El fenómeno del Niño ha vuelto a imponer su ley en la geografía colombiana con una contundencia desgarradora.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez | Ver las montañas de Santander envueltos en columnas de humo denso, con laderas enteras reducidas a ceniza negra, dejó de ser una postal distante de los informativos para transformarse en un drama humano que se respira en el aire picante de nuestros municipios.
La recurrencia de estas conflagraciones sobre nuestras coberturas vegetales no es un simple capricho de la naturaleza ni un inevitable tributo a la temporada seca; es el síntoma doloroso de una falla estructural en la gestión ambiental y del riesgo que reacciona con valentía cuando la llama está encendida, pero que carece de rigor técnico para intervenir las causas que originan el desastre.
La crisis trasciende con frecuencia la pérdida de biodiversidad o la erosión de la capa vegetal, aspectos de por sí graves que tardan décadas en recuperarse.
Esta emergencia tiene una dimensión socioeconómica inmediata que golpea de manera directa el bienestar y la estabilidad de los hogares. Cuando la sequía se prolonga y los focos de fuego arrasan con las pasturas y las zonas de reserva hídrica, el desastre no se queda confinado en la montaña. El fuego camina ladera abajo y altera la dinámica económica del territorio.
Existe una relación causal directa entre la chispa que consume la cobertura vegetal en provincias como Soto Norte, García Rovira o Guanentá y el costo de vida que enfrentan las familias en los centros urbanos y rurales.
La destrucción del suelo productivo interrumpe los ciclos de cosecha y la oferta de alimentos básicos. Al reducirse la disponibilidad de pastos y secarse los nacederos que alimentan a las microcuencas, la producción agrícola y pecuaria experimenta una contracción inmediata.
El impacto nacional se refleja con claridad en los balances del sector agropecuario, donde los estragos del fenómeno del Niño y las conflagraciones han generado pérdidas que superan los $75.327 millones, afectando a miles de pequeños y medianos productores.
Registros dramáticos en departamentos como La Guajira con más de 3.000 animales muertos, medio millón de hectáreas afectadas y más de 10.000 bovinos desplazados por desabastecimiento hídrico y forrajero evidencian la magnitud del colapso productivo.
En la geografía andina de Santander, caracterizada por una estructura predial fragmentada y un relieve quebrado, la alteración de la oferta agropecuaria incrementa los costos de producción y comercialización.
Para las familias de ingresos medios y bajos, esto se traduce en una pérdida directa del poder adquisitivo en la canasta básica, sumada a la presión sobre las tarifas de servicios públicos cuando los niveles hídricos reducen la generación energética y el suministro de agua potable.
Detrás de la proliferación de incendios forestales existe una dinámica antrópica arraigada: la utilización de quemas como mecanismo informal para la preparación de terrenos y la ampliación de la frontera agrícola. Esta práctica, concebida bajo una lógica de bajo costo inmediato, representa en realidad una degradación técnica irreversible del recurso suelo.
En las pendientes de la topografía santandereana, la aplicación del fuego sobre biomasa seca durante periodos de déficit hídrico extremo destruye la estructura física y biológica del suelo. El calor extremo calcina la materia orgánica, elimina la microbiota responsable del ciclaje de nutrientes y reduce la capacidad de infiltración.
Al quedar el suelo expuesto y compactado, pierde su función de esponja reguladora de agua, lo que acelera los procesos de erosión laminar y genera susceptibilidad a remociones en masa durante la posterior transición a la época de lluvias. La expansión de la frontera agrícola mediante el fuego no genera desarrollo productivo; esteriliza la matriz natural que sostiene la soberanía alimentaria.
Cuando las conflagraciones se activan, la capacidad operativa de respuesta de los cuerpos de socorro bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Ponalsar y brigadas territoriales es innegable. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión integral del riesgo de desastres, la efectividad operativa en el control del fuego no debe confundirse con el éxito de la política ambiental.
La concentración de recursos y discursos institucionales exclusivamente en la fase de respuesta operativa evidencia un desequilibrio en el ciclo de la gestión del riesgo. La atención del desastre es una acción reactiva frente a una falla previa en la prevención y la fiscalización.
Si las autoridades ambientales y los entes territoriales limitan su intervención a la extinción del fuego, dejando sin control las dinámicas de uso del suelo y la impunidad en las actividades de quema no autorizadas, el territorio permanece expuesto a un ciclo de vulnerabilidad recurrente.
El fortalecimiento de la gestión del riesgo exige reorientar el enfoque de la producción científica nacional sobre incendios forestales. Un análisis de la literatura académica en el país revela un predominio de estudios de carácter descriptivo o cienciométrico orientados a la cuantificación de publicaciones y análisis bibliométricos que, si bien aportan contexto, no generan herramientas de decisión técnica en el territorio.
La investigación en gestión ambiental y variabilidad climática requiere migrar hacia un enfoque aplicado que responda a las variables bioclimáticas específicas de la región. La gestión técnica del territorio demanda, por ejemplo, modelación de combustible vegetal y riesgo bioclimático, así mismo un mapeo de alta resolución para determinar la acumulación de biomasa, la humedad del combustible y los corredores de viento que condicionan la velocidad de propagación del fuego.
De igual manera se hace necesario que se diseñen Protocolos técnicos de investigación de causas que busquen el fortalecimiento del peritaje posterior a los incendios para diferenciar variables naturales de intervenciones antrópicas intencionales o negligentes, garantizando el sustento técnico en los procesos sancionatorios.
La recurrencia de los incendios forestales durante el fenómeno del Niño no puede seguir abordándose como una fatalidad climática frente a la cual la única respuesta sea la contención del fuego.
La protección de las coberturas vegetales, las fuentes hídricas y los suelos de Santander exige un ejercicio riguroso de autoridad ambiental, ordenamiento técnico del territorio y responsabilidad en las prácticas productivas. Apagar la llama es un deber operativo ineludible; garantizar la estabilidad técnica y ecológica del territorio es la verdadera prueba de la gestión ambiental.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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