Hay una pregunta que las democracias modernas deberían hacerse con mayor frecuencia: ¿quién decide de qué hablamos? No porque detrás de cada noticia exista necesariamente una conspiración, sino porque mientras millones de ciudadanos concentran su atención sobre un acontecimiento, el poder político, económico y legislativo continúa funcionando.
Por: Alexander Angulo Ordóñez | Los medios cumplen una tarea indispensable. Informan, denuncian, fiscalizan y permiten que hechos que de otra manera permanecerían ocultos lleguen a la opinión pública. Pero también poseen un poder extraordinario: administrar nuestra atención. Elegir qué ocupa una portada, cuántas horas permanece una noticia al aire y qué asunto termina relegado a unos cuantos segundos.
Por eso mi pregunta no es qué ocurre cuando los medios informan. Mi pregunta es: ¿qué pasa cuando los medios se ocupan?
Mientras Colombia miraba el terremoto
Colombia acaba de ofrecernos un escenario extraordinario para plantearla. El 10 de agosto de 2026, apenas tres días después de la posesión del nuevo Gobierno, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó al país. Hubo muertos, heridos, desaparecidos, viviendas destruidas y centenares de municipios afectados. Era, naturalmente, una noticia que merecía una cobertura extraordinaria.
Sería irresponsable afirmar, sin evidencia científica, que semejante fenómeno natural fue provocado para distraer a la población. Las hipótesis pueden circular por las redes sociales, pero una columna responsable debe distinguir entre una sospecha y un hecho demostrado.
El verdadero interrogante está en otra parte. Mientras Colombia miraba el terremoto, ¿qué estaba ocurriendo en el poder?
Las decisiones que siguieron avanzando
El 11 de agosto, cuando las imágenes de destrucción monopolizaban comprensiblemente buena parte de la conversación nacional, las comisiones económicas del Congreso aprobaron devolver al Gobierno el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que ascendía a 575,7 billones de pesos.
No se trataba de un trámite menor. El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sostuvo que existía una inconsistencia entre el marco fiscal y el presupuesto heredado, y señaló un desajuste cercano a 19,7 billones de pesos en sectores como salud, pensiones y subsidios de energía y gas. El Gobierno anunció además recortes del gasto.
Mientras el país buscaba sobrevivientes bajo los escombros, se estaba discutiendo cómo gastar más de medio cuatrillón de pesos de los colombianos durante el año siguiente.
Un día después ocurrió otra decisión fundamental. El 12 de agosto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella había autorizado operaciones militares conjuntas entre Colombia y Estados Unidos en territorio colombiano para enfrentar estructuras vinculadas al narcotráfico y al denominado narcoterrorismo.
Colombia también se incorporó a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas. Independientemente de que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo, hablamos de una decisión que toca directamente la soberanía, la defensa nacional y la relación militar con Estados Unidos.
Pero había más. El mismo 10 de agosto, día del terremoto, el Gobierno anunció el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un cambio considerable en política exterior. Durante esos días avanzó un viraje diplomático hacia una relación más estrecha con Estados Unidos e Israel.
Mientras tanto, el Congreso tampoco estaba paralizado. El 12 de agosto eligió al nuevo Contralor General de la República para el periodo 2026-2030, funcionario encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos. Al día siguiente se instaló la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, responsable del control político sobre una de las áreas más sensibles del Estado.
Durante esa misma semana avanzó además una iniciativa para transformar al Caribe colombiano en una Región Entidad Territorial, con personería jurídica, patrimonio propio y mayor autonomía. Es decir, mientras la emergencia dominaba las pantallas, se discutían simultáneamente dinero público, control fiscal, inteligencia, soberanía, política exterior, seguridad y organización territorial.
Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿cuántos colombianos conocieron estas decisiones con el mismo nivel de detalle con que conocieron la magnitud del terremoto?
No porque el terremoto no debiera informarse. Debía hacerse, y extensamente. El problema aparece cuando un acontecimiento extraordinario consume casi toda la capacidad de atención colectiva.
Cuando la atención cambia de dirección
Esto no ocurre únicamente en Colombia. Cuando incendios forestales devoran miles de hectáreas en la Patagonia argentina, correctamente los medios transmiten durante horas las llamas, los animales afectados y el drama de las comunidades. Pero simultáneamente continúan funcionando el Congreso, el Poder Ejecutivo, los organismos ambientales y las decisiones económicas.
La regla democrática debería ser sencilla: cuando todos están mirando hacia un lado, el periodismo tiene la obligación de mantener algunos ojos mirando hacia el otro.
El nuevo poder de la inteligencia artificial
Y ahora existe un problema aún más complejo: la inteligencia artificial. Argentina ha mostrado recientemente el caso de “Lucía Libertaria”, un personaje digital construido mediante inteligencia artificial que habla sobre política y economía. La pregunta democrática es inevitable: ¿quién está detrás?
Durante décadas preguntábamos quién era propietario de un periódico, una radio o un canal. Después comenzamos a preguntar quién financiaba los portales digitales. Ahora tendremos que preguntarnos quién controla a una persona que vemos, escuchamos y seguimos, pero que físicamente ni siquiera existe.
Eso transforma el concepto mismo de poder mediático. Los grandes intereses económicos ya no necesitan necesariamente controlar un gigantesco canal de televisión. Pueden existir redes de pequeñas cuentas, portales, influenciadores y personajes digitales aparentemente independientes capaces de dirigir audiencias diferentes hacia determinados temas.
Mirar hacia donde nadie mira
Por eso tampoco creo que la respuesta sea entregar al Gobierno el poder de decidir qué pueden o no publicar los medios. Eso podría convertirse rápidamente en censura.
La respuesta democrática debe ser transparencia: saber quién es propietario de los medios, quién financia determinadas campañas comunicacionales, qué intereses económicos existen detrás de ellos y cuándo una persona que pretende influir políticamente ha sido creada artificialmente.
Porque el poder contemporáneo no consiste únicamente en conseguir que una sociedad no vea algo. También consiste en lograr que mire intensamente otra cosa.
Cuando tiembla la tierra debemos conocer la tragedia. Cuando arde un bosque debemos exigir respuestas. Cuando ocurre una masacre debemos conocer a las víctimas. Pero después debemos formular una segunda pregunta: mientras todos estábamos mirando aquello, ¿qué estaba haciendo el poder?
Quizás esa sea una de las preguntas periodísticas más importantes de nuestro tiempo. Una democracia no necesita solamente periodistas capaces de contar lo que sucede frente a nuestros ojos. Necesita también periodistas dispuestos a investigar lo que sucede mientras nuestros ojos están ocupados.
Y por eso vuelvo al principio: ¿qué pasa cuando los medios se ocupan?
Tal vez la respuesta esté precisamente en descubrir de qué dejamos de ocuparnos nosotros mientras ellos lo hacen.
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*Político, agrónomo, asesor de proyectos y sociólogo en formación.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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Fuentes consultadas
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Informe de Situación 1: Colombia – Terremoto agosto 2026, 10 de agosto de 2026.
Senado de la República de Colombia. Información institucional sobre el trámite y ajustes al Presupuesto General de la Nación 2027.
El País, 12 de agosto de 2026. Estados Unidos anuncia que Colombia autoriza operativos militares conjuntos en su territorio.
El País, 15-16 de agosto de 2026. Análisis de las decisiones de política exterior del nuevo Gobierno durante la crisis del terremoto.
Senado de la República de Colombia. Elección del Contralor General; Comisión Legal de Seguimiento a Inteligencia y Contrainteligencia; iniciativa de Región Entidad Territorial del Caribe.
