Desde mi propio ejercicio como docente, a lo largo de mis más de veinte años como educador y formador, y a partir de las profundas reflexiones que han brotado de los constantes encuentros y desencuentros con mi profesión, he llegado a una conclusión ineludible que la historia política y social de nuestra nación confirma con dolorosa terquedad: en Colombia, quien controla el currículo, anhela controlar el futuro.
Por: Libardo Riaño Castro | Como historiador, comunicador social, docente e investigador de nuestras dinámicas educativas, he visto cómo las aulas han sido, una y otra vez, el campo de batalla de las hegemonías de turno. Hoy, frente al proyecto de reforma al Decreto 1075 de 2015, el fantasma de la instrumentalización de la educación pública vuelve a asomarse, esta vez camuflado bajo el seductor discurso de la eficiencia administrativa y la modernización institucional.
Para comprender la magnitud de lo que está en juego, es imperativo alejarnos del ruido ensordecedor que han provocados los medios de comunicación que atizan la llama de la profunda polarización política y social que vivimos actualmente los colombianos; una diatriba política desgastante que subyace entre el sector tradicional, esa hegemonía de derecha, centro derecha y derecha extrema que hoy recobra fuerzas bajo el paraguas del nuevo gobierno del señor Aberlaro de la Espriella y los sectores progresistas y de izquierda, encarnados visiblemente en el sindicalismo magisterial.
Ambos extremos, son prisioneros de sus propios dogmas, han secuestrado el debate educativo, reduciéndolo a una pugna de poder que olvida por completo al sujeto central del acto pedagógico: los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra golpeada nación.
Desde mi posición como demócrata de centro, alejado tanto de la privatización salvaje como del inmovilismo radical, considero que es mi deber ético e intelectual encender las alarmas. El debate sobre la reforma al Decreto Único Reglamentario del Sector Educación (1075 de 2015) se ha centrado mediáticamente en aspectos operativos, pero oculta un peligro de proporciones históricas: la entrada de operadores económicos y confesionales, a la administración directa de las escuelas y colegios públicos, disfrazados de «apoyadores» o gestores de calidad.
La diatriba política: Un falso dilema entre dos extremos
El debate actual nos quiere obligar a elegir entre dos opciones falaces. Por un lado, la izquierda y los sindicatos docentes asumen una postura reactiva, casi petrificada, donde cualquier intento de reforma, evaluación o alianza se lee mecánicamente como un ataque al Estatuto Docente y una «privatización» encubierta.
Su resistencia, aunque históricamente comprensible en un país que ha precarizado la labor docente, a menudo termina protegiendo la ineficiencia institucional, negándose a debatir cómo integrar verdaderamente las TIC, la inteligencia artificial y las nuevas metodologías activas en aulas que siguen ancladas en el siglo XX.
Por otro lado, la derecha y los sectores hegemónicos pro-gobierno esgrimen un discurso gerencialista. Hablan de «eficiencia», «libertad de elección», y «colegios en concesión». Argumentan, con cifras en mano, que el Estado es un pésimo administrador y que la tercerización es la única vía para elevar los índices de calidad. Sin embargo, detrás de este pragmatismo económico se esconde una agenda mucho más oscura. Al abrirle la puerta de la escuela pública a grandes operadores privados y a entidades religiosas bajo el esquema de concesiones o tercerización administrativa, el Estado no solo está delegando la gestión financiera; está entregando las llaves del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Es aquí donde radica la verdadera ideologización. A lo largo de la historia de Colombia, desde la radical reforma instruccionista de 1870 hasta el Concordato de 1887 que entregó el monopolio educativo a la Iglesia, hemos visto cómo las facciones políticas usan la escuela para moldear ciudadanos sumisos a su ideología. Hoy, los operadores económicos y religiosos podrían entrar a ser los verdaderos “ideologizadores”, y “adoctrinadores” camuflándose entre las buenas intenciones de la «gestión eficiente».
El atentado contra el Estado Laico
Cualquier intento de ceder la administración y el control curricular de la educación pública a entidades de corte confesional o a grupos económicos con agendas morales específicas, es un atentado directo y flagrante contra el Estado laico. La Constitución Política de Colombia de 1991 rompió con más de un siglo de hegemonía confesional. Nuestro marco constitucional es claro en establecer un Estado pluralista, respetuoso de la diversidad y estrictamente neutral en materia religiosa.
El Artículo 19 de la Constitución consagra que “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”. A partir de este artículo, la Corte Constitucional ha decantado el principio de laicidad del Estado colombiano. Esto significa que el Estado no puede promover, financiar ni privilegiar ninguna confesión religiosa, ni permitir que la función pública, y la educación oficial que es, por excelencia, un servicio público supremo, sea permeada por cualquier tipo de adoctrinamiento independientemente del bando político que provenga.
Permitir que mediante la reforma al Decreto 1075 se flexibilicen las figuras contractuales para que iglesias u operadores religiosos asuman la dirección de colegios construidos y financiados con los impuestos de todos los colombianos, es un retroceso imperdonable. El aula pública es un espacio sagrado, pero sagrado para la ciencia, el libre desarrollo de la personalidad y el pensamiento crítico. Introducir operadores confesionales bajo la excusa de que «mejoran la disciplina» o «cuidadores de los valores tradicionales» es abrir un caballo de Troya que destruirá la pluralidad que con tanto esfuerzo hemos construido los educadores en estas últimas décadas.
Los fines de la educación y el mandato constitucional
Como magíster en educación, insisto en que el norte teleológico de nuestro sistema ya está trazado, y no necesitamos que operadores económicos vengan a reinterpretarlo para lucrarse. El Artículo 67 de nuestra Carta Magna es un faro ineludible: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
Aún más importante, la Constitución detalla que la educación formará al colombiano “en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.
Note el lector, que la Constitución exige formar para la democracia y la paz, no para la militancia partidista ni para la obediencia dogmática. Si entregamos las escuelas a operadores privados cuyo fin último es el retorno de inversión o la expansión de su feligresía, estamos traicionando el pacto social de 1991. El peligro de parcializar el sistema educativo colombiano radica en que los PEI dejarán de responder a los contextos comunitarios para convertirse en franquicias estandarizadas.
En este esquema privatizador, el estudiante deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en un cliente, o peor aún, en una cifra de rentabilidad. La educación se transforma en un activo económico, un botín financiero donde la calidad se mide exclusivamente a través de pruebas estandarizadas que aseguran la continuidad de los contratos, olvidando por completo el desarrollo humano integral, las artes, la filosofía y el pensamiento divergente.
La escuela como plataforma de la ciudadanía
Para contrarrestar esta amenaza, debemos recuperar y defender la esencia de nuestras instituciones. Como acertadamente se expuso en el reciente VI Congreso de Educación y Desarrollo Económico (cuyas memorias fueron recogidas de manera brillante por la Revista Colegio), debemos reivindicar «La escuela como plataforma de ciudadanía».
Desde mi labor diaria como educador, confirmo todos los días que la escuela es el primer y más importante laboratorio democrático que experimenta un individuo. La democracia requiere preparar a las nuevas generaciones para el ejercicio de una ciudadanía autónoma. Esto implica dotar a los jóvenes de las herramientas intelectuales para cuestionar su realidad, para dudar de las verdades absolutas y para tomar decisiones fundamentadas en la razón y la evidencia.
La escuela no puede ser una fábrica de operarios dóciles diseñados para encajar sin quejas en el engranaje del mercado laboral, como pretenden algunos sectores de la extrema derecha pro capitalistas. Tampoco puede ser un centro de adoctrinamiento donde se repitan consignas vacías, como a veces idealizan ciertas facciones radicales de izquierda y el socialismo. La verdadera función de la escuela, como argumentaba el filósofo Santiago Kovadloff en el citado congreso, es fortalecer la relación entre el conocimiento y la vida cívica, con el fin de «democratizar el conocimiento generando ciudadanía».
El aprendizaje debe ser crítico y autónomo. Como especialista en TIC educativas, sostengo que la verdadera modernización que necesita Colombia no es cambiar la figura jurídica de quién administra la nómina de los docentes. La urgencia radica en cómo integramos la alfabetización digital, cómo enseñamos a nuestros jóvenes a navegar en un mundo saturado de desinformación, y cómo utilizamos la tecnología para cerrar brechas de desigualdad, sin perder de vista que el centro del proceso es profundamente humano.
La tecnología, el acceso a la ciencia y la preparación para la autonomía económica son vitales. Como mencionaba el Ministro de Educación de Uruguay, Pablo da Silveira, no existen democracias sólidas sin ciudadanos económicamente autónomos. Es válido y necesario que la escuela prepare para el mundo productivo y el emprendimiento, pero esa preparación debe estar mediada por la ética, la equidad y la responsabilidad social, no por la lógica voraz de la mercantilización de los derechos fundamentales, es en este punto, en donde el Capitalismo y el Socialismo deben fundirse, y es donde se hace imperativo articularlos.
La educación no es un activo financiero
En definitiva, la reforma al Decreto 1075 de 2015 no puede aprobarse de espaldas a la academia, a los docentes y a las familias colombianas. Debemos descorrer el velo de la «eficiencia administrativa» para mirar con lupa quiénes serán los verdaderos beneficiarios de estas modificaciones.
Si el nuevo gobierno avanza en su intención de flexibilizar el sistema para permitir que la educación pública se convierta en un activo económico, un negocio rentable para operadores privados y un púlpito para corporaciones religiosas, estaremos firmando el acta de defunción de la educación pública democrática, laica y plural.
Hago un llamado a la sensatez, a los sectores de centro, a la academia libre y a los educadores de vocación. Nuestro deber es proteger el Proyecto Educativo Institucional de los extremismos. No podemos permitir que nuestras aulas se conviertan en el botín de guerra de esta diatriba política, ni que el presupuesto educativo engrose las arcas de operadores camuflados de benefactores.
El aula pertenece a los estudiantes, a la búsqueda de la verdad, al desarrollo de la ciencia y a la construcción de la paz. Defender la naturaleza pública, laica y ciudadana de nuestras escuelas es, hoy por hoy, la batalla más importante que debemos librar por el futuro de Colombia. Desde las aulas y los pasillos escolares de todos los rincones y lugares de nuestra geografía, donde se vive la realidad diaria de nuestro país, les aseguro que nuestros jóvenes tienen sed de conocimientos libres de doctrinas, sed de oportunidades reales que reivindiquen que la educación es el mejor vehículo para el desarrollo personal, profesional y para la nación, no de dogmas rentables. No los traicionemos.
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*Magíster en Educación, historiador y comunicador social
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Instagram:@libarrc
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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Referencias:
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Artículo 19 (Garantía de la libertad de cultos e igualdad de las confesiones ante la ley) y Artículo 67 (Naturaleza, función social y fines supremos de la educación). Bogotá, Colombia.
Corte Constitucional de Colombia. (1994). Sentencia C-350 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. (Jurisprudencia fundacional sobre el principio de laicidad y la separación entre las confesiones religiosas y el Estado colombiano).
Revista COLEGIO. (2024). Edición 113: 25 Aniversario (1999-2024). Reseña del VI Congreso de Educación & Desarrollo Económico: «La escuela como plataforma de ciudadanía». Incluye las intervenciones analíticas de Pablo da Silveira (Ministro de Educación de Uruguay) y Santiago Kovadloff (filósofo y ensayista) sobre el propósito cívico, democrático y autónomo de la educación.
