Una denuncia penal que sigue su curso, un informe de la Contraloría General de Santander con diez hallazgos administrativos y millonarias inconsistencias contables obligan a reabrir una pregunta incómoda para Piedecuesta: ¿qué tan confiable ha sido realmente la información financiera con la que se administra el municipio.
Por: Oscar Humberto Cote Cote | Lo que comenzó como un cuestionamiento derivado del análisis de documentos oficiales del Municipio de Piedecuesta hoy encuentra un nuevo y preocupante sustento en el Informe final auditoría financiera de gestión y resultados No. 0006, emitido el 15 de mayo de 2026 por la Contraloría General de Santander. Aunque el organismo de control no concluye que exista una doble contabilidad, sí documenta hallazgos que comprometen seriamente la confiabilidad de la información financiera del municipio y obligan a formular una pregunta que la administración ya no puede seguir eludiendo: ¿es plenamente confiable la información contable con la que se han administrado los recursos públicos de Piedecuesta?
Hace aproximadamente un año advertí que existían diferencias entre las cifras consignadas en distintos documentos oficiales del municipio. El análisis del Plan de Desarrollo, la información financiera utilizada para respaldar operaciones de crédito y otros documentos presupuestales permitía cuestionar que la administración no siempre presentaba una misma realidad financiera en diferentes escenarios. Aquellas observaciones dieron origen a una denuncia penal que hoy es investigada por la Fiscalía General de la Nación bajo la tipificación de falsedad ideológica en documento público.
En ese momento muchos calificaron esas advertencias como simples interpretaciones. Sin embargo, el informe de la Contraloría cambia el escenario del debate. Ya no se trata únicamente del análisis de un ciudadano, sino de las conclusiones del máximo órgano de control fiscal del departamento, con acceso directo detallado la información contable, financiera y contractual del municipio.
El hallazgo más preocupante corresponde a $5.195.093.695 en consignaciones bancarias pendientes de identificar y registrar contablemente. Es decir, recursos que habían ingresado a cuentas bancarias del municipio sin haber sido reconocidos oportunamente en la contabilidad oficial. Según la Contraloría, esta situación impedía su adecuada incorporación presupuestal y afectaba la disponibilidad de recursos para atender las necesidades del municipio.
A ello se suma otro hallazgo igualmente delicado: la existencia de $3.668.534.198,52 en saldos bancarios sin depurar, situación que impedía que la información contable reflejara adecuadamente la realidad económica de la entidad.
Estos hallazgos no constituyen, por sí solos, una prueba de doble contabilidad. Esa conclusión corresponde a las autoridades competentes. Pero sí representan una seria alerta sobre la calidad de la información financiera y fortalecen la necesidad de esclarecer las inconsistencias que desde hace meses vienen siendo objeto de cuestionamiento.
El informe, además, no se limita a esos dos hallazgos. La Contraloría General de Santander formuló diez hallazgos administrativos que evidencian deficiencias en distintos frentes de la gestión pública.
En materia contractual encontró inconsistencias en la información publicada en la plataforma SIA Observa, donde varios expedientes carecían de documentos correspondientes a varios procesos contractuales. También evidenció ausencia de actas de inicio en algunos contratos, situación que dificulta establecer con precisión el comienzo de la ejecución contractual y afecta la trazabilidad de los recursos públicos. A ello se suman debilidades en la supervisión, falencias en la gestión documental y deficiencias en la estructuración de algunos procesos contractuales.
Otro de los hallazgos recae sobre la Sociedad de Economía Mixta del municipio. La Contraloría cuestionó la planeación de este proyecto cuya ejecución terminó inmovilizando recursos públicos sin que existieran las condiciones necesarias para su seguimiento. Cada uno de estos hallazgos merece atención; observados en conjunto, dibujan un panorama que exige respuestas institucionales claras dejando entrever un posible panorama de negligencia administrativa o posibles indicios de corrupción.
Lo verdaderamente preocupante es el contraste entre estos hallazgos y el discurso que durante los últimos años ha sostenido la administración municipal. Con frecuencia se ha afirmado que Piedecuesta carece de recursos suficientes para ejecutar obras estratégicas, fortalecer la seguridad ciudadana o atender necesidades prioritarias de inversión. Sin embargo, mientras ese mensaje se repetía, el órgano de control identificaba consignaciones pendientes de registro por más de $5.195 millones, saldos bancarios sin depurar por $3.668 millones y otras debilidades que afectan la confiabilidad de la información financiera.
Los ciudadanos tienen derecho a preguntar si existe alguna relación entre estos hallazgos y el reiterado argumento de la escasez de recursos. También tienen derecho a saber por qué buena parte de las obras que hoy exhibe la administración han sido financiadas con recursos del Gobierno Nacional, de la Gobernación de Santander o mediante créditos que empezarán a pagar los piedecuestanos a partir de 2028. El crédito público es una herramienta legítima, pero precisamente por ello exige una administración financiera transparente, rigurosa y plenamente confiable.
La administración municipal no debería responder este debate con comunicados políticos ni con descalificaciones personales. Debe responder con documentos. Debe explicar por qué existían consignaciones pendientes de registrar, por qué permanecían saldos bancarios sin depurar, por qué la Contraloría encontró deficiencias en SIA Observa, ausencia de actas de inicio, debilidades en la supervisión contractual y observaciones sobre la Sociedad de Economía Mixta. Sobre todo, debe informar qué acciones correctivas ha implementado para evitar que estas situaciones se repitan.
Las auditorías no existen para llenar archivos ni para cumplir formalidades. Existen para advertir a la ciudadanía cuando el manejo de los recursos públicos presenta debilidades que deben corregirse. El Informe final auditoría financiera de gestión y resultados No. 0006 no puede convertirse en un documento olvidado. Debe ser objeto de debate público, de control político y de explicaciones transparentes.
La investigación penal continuará su curso y corresponderá a la Fiscalía establecer si existieron responsabilidades individuales. Pero el control ciudadano no puede esperar una sentencia judicial. Los piedecuestanos tienen derecho a conocer cómo se administran sus recursos y a exigir que las cifras oficiales reflejen, sin dudas ni inconsistencias, la verdadera situación financiera del municipio.
Mientras esas respuestas no lleguen, el fantasma de una posible doble contabilidad seguirá proyectándose sobre Piedecuesta. No porque alguien lo afirme como una verdad, sino porque un informe oficial de la Contraloría General de Santander ha puesto sobre la mesa interrogantes que la administración tiene el deber de responder. En una democracia, cuando están en juego la confianza pública y el patrimonio de todos, el silencio nunca puede ser la respuesta.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
