Colombia inicia un nuevo ciclo político con desafíos que trascienden la discusión entre Gobierno y oposición. La salud, la seguridad, la vivienda, la infraestructura y la confianza empresarial exigen menos retórica y más capacidad de ejecución. El próximo Gobierno no puede dedicar cuatro años a explicar la herencia recibida: deberá diagnosticarla, corregirla y gobernar.
Por: Ismael Enrique Ibáñez Peñuela | En salud, la prioridad debe ser recuperar la sostenibilidad financiera y garantizar que el ciudadano vuelva a ser el centro del sistema. La discusión ya no puede reducirse a si se aprueba o no una determinada reforma. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó que, con corte a diciembre de 2025, 232 instituciones acumulaban una cartera cercana a 25,7 billones de pesos, 7% más que seis meses antes. Más preocupante aún: el 58% de esa cartera se encontraba en mora. Las diez EPS intervenidas o bajo vigilancia especial concentraban deudas por más de 12,6 billones de pesos. Estas cifras muestran un problema de liquidez que amenaza la operación de clínicas y hospitales y, finalmente, la oportunidad de la atención.
El reto del nuevo Gobierno será construir una salida que combine sostenibilidad, vigilancia, flujo oportuno de recursos y calidad. La salud es un derecho fundamental y no puede convertirse en un campo permanente de experimentación ideológica. Reformar será necesario donde el sistema lo requiera, pero cualquier transformación deberá demostrar que mejora el acceso, protege al paciente y garantiza que quienes prestan los servicios reciban oportunamente los recursos.
El segundo gran desafío es la seguridad. Colombia enfrenta nuevamente disputas territoriales, desplazamientos y nuevas formas de violencia. La tecnología, además, modificó la manera de hacer la guerra. La Defensoría del Pueblo registra 394 ataques con drones cargados con explosivos entre abril de 2024 y diciembre de 2025; 275 ocurrieron solamente durante 2025. En el Catatumbo, entre enero y diciembre de ese año, 105.203 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por hechos asociados a la crisis de esa subregión. No estamos frente a una amenaza hipotética.
La guerra cambió y el Estado debe cambiar con ella. Una Fuerza Pública que enfrenta amenazas del siglo XXI no puede depender exclusivamente de capacidades concebidas para conflictos del siglo XX. Colombia necesita inteligencia, tecnología antidrones, movilidad, presencia territorial, fortalecimiento de las capacidades operacionales y, al mismo tiempo, una política social capaz de recuperar los territorios donde la ausencia institucional facilita el crecimiento de las economías ilegales. Seguridad y desarrollo no son conceptos antagónicos: se necesitan mutuamente.
El tercer reto está en la vivienda y la construcción, uno de los grandes multiplicadores de la economía. Los datos del primer semestre de 2026 son una señal de alerta. Camacol reportó la venta de 78.423 viviendas nuevas entre enero y junio, 9,9% menos que en el mismo periodo de 2025. Los lanzamientos disminuyeron 15,8% y las iniciaciones de obra cayeron 19,6%. El DANE, por su parte, informó que mientras el PIB nacional creció 2,2% en el primer trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción cayó 5,4% y las edificaciones retrocedieron 8,2%.
Hablar de construcción no es hablar únicamente de cemento y ladrillos. Es hablar de empleo, industria, ferreterías, transporte, crédito, patrimonio familiar y desarrollo urbano. Por eso el país necesita recuperar una política de vivienda estable, predecible y financiable, fortalecer los instrumentos de acceso al crédito y articular al Gobierno, al Fondo Nacional del Ahorro, al sistema financiero, a las cajas de compensación y a los constructores. Tener vivienda propia debe volver a ser una aspiración posible para la clase trabajadora y la clase media.
También será determinante recuperar la confianza de las pequeñas y medianas empresas. Para un empresario, la seguridad no es una estadística abstracta: es la posibilidad de abrir su establecimiento, transportar mercancías, invertir, contratar trabajadores y crecer sin que la extorsión, el hurto o la violencia se conviertan en un costo adicional de hacer empresa. La política de seguridad urbana debe entender que proteger al comerciante y al emprendedor también es proteger el empleo.
A ello se suma la infraestructura. Colombia necesita carreteras que correspondan al costo que ciudadanos y empresas pagan por utilizarlas. El debate sobre los peajes no puede limitarse a cuánto se cobra; debe preguntarse qué recibe el usuario a cambio. Las concesiones deben medirse por resultados: mantenimiento, seguridad vial, disponibilidad de los corredores, reducción de tiempos logísticos y cumplimiento contractual. Una economía que quiere competir internacionalmente no puede normalizar vías deterioradas, obras interminables o corredores estratégicos con mantenimiento insuficiente.
El próximo Gobierno, por tanto, tendrá que recuperar algo que en Colombia suele perderse entre reformas, discursos y polarización: la capacidad de ejecutar. Los ciudadanos no evalúan al Estado por la cantidad de anuncios que produce sino por los resultados que perciben. Un hospital que funciona, una carretera transitable, una vivienda que una familia puede comprar, una empresa que puede operar con seguridad y una Fuerza Pública con capacidades suficientes dicen más sobre un Gobierno que cualquier confrontación política.
Colombia necesita pasar de la política de las explicaciones a la política de los resultados. La seguridad es condición para la inversión; la infraestructura, condición para la competitividad; la vivienda, motor de empleo y patrimonio; la empresa, generadora de oportunidades; y la salud, antes que una disputa ideológica, un derecho fundamental. El nuevo Gobierno recibirá problemas enormes, pero también una oportunidad histórica: devolverle al Estado capacidad de ejecución y a los colombianos confianza en sus instituciones. Gobernar no consiste en administrar culpables. Gobernar es producir resultados.
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*PhD. En administración y dirección de empresas, Mg. En dirección y Administración de empresas, Esp. En Gerencia Empresarial, Administrador de Empresas y CEO MP El Porvenir IG SAS.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Fuentes estadísticas consultadas
- Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Estudio de cartera hospitalaria No. 55, corte diciembre de 2025, publicado en abril de 2026.
- Defensoría del Pueblo. Información sobre la crisis del Catatumbo y ataques con drones, cifras 2024-2025.
- DANE. Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción, primer trimestre de 2026, publicado el 9 de junio de 2026.
- Camacol. Coordenada Urbana, Tablas de Coyuntura – Unidades, corte junio de 2026.
