Colombia no necesita otro catálogo de promesas. El nuevo Plan debe recuperar la salud, rescatar la infraestructura educativa, conectar a las regiones abandonadas y restablecer la disciplina fiscal.
Por: Ismael Enrique Ibáñez Peñuela | El país no puede seguir confundiendo planeación con acumulación de promesas. Gobernar es priorizar y la primera prioridad debe ser la recuperación del sistema de salud.
El nuevo Gobierno tiene ante sí una de las tareas más complejas de las últimas décadas: formular un Plan Nacional de Desarrollo que responda simultáneamente a la crisis social, al deterioro de la infraestructura y al estrecho margen fiscal de la Nación.
No será suficiente reunir cientos de iniciativas bajo títulos atractivos. Colombia necesita una hoja de ruta ejecutable, financiada y verificable. Cada meta deberá señalar cuánto cuesta, de dónde saldrán los recursos, qué entidad responderá por su cumplimiento y qué resultados deberán alcanzarse en 2030.
Recuperar la salud antes de reformarla nuevamente
Colombia alcanzó una cobertura de afiliación al sistema de salud del 98,42 % al cierre de 2025. Sin embargo, estar afiliado no significa necesariamente recibir una cita oportuna, encontrar un medicamento o acceder a un especialista. Esa contradicción resume el problema: tenemos cobertura casi universal en el papel, pero enormes barreras en la atención efectiva.
La crisis se manifiesta en hospitales con problemas de liquidez, EPS intervenidas o liquidadas, demoras en tratamientos, insuficiencia de especialistas y pacientes obligados a recurrir a tutelas. Entre 1994 y 2024 fueron autorizadas 157 EPS; 130 fueron liquidadas o entraron en proceso de liquidación y apenas 27 permanecían activas, además de dos entidades adaptadas.
Aunque el presupuesto administrado por la ADRES aumentó de $100,4 billones en 2025 a $114,8 billones en 2026, el incremento de recursos no resuelve por sí mismo los problemas de oportunidad, eficiencia y transparencia. La discusión no puede reducirse a determinar si falta dinero; también debe establecerse cómo circula, cuánto tarda en llegar a clínicas y hospitales y qué resultados produce.
El Plan 2026-2030 debería garantizar, como mínimo, un piso anual equivalente en términos reales a los $114,8 billones de 2026. Esto representaría un esfuerzo no inferior a $459 billones durante cuatro años, expresados en pesos constantes de 2026. No se trata de gastar por gastar, sino de proteger el valor real de los recursos y orientarlos hacia resultados comprobables.
La recuperación debe apoyarse en cinco decisiones: auditoría integral e independiente de las deudas del sistema; pago oportuno a hospitales y proveedores; fortalecimiento de la atención primaria; garantía efectiva de medicamentos y tratamientos; y un régimen de información pública que permita seguir cada peso desde la ADRES hasta el prestador final.
Las zonas rurales requieren una estrategia diferencial. La Guajira, Chocó, Vichada, Guainía, Vaupés y la Amazonía no pueden depender exclusivamente de modelos diseñados para las grandes ciudades. Allí se necesitan puestos de salud resolutivos, transporte sanitario, telemedicina, incentivos para médicos y especialistas y equipos permanentes de atención extramural.
Una emergencia silenciosa en la infraestructura educativa
La segunda prioridad debe ser la educación. Colombia suele debatir sobre calidad, cobertura y gratuidad, pero miles de estudiantes reciben clases en instalaciones deterioradas, sin agua potable, baterías sanitarias adecuadas, conectividad, ventilación, laboratorios o espacios deportivos.
El propio Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ha estimado en aproximadamente $50 billones el déficit de infraestructura de los colegios de preescolar, básica y media. Frente a esta necesidad, el CONPES 4181 estableció una programación de $13,1 billones hasta 2036. Es un avance, pero el monto representa apenas una parte del déficit calculado y su ejecución se encuentra distribuida a lo largo de una década.
El nuevo plan debería acelerar esa programación y comprometer al menos $20 billones entre 2027 y 2030 para construcción, ampliación, mantenimiento, dotación, agua potable, energía y conectividad. La asignación debe apoyarse en un inventario nacional, público y georreferenciado de las condiciones de cada sede educativa.
En materia de acceso también persisten brechas. El indicador nacional de cobertura de la educación formal fue de 93,3% en 2024, mientras que la cobertura bruta en educación superior llegó a 57,53%. Solamente el 45,9% de los bachilleres transitó inmediatamente hacia la educación superior y en las zonas rurales la proporción fue del 30%.
Estas cifras muestran que el reto no termina al matricular a un niño. Hay que garantizar que permanezca, aprenda, termine el bachillerato y pueda continuar en la universidad, en el SENA o en una formación técnica pertinente. La alimentación escolar, el transporte rural, la conectividad, la formación docente y la articulación entre educación media y superior deben formar parte de una política integral de permanencia.
Vías para integrar las dos Colombias
El tercer gran desafío es la infraestructura vial. Colombia cuenta con aproximadamente 206.000 kilómetros de carreteras: 18.323 kilómetros pertenecen a la red primaria, 45.137 a la secundaria y 142.484 a la terciaria. Es decir, cerca del 69% de la red corresponde a vías terciarias, precisamente aquellas de las que dependen los campesinos para sacar sus productos, los niños para llegar a la escuela y las comunidades para acceder a los servicios de salud.
Las concesiones 5G contemplaron inicialmente inversiones de capital cercanas a $11,65 billones. El próximo plan debe asegurar la terminación de los proyectos en ejecución, resolver obstáculos prediales y ambientales y estructurar nuevos corredores que conecten centros productivos, puertos y territorios históricamente aislados.
Pero Colombia no puede concentrar todos sus recursos en dobles calzadas y grandes concesiones. Las vías terciarias necesitan una política de Estado, con mantenimiento periódico, inventarios actualizados, financiación plurianual y participación de comunidades y entidades territoriales. Una carretera rural abandonada pocos meses después de su intervención representa dinero público perdido.
La Guajira y Chocó son dos ejemplos dolorosos de la deuda territorial. Mientras unas regiones avanzan con autopistas, dobles calzadas y modernos corredores logísticos, otras continúan dependiendo de vías destapadas, trayectos incompletos y carreteras que se vuelven intransitables durante la temporada de lluvias.
No es coincidencia que Chocó, con una pobreza monetaria del 65,3%, y La Guajira, con el 60,2%, fueran en 2025 los dos departamentos con mayor incidencia de pobreza del país. La falta de carreteras no es la única causa, pero sí profundiza el aislamiento, encarece los alimentos, limita el turismo, reduce la competitividad y dificulta el acceso a derechos fundamentales.
El nuevo plan debe establecer un capítulo especial para departamentos históricamente rezagados como La Guajira, Chocó, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y Putumayo. La equidad territorial no consiste en repartir pequeñas obras entre todos, sino en invertir más donde la brecha es mayor.
El plan debe caber en las cuentas nacionales
Todos estos propósitos chocan con una realidad: la Nación enfrenta un profundo desequilibrio fiscal. Para 2026, el Presupuesto General de la Nación ascendió a $546,9 billones. De ese monto, $358,1 billones -el 65,5 %- correspondieron a funcionamiento; $100,4 billones al servicio de la deuda y apenas $88,4 billones -el 16,1 %- a inversión.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectó para 2026 un déficit del Gobierno Nacional Central cercano al 5,3% del PIB. La deuda neta rondaría el 59% del PIB, aunque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que podría acercarse al 61%. Esto significa que el nuevo Gobierno tendrá menos espacio para financiar sus prioridades y deberá pagar mayores intereses por decisiones fiscales acumuladas.
Por eso, antes de proponer más impuestos, el Estado debe demostrar que está dispuesto a reducir sus gastos innecesarios. La austeridad no puede limitarse a apagar luces, restringir fotocopias o disminuir el consumo de café. Debe tocar la estructura del gasto.
El Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar la eliminación de entidades y funciones duplicadas, la reducción de cargos burocráticos que no cumplen labores misionales, el control de contratos de prestación de servicios, la limitación de viajes y eventos, la revisión de esquemas de seguridad y vehículos oficiales, y la disminución de la publicidad destinada a exaltar la imagen de los gobernantes.
También se requiere evaluar los subsidios que no llegan a la población vulnerable, combatir la evasión, recuperar cartera pública y cerrar filtraciones por corrupción. Cada peso ahorrado en burocracia debe convertirse en un peso para hospitales, colegios, acueductos o carreteras.
Agua, productividad y seguridad territorial
A estas prioridades debe sumarse un componente transversal de agua potable y saneamiento básico. No es coherente hablar de recuperación de la salud o infraestructura educativa mientras comunidades enteras y numerosos colegios carecen de agua segura.
El nuevo plan también debe fortalecer la productividad regional. Las vías, la educación y la conectividad digital tienen que articularse con agricultura, turismo, industria, transición energética y generación de empleo formal. El desarrollo no puede medirse únicamente por cuánto gasta el Gobierno, sino por cuántas oportunidades sostenibles crea.
Finalmente, ninguna política social será plenamente efectiva en territorios dominados por grupos armados, economías ilegales o extorsión. La seguridad debe entenderse como una condición para el desarrollo: presencia integral del Estado, justicia, protección de líderes, control territorial y oportunidades económicas legales.
Un plan con menos promesas y más resultados
El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 será creíble si reconoce la situación que recibe y establece prioridades realistas. Recuperar la salud, rescatar los colegios, conectar las regiones y ordenar las finanzas públicas no son objetivos independientes. Forman parte de una misma obligación: devolverle capacidad al Estado para resolver los problemas cotidianos de la gente.
Colombia no necesita un plan diseñado únicamente desde los escritorios de Bogotá. Necesita una hoja de ruta construida con los territorios, que mire hacia La Guajira, Chocó y los departamentos que durante décadas han aparecido en los discursos, pero no en la distribución efectiva de las oportunidades.
El verdadero éxito del próximo plan no se medirá por el número de páginas aprobadas en el Congreso ni por la cantidad de programas anunciados. Se medirá en pacientes atendidos oportunamente, medicamentos entregados, colegios dignos, jóvenes que continúan sus estudios, kilómetros de vías transitables y recursos públicos utilizados con responsabilidad.
El país no puede financiarlo todo al mismo tiempo. Precisamente por eso debe escoger bien. Gobernar es priorizar, ejecutar y rendir cuentas.
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*PhD. En administración y dirección de empresas, Mg. En dirección y Administración de empresas, Esp. En Gerencia Empresarial, Administrador de Empresas y CEO MP El Porvenir IG SAS.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Fuentes consultadas
- Ministerio de Salud y Protección Social. Comportamiento del aseguramiento: cobertura de afiliación al cierre de 2025. Consultar fuente
- Ministerio de Salud y Protección Social. Información institucional sobre EPS autorizadas, liquidadas y activas. Consultar fuente
- ADRES. Presupuesto para la salud en 2026: incremento a $114,8 billones. Consultar fuente
- Ministerio de Educación Nacional. Estimación del déficit de infraestructura educativa. Consultar fuente
- Ministerio de Educación Nacional. CONPES 4181 y programación de inversión en espacios educativos hasta 2036. Consultar fuente
- DANE. Boletín técnico de Educación Formal 2024. Consultar fuente
- Ministerio de Educación Nacional. Plan Estratégico Institucional 2026: matrícula, cobertura y tránsito a la educación superior. Consultar fuente
- Ministerio de Transporte. Distribución de la red vial primaria, secundaria y terciaria. Consultar fuente
- Agencia Nacional de Infraestructura. Programa de concesiones viales 5G. Consultar fuente
- DANE. Pobreza monetaria departamental 2025. Consultar fuente
- Ministerio de Hacienda. Presupuesto General de la Nación 2026. Consultar fuente
- Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Seguimiento y análisis fiscal de 2026. Consultar fuente
*Nota editorial: Las proyecciones de inversión propuestas en el artículo corresponden a recomendaciones del autor construidas sobre cifras oficiales disponibles a septiembre de 2026.
