Las democracias del siglo XXI no caen con tanques: se desarman a punta de leyes válidas. El voto sobrevive, la rendición de cuentas no. Protegerlas obliga a repararlas con método, no a embalsamarlas.
Por: Édgar Mauricio Ferez Santander | Todavía imaginamos el final de una democracia como una escena de película. Tanques en la plaza, un general leyendo un comunicado, la señal de televisión interrumpida. Esa imagen es hoy una pieza de museo. Cuando una democracia se descompone en el siglo XXI, casi nunca hay tanques. Hay una ley aprobada en tercer debate. Hay un nombramiento hecho dentro del plazo. Hay una reforma que pasó todos los controles y que ningún abogado podría tumbar.
Por eso la pregunta incómoda no es quién quiere acabar con la democracia. Es otra: por qué las instituciones que inventamos para protegerla terminan tan seguido poniéndole el pie.
Todo el diseño institucional moderno nació de un miedo concreto: el hombre fuerte. Contra él levantamos separación de poderes, cortes con dientes, mayorías calificadas, órganos autónomos, períodos que no coinciden. Cada pieza, por separado, es una conquista que costó sangre.
El problema es que el freno no distingue. La misma maquinaria que impide el abuso impide también el gobierno de todos los días. Entre más actores puedan decir «no», menos cosas pasan. Y lo que el ciudadano ve no es prudencia constitucional: ve un país donde nada se mueve, donde una reforma tarda seis años y termina desfigurada.
Ahí aparece el cobrador. El candidato que promete saltarse el trámite no es un intruso en el sistema. Es la respuesta más lógica a un sistema que dejó de producir resultados visibles. No llega a pesar de los contrapesos. Llega gracias a ellos.
Un jurista alemán exiliado, Karl Loewenstein, escribió en 1937 una frase que todavía duele: una democracia ingenua se suicida con sus propias garantías. Quien quiere desmontarla no necesita violar la ley. Le basta con usarla.
Ochenta y nueve años después esa es la técnica estándar, y se reconoce fácil. Se amplía el número de magistrados con una ley perfectamente válida. Se copan los órganos de control aprovechando el calendario de vencimientos. Se reforma la Constitución respetando cada paso del procedimiento.
Revise cada movimiento por separado y no encontrará delito. Súmelos y el régimen es otro. Es un fraude que no deja huellas porque no hay nada que ocultar: todo está publicado en el diario oficial.
Hay un reflejo muy nuestro: si el Congreso no resuelve un conflicto, se lo mandamos al juez. Funciona un tiempo, y después cobra caro.
El tribunal gasta su autoridad decidiendo asuntos que nadie le encargó. Al decidirlos, se convierte en jugador del partido que debía arbitrar. Y desde el momento en que es jugador, atacarlo deja de ser un escándalo institucional y pasa a ser táctica ordinaria de campaña. La corte que resuelve todo es la corte que muy pronto no va a poder resolver nada, porque nadie le creerá que está por encima de la pelea.
Después vino la otra sustracción, más silenciosa. Bancos centrales blindados. Reglas fiscales. Agencias técnicas independientes. Tratados con cláusulas que amarran al que venga. Cada una con su buena razón: proteger decisiones serias del vaivén electoral.
El resultado acumulado es que casi todo lo que determina si a una familia le alcanza el sueldo quedó fuera del alcance de la papeleta. Usted vota, gana su candidato, y la tasa de interés, el techo de gasto y las condiciones del contrato de la concesión siguen exactamente dónde estaban.
A eso se le llama posdemocracia y es más fácil de explicar sin la palabra: conservamos el derecho a elegir y perdimos el poder de decidir. Visto así, la gente que no vota no es apática. Está leyendo bien el negocio. Y la antipolítica no es un brote de irracionalidad: es la factura de haber vaciado el voto de consecuencias.
Queda un actor que suele salir en la foto como víctima y que rara vez lo es del todo: los partidos. Son ellos los que deciden a quién le dan aval, con quién se alían, a quién le entregan una curul en una coalición de conveniencia.
El filtro existe. El problema es que opera con el horizonte corto de una elección. Pactar con el extremo da votos el domingo y cuesta régimen en diez años. Y el cálculo casi siempre premia el domingo.
La zancadilla, otra vez, no vino de afuera.
Nada de esto es abstracto aquí. La Constitución del 91 es de una generosidad enorme en derechos y en contrapesos. Se montó, sin embargo, sobre un presidencialismo fuerte y sobre un Estado con músculo desigual: sólido en algunos escritorios de Bogotá, casi inexistente a tres horas de cualquier capital departamental.
De ahí sale una brecha permanente entre lo que el orden promete y lo que alcanza a entregar. Esa brecha es el combustible de todo lo demás, y cada gobierno la recibe un poco más ancha de como la encontró el anterior.
Conviene bajarle al tono apocalíptico, porque el apocalipsis también hace daño. Las democracias viejas rara vez se mueren: envejecen. Sobreviven por costumbre, por inercia, porque no aparece nada mejor. Y existe un termómetro simple y honesto: hay democracia mientras los partidos pierdan elecciones y acepten que las perdieron. Con esa vara, muchos países que se narran como agonizantes siguen respirando.
Hay además una trampa en el propio discurso del fin. Anunciar el colapso sirve para justificar medidas de emergencia que desgastan justo aquello que decían salvar.
Lo que pasa no es que la democracia se acabe. Es que se desacopla. La forma electoral queda intacta —urnas, jurados, escrutinios, discursos de victoria— mientras se le vacía por dentro el contenido de control. Lo que se muere no es el voto. Es lo que debería ocurrir entre un voto y el siguiente.
Y eso deja abierta la única pregunta que importa. Si el desgaste viene del propio diseño, defender las instituciones no puede ser repetir su elogio en los aniversarios ni blindarlas contra toda revisión. Hay que abrir el campo: mirar dónde el contrapeso se volvió parálisis, dónde la autonomía técnica se volvió sustracción, dónde la garantía se volvió puerta de entrada. Una democracia no se protege embalsamándola. Se protege reparándola. Esa discusión apenas está empezando, y va a ser mucho menos cómoda que la nostalgia.
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*Historiador, Magíster de la Universidad de Murcia y Candidato a doctor en estudios migratorios Universidad de Granada-España.
