometido durante la campaña y lo efectivamente expedido el 7 de agosto hay una distancia considerable.
El nuevo mandatario había convertido la figura de los decretos en uno de los símbolos de su propuesta de cambio. Durante la campaña aseguró que tenía preparados más de 90 actos para comenzar a transformar el Estado desde el primer día de Gobierno. Distintos medios registraron que ese paquete incluía asuntos de seguridad, economía, salud, educación, lucha contra las economías ilícitas y reorganización del aparato estatal.
Sin embargo, al cierre de su primera jornada presidencial, el Gobierno reportó seis decretos: los números 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 y 1138, expedidos el 7 de agosto. La cifra contrasta con la expectativa política construida alrededor de los llamados 90 decretos.
La diferencia no significa necesariamente que la promesa haya sido abandonada. El propio planteamiento de campaña terminó siendo presentado en algunos reportes como un paquete para los primeros 100 días y no necesariamente como 90 documentos firmados simultáneamente durante las primeras horas del mandato.
Pero sí deja una primera conclusión política: el Gobierno comenzó mucho más cerca de una transición administrativa que de una revolución normativa.
¿Qué se firmó realmente?
Los seis primeros decretos tienen una característica común: el grueso de la información conocida está relacionado con la organización inicial del Ejecutivo y la formalización de nombramientos.
El Decreto 1134 del 7 de agosto de 2026 oficializó el nombramiento del abogado Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia. Su llegada al cargo ya había sido anunciada durante el periodo de transición. Barreto fue superintendente de Industria y Comercio entre 2018 y 2022 y también tuvo responsabilidades en el sector público y privado.
Su designación no es menor. La Secretaría Jurídica tendrá un papel especialmente relevante en un Gobierno que ha anunciado una intensa producción normativa. La revisión constitucional y legal de decretos, actos administrativos y proyectos de ley será uno de los filtros institucionales fundamentales antes de que las decisiones presidenciales lleguen a convertirse en normas aplicables.
El Decreto 1136 fue el acto utilizado para formalizar el nombramiento de los 18 ministros que integran el gabinete de De La Espriella. El documento fue firmado en el Batallón Pichincha, en Cali, después del discurso de posesión y dentro del esquema institucional con el que el mandatario quiso marcar el comienzo de su administración.
Los otros cuatro decretos —1133, 1135, 1137 y 1138— forman parte de la misma primera tanda normativa, aunque al momento de esta revisión no se encuentra suficientemente indexado en las bases públicas consultadas el texto íntegro de cada uno como para atribuirles, sin riesgo de error, una materia específica.
Ese detalle es importante periodísticamente. La numeración de un decreto no permite deducir su contenido. De hecho, en Colombia existen decretos con numeraciones similares expedidos en años anteriores y sobre materias completamente diferentes. Por ello, atribuir a los decretos 1133, 1135, 1137 y 1138 reformas específicas sin consultar el Diario Oficial sería convertir una hipótesis en información.
Lo que sí puede afirmarse es que la primera tanda no correspondió al paquete de choque que se había instalado en el imaginario electoral.
No apareció, al menos en esos seis primeros actos conocidos, una reforma integral del sistema de salud, una transformación laboral, una reforma tributaria, una reorganización profunda del Estado o una modificación estructural de la política de seguridad. Esas materias, cuando implican modificación de leyes, requieren procedimientos diferentes.
¿Dónde quedaron los 90?
La explicación está parcialmente en la propia evolución de la promesa. En junio, después de resultar elegido, medios nacionales describieron el plan como un conjunto de más de 90 decretos para los primeros 100 días de Gobierno. Entre las medidas anunciadas estaban acciones contra el narcotráfico, fortalecimiento de la Fuerza Pública, construcción de megacárceles, cambios en salud y medidas económicas.
Eso significa que los seis decretos del primer día no necesariamente agotan el compromiso. Pero sí cambian el sentido de la promesa. Una cosa es decir durante la campaña que se gobernará desde el primer día mediante 90 decretos y otra muy distinta es distribuirlos durante los primeros 100 días.
La diferencia puede parecer semántica, pero políticamente no lo es. La expectativa creada fue la de una administración que llegaría con una batería normativa lista para producir un cambio inmediato. El resultado del 7 de agosto fue mucho más administrativo: gabinete, estructura de Gobierno y organización inicial.
Para el profesor universitario y analista político Juvenal Bolívar, esa distancia entre expectativa y realidad debe ser observada con cuidado. “Fue más la expectativa que la realidad. Una cosa es anunciar 90 decretos y otra tener 90 decisiones jurídicamente viables para expedirlas el primer día”, explicó.
Bolívar advierte además que la discusión de fondo no debería concentrarse exclusivamente en el número de decretos, sino en la intención de utilizarlos como mecanismo para sustituir la deliberación legislativa.
“Gobernar a punta de decretos lo hace un emperador y no un presidente. Si el Ejecutivo deja a un lado al Congreso, desconoce los principios básicos de la democracia y concentra demasiado poder en una sola rama”, aclara.
Su advertencia tiene un fundamento constitucional.
Puede decretar, pero no puede legislar a voluntad
El debate jurídico comienza por una precisión: un presidente colombiano sí gobierna mediante decretos. La Constitución le entrega importantes competencias administrativas. El artículo 189 establece, entre otras funciones, que el Presidente es jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa; además, tiene facultades para nombrar ministros y dirigir la Fuerza Pública.
Por eso, nombrar ministros mediante decreto es perfectamente compatible con el orden constitucional. El problema aparece cuando un decreto pretende hacer aquello que la Constitución reservó al Congreso.
El artículo 150 establece expresamente que corresponde al Congreso hacer las leyes, interpretarlas, reformarlas y derogarlas. También le corresponde aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y definir asuntos fundamentales de la estructura estatal.
A eso se suma el artículo 121: ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
Y el artículo 113 establece que las ramas legislativa, ejecutiva y judicial son independientes, aunque deben colaborar armónicamente para cumplir los fines del Estado. La Corte Constitucional ha reiterado que esa separación implica funciones diferenciadas y autonomía entre las ramas.
Por tanto, el decreto no es una vía alternativa para reemplazar permanentemente la ley. El Ejecutivo puede reglamentar las leyes, desarrollar competencias administrativas, organizar aspectos de la administración y expedir determinados decretos con fuerza de ley cuando exista una habilitación constitucional específica.
Pero no puede, por decisión unilateral, convertir cualquier propuesta política en norma con rango legal.
La excepción no es la regla
Existe además un escenario extraordinario: los estados de excepción. La Constitución contempla estados de guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica. En esos casos, el Presidente puede adoptar decretos legislativos bajo condiciones estrictas, límites temporales y controles institucionales.
La Corte Constitucional ha diferenciado precisamente entre los decretos mediante los cuales se declara un estado de excepción y aquellos que desarrollan las medidas destinadas a enfrentar la crisis.
Esto significa que tampoco una situación de emergencia convierte al Presidente en legislador permanente. Los poderes excepcionales están condicionados por la Constitución, tienen requisitos específicos y están sometidos a controles.
Por eso, utilizar la figura del decreto como estrategia general para evitar el debate parlamentario tendría un problema constitucional de fondo.
El Congreso seguirá siendo inevitable
La realidad política también obliga a De La Espriella a mirar hacia el Congreso. El Gobierno puede expedir decretos administrativos, reorganizar entidades dentro de sus competencias, hacer nombramientos y reglamentar leyes. Pero si pretende modificar leyes existentes, crear nuevos tributos, transformar derechos establecidos legalmente, aprobar reformas estructurales o cambiar el régimen jurídico de determinadas instituciones, necesitará al Legislativo.
Incluso la información publicada durante la transición reconocía que reformas como la tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto requieren negociación parlamentaria.
Por eso resulta paradójico que un Gobierno que ha planteado reducir la dependencia del Congreso tenga que comenzar negociando con él buena parte de sus principales promesas.
La derrota de la candidatura oficialista a la Presidencia del Senado, aunque no necesariamente representa una crisis de gobernabilidad, fue una primera señal de que el Congreso conserva capacidad de autonomía frente al Ejecutivo.
El primer Consejo de Seguridad
Después de la posesión y de la firma de los primeros decretos, De La Espriella encabezó en Cali su primer Consejo de Seguridad, reunión que se extendió hasta la madrugada.
El encuentro tuvo carácter reservado y reunió a mandos militares, policiales y autoridades regionales. El eje fue la seguridad, las economías ilícitas y la situación del suroccidente.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, informó que se acordó una estrategia de articulación entre Gobierno Nacional, entidades territoriales y Fuerza Pública para intervenir las zonas más afectadas y fortalecer las capacidades de seguridad.
El contexto explica la prioridad. Cali y el suroccidente colombiano enfrentan una fuerte presión de estructuras armadas y economías ilegales. En su discurso ante la tropa, De La Espriella reiteró su intención de combatir el narcotráfico, la delincuencia y las estructuras armadas ilegales.
En materia de seguridad, además, el Presidente tiene un margen de acción considerable por sus competencias constitucionales como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Pero incluso allí los decretos no son ilimitados. Las operaciones militares, las políticas públicas y la reorganización administrativa deben someterse a la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales y los controles judiciales.
El verdadero examen apenas comienza
Los seis decretos del primer día no permiten concluir que De La Espriella haya abandonado su promesa de los 90. Pero sí permiten establecer que la dimensión del cambio anunciado durante la campaña no se materializó de inmediato en forma de 90 normas.
El Gobierno comenzó con seis decretos conocidos y con un Consejo de Seguridad. Ahora vendrá la prueba verdaderamente importante: determinar cuántos de los 90 decretos anunciados llegarán efectivamente a la firma, qué materias abordarán y, sobre todo, qué naturaleza jurídica tendrán.
Si son decretos administrativos dentro de las competencias presidenciales, forman parte normal del ejercicio del Ejecutivo. Si desarrollan leyes existentes, deberán respetar el marco legal que pretenden reglamentar. Si pretenden modificar asuntos reservados al Congreso, enfrentarán límites constitucionales. Y si se pretende utilizar mecanismos excepcionales para legislar, estarán sometidos a los controles propios de esos instrumentos.
El punto, entonces, no es si De La Espriella puede gobernar mediante decretos. Sí puede y debe hacerlo dentro de las competencias que le reconoce la Constitución. La pregunta democrática es otra: ¿hasta dónde pretende llegar con ellos?
Porque el problema no son los decretos en sí mismos. El problema aparecería si el decreto se convierte en una herramienta para evitar sistemáticamente el debate legislativo.
Ahí adquiere sentido la advertencia de Juvenal Bolívar: “gobernar a punta de decretos lo hace un emperador y no un presidente”.
En una democracia presidencial como la colombiana, el mandatario tiene poder, pero no tiene todo el poder. El Congreso legisla, las cortes controlan, los órganos de control vigilan y los ciudadanos ejercen soberanía.
El primer día de De La Espriella mostró seis decretos, no 90. Ahora falta saber si los 84 restantes serán verdaderas decisiones de Gobierno o si aquella promesa de campaña terminará convertida en una de las primeras grandes diferencias entre el discurso electoral y el ejercicio real del poder.
